Ciudad de México / Anayeli García Martínez (Cimac) .- La diputada federal por Morena, Beatriz Rojas Martínez, expuso que trabaja en una iniciativa para reformar la Ley General de Víctimas en favor de las niñas y niños que quedan en orfandad por el asesinato de sus madres.
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La legisladora expuso que es necesario garantizar presupuesto a las instituciones que atienden a la niñez para garantizar que las y los menores de edad que quedan en orfandad no sigan siendo víctimas de violencia y se desarrollen en ambientes sanos.
En entrevista, quien fue reelecta este 2021, explicó que el Estado debe garantizar la educación, alimentación y desarrollo de estas niñas y niños. “Tenemos que ver de qué manera las instituciones que tenemos pueden hacerse cargo de estos pequeños y eso requiere de presupuesto”, dijo.
Cabe recordar que en 2017 Cimacnoticias documentó en una investigación, la falta de políticas públicas para reconocer y atender a niñas y niños en orfandad por feminicidio, lo cual se refleja en las escasas cifras y poca información sobre la atención para las hijas e hijos de mujeres asesinadas, quienes quedan a la deriva y son invisibles para el Estado.
Desde entonces se han propuesto iniciativas, en ambas Cámaras, para la atención de la niñez en esta situación, incluso el 4 de febrero de 2021 el Gobierno federal publicó el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio que establece la obligación de coordinación entre las autoridades federales, locales y municipales para atender a la infancia en esta situación.
La diputada Rojas Martínez aseguró que trabaja en la redacción de esta iniciativa de reforma y una vez que esté lista y se presente en la Cámara de Diputados planea organizar foros para que las instituciones involucradas en la protección de la infancia revisen la propuesta legislativa.
En diciembre de 2021 la Cámara de Diputados aprobó una reforma a Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que las autoridades federales, estatales y municipales adopten, de manera inmediata, medidas de protección especial para la infancia que se encuentra en orfandad, incluida aquella que están en esta condición por el feminicidio de sus madres.
Ese dictamen se sumó a la reforma a Ley General de Víctimas, aprobada en diciembre de 2020 en San Lázaro, para garantizar que niñas y niños en orfandad por el feminicidio de sus madres, o el homicidio de sus padres, tengan acceso a salud, educación, atención psicológica y accedan a los fondos de ayuda para víctimas. Aunque a más de un año de esta reforma, los cambios a dicha Ley aún no son avalados en el Senado para entrar en vigor.
Además, en diciembre de 2018 en el Senado, la legisladora del PAN, Josefina Vázquez Mota, propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer programas, acciones y medidas especiales para esta población; y en septiembre de 2021 la también panista, Guadalupe Saldaña Cisneros, propuso reformar el Código Civil Federal y la Ley de Asistencia Social para crear el Programa Nacional de Orfandad y el Registro Nacional de Orfandad.
No a los vientres de alquiler
En diciembre de 2021 la legisladora morenista presentó un proyecto para reformar diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y de la Ley General de Salud para tipificar como delito la gestación subrogada, alquiler de vientres o úteros sustitutos.
La propuesta de la también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, la cual está en análisis en las comisiones de Justicia y de Salud, indica que estas prácticas se sancionarán con una pena de 15 a 25 años de prisión, y de 2 mil a 30 mil días multa cuando se realicen con fines de trata de personas.
“En el tema de vientres de alquiler no estoy de acuerdo; a mí me parece que es trata de personas y estoy haciendo (propuestas) modificaciones a la ley de trata para que sea sancionado porque cada vez se está dando más el vientre de alquiler sin que la mujer tenga una garantía, pero además atenta contra los Derechos Humanos”, dijo Beatriz rojas.
Hay mujeres militantes de Morena que se oponen a los vientres de alquiler por considerar que es una forma de ver los cuerpos de las mujeres como mercancía. Así lo expuso en entrevista la secretaria de Mujeres del partido, Carol Arriaga García, quien señaló que incidirán en los congresos federal y local para evitar que se reconozcan esta práctica como un derecho.
“Vamos a incidir para que no haya vientres de alquiler, estamos total y absolutamente en contra de que se nos trate como mercancías. El cuerpo de las mujeres no es una mercancía. Somos sujetas de derechos y como lo hemos dicho: nuestro cuerpo es un espacio político”. dijo. La propuesta de la diputada Beatriz Rojas está pendiente de dictamen.
