Se recupera el derecho de las menores de 16 y 17 años de interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus progenitores
Avanza en el derecho a la salud menstrual y en la educación sexual para prevenir las violencias machistas
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Madrid, España (AmecoPress).- El Consejo de Ministros y Ministras aprobó esta semana la reforma de la ley del aborto que, en palabras de Irene Montero, ministra de Igualdad, “es una ley para garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y puedan desarrollar sus proyectos de vida con total garantía de sus derechos”.
La norma, que es una ley orgánica por la que se modifica la 2/2010 vigente, no sólo recupera el derecho de las menores de 16 y 17 años de interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus progenitores, sino que también avanza en el derecho a la salud menstrual y en la educación sexual para prevenir las violencias machistas.
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“Este gobierno de coalición pone al Estado cerca de las familias, de las mujeres, ayudando a resolver problemas”, ha dicho Montero en rueda de prensa. La ministra ha dado las gracias a los ministerios implicados, al presidente Pedro Sánchez y al movimiento feminista. Además, ha realizado una mención especial a la primera ministra de Igualdad de España, Bibiana Aído: “Reconocemos la valentía e inteligencia de Bibiana Aído y el presidente Zapatero. Podemos hacer esta ampliación de derechos gracias a los pilares sólidos que se construyeron en 2010”. Con esta ley de salud sexual, ha insistido la titular de Igualdad, “España se sitúa al frente de las políticas europeas en el avance de los derechos sexuales, reproductivos y menstruales de las mujeres”. Desde Igualdad insisten: el objetivo de la reforma es acabar con los obstáculos que las mujeres siguen encontrando para acceder al aborto y ampliar derechos aún no reconocidos en otros ámbitos.
Sin “permiso”
La nueva norma permitirá a las chicas de 16 y 17 años interrumpir su embarazo sin permiso de sus padres, madres o tutores legales. Este fue el artículo de la ley de plazos aprobada en 2010 por el ejecutivo de Zapatero que el gobierno de Rajoy suprimió.
Abortos en la sanidad pública
El Gobierno también pretende cambiar el modelo predominante hasta ahora, al querer garantizar que el aborto se realice en un centro sanitario público y, excepcionalmente, en una clínica privada acreditada. Además, para evitar que las mujeres se vean afectadas por la objeción de conciencia individual, el texto propone la regulación de la objeción de conciencia de los y las profesionales y la creación de un registro de objetores en cada comunidad autónoma. El texto recoge también una baja por interrupción de embarazo.
Permiso desde la semana 39 de embarazo
La nueva norma incluye un permiso preparto remunerado a partir de la semana 39, frente a los borradores iniciales que fijaban este permiso a partir de la semana 36. Esto no resta tiempo al permiso de maternidad. También se ampliará el acompañamiento en el parto “de una forma respetada”.
Bajas por reglas incapacitantes
El texto aprobado en el Consejo de Ministros y Ministras reconoce el derecho a la salud menstrual. Se garantizan las bajas por reglas dolorosas, que asumirá el Estado sin límite de días. Los centros educativos habrán de garantizar productos para la menstruación cuando sea necesario. También tendrán acceso gratuito a los productos para la menstruación las mujeres en riesgo de exclusión, además de las mujeres en las prisiones.
Se mantiene el IVA a las compresas
Finalmente, aunque un primer borrador incluía la reducción del IVA a los productos de higiene menstrual del 10% actual al 4%, esto ha quedado fuera. La medida es una promesa electoral y está incluida en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.
El anteproyecto también garantiza la financiación pública de los anticonceptivos hormonales, de la píldora del día después y la distribución gratuita en institutos vinculada a campañas de educación sexual.
Los vientres de alquiler, una forma de violencia
Además, la normativa recoge como una forma de violencia contra las mujeres los vientres de alquiler. La norma prohibirá la publicidad de las agencias intermediarias, aunque los tribunales no podrán perseguir a las parejas que recurran al extranjero para acceder a esta práctica, “ilegal en España”, como ha recordado la ministra de Igualdad.
