Reabrir el caso para subsanar errores e irregularidades y descritos por los abogados de la familia durante 2 décadas.
Ciudad de México / (CIAMC).- La investigación de la muerte de la abogada y defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa y Plácido, ocurrida el 19 de octubre de 2001, no tomó en cuenta la forma en que se encontró el cuerpo, las heridas que tenía, el botón roto en su blusa, las contradicciones sobre el trayecto de la bala, la diferencia entre el número de matrícula del arma encontrada en la escena y la matrícula del arma analizada, además del mensaje escrito que se encontró en el lugar, entre otros elementos.
Esta fue parte de la exposición de la abogada y perita en criminalística, Ángela María Buitrago Ruíz, quien este martes 27 de abril compareció en la segunda audiencia virtual que celebró la Corte interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para revisar el caso Digna Ochoa, quien según la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se suicidó de tres disparos “porque padecía trastornos mentales”.
Después de escuchar la exposición de la experta, la representación del Estado mexicano, encabezada por el asesor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, reconoció la responsabilidad del Estado en la falta de una debida investigación e informó que propondrá a la familia reabrir el caso para subsanar los errores e irregularidades detallados en la audiencia y descritos por los abogados de la familia durante casi 20 años. Además adelantó que propondrá un plan de investigación y agotará las líneas de investigación relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos.
La muerte de Digna Ochoa
El 19 de octubre de 2001 fue encontrada sin vida Digna Ochoa y Plácido, en su despacho ubicado en la calle de Zacatecas 31, colonia Roma, en la capital mexicana. La investigación a cargo de la Procuraduría duró 10 años e incluyó la creación de una Fiscalía especializada. Después de revisar tres líneas de investigación: ”Militares”, “Guerrero” y “Entorno familiar, laboral y social”, la autoridad concluyó que fue un suicidio.
La primera vez que la Procuraduría dio una conclusión fue casi dos años después de los hechos, el 18 de julio de 2003 informó el no ejercicio de la acción; la familia se amparó pero el 12 de mayo de 2007 la Procuraduría reiteró que fue un suicidio. La familia de nuevo reclamó esta resolución y el 20 de agosto de 2010, por tercera vez, la Procuraduría concluyó que fue suicidio.
Desde hace más de una década la familia de la abogada denunció que la Procuraduría se inclinó por la hipótesis del suicidio, a pesar de las irregularidades en las pruebas y señaló que dejó de lado las amenazas que vivió Digna Ochoa. Desde 1995 la defensora fue amenazada y en dos ocasiones fue víctima de secuestro, por lo que tuvo medidas de protección. El hostigamiento, según denunció ella misma, fue debido a su trabajo en favor de víctimas, en particular de militares, en los estados de Guerrero y Chiapas.
Falencias en la investigación
Durante su exposición, Ángela Buitrago señaló que la investigación de la muerte violenta de una defensora de Derechos Humanos debe seguir con rigor los principios de la criminalística, pero además debe considerar la violencia contra las mujeres; sin embargo, este caso no se revisó a la luz de un panorama de violencia estructural ni consideró que la abogada vivió amenazas por los casos que representó legalmente.
La experta en criminalística y exfiscal de Colombia, expuso que de acuerdo con las pruebas hubo disparos de arriba hacia abajo, “una trayectoria que dice que estamos frente a un homicidio”; los guantes que la abogada llevaba en las manos ni quisiera estaban puestos correctamente, por tanto no hubiera podido accionar el arma y algo importante que se dejó pasar fue que existía un error en la matrícula del arma encontrada con la analizada.
Al responder al interrogatorio de la directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Viviana Krsticevic, una de las organizaciones que representa legalmente a la familia de Digna Ochoa, la perita expuso que “todos estos elementos llevan a la falta de certidumbre sobre la posibilidad y existencia de unas las teorías más débiles que tomó la Fiscalía: el suicidio”.
Buitrago, quien también investigó la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, en 2014, detalló que después de que en agosto de 2002 se creó la Agencia del Ministerio Público Especializada para el caso Digna Ochoa hubo un giro inesperado porque la investigación se sentó en la personalidad de la defensora y se tomaron declaraciones de sus compañeros que son “neófitos en materia psicológica”.
Estereotipos de género
La perita expuso que normalmente una persona que se suicida hace un disparo mortal, pero en el caso de Ochoa primero hubo un disparo en su pierna, lo que supone dolor e inmovilización. Aún así no se indagó la presencia de otra persona, ni quisiera la posibilidad de que hubiera sido torturada. La excusa para no hacerlo fue que la cerradura del despacho no estaba forzada.
A pregunta de los jueces de la Corte Interamericana, Buitrago Ruíz señaló que en esta investigación hubo estereotipos de género y prejuicios. Por ejemplo, las indagatorias sobre la vida de la abogada se remontaron a tiempos que no tenían relación con los hechos y los peritajes realizados sostienen que las mujeres padecen más problemas de salud mental que los hombres.
La investigación de la Procuraduría, explicó, prejuzgó y tuvo un sesgo porque dio el enfoque de que, al ser abogada de víctimas, Digna Ochoa buscó las agresiones de las que fue víctima, una afirmación similar a la que expresa un agente del Ministerio Público cuando afirma que una mujer es violentada por usar minifalda.
La abogada Karla Micheel Salas Ramírez, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, organización que también representa a la familia de la defensora, expuso que el resultado de la investigación fue partir de prejuicios, estereotipos de género y decisiones políticas que llevaron a manipular los dictámenes periciales.
La litigante aseguró que la Procuraduría, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no gozó de la menor credibilidad. Sin embargo, los representes de Cejil y del Grupo de Acción dijeron estar abiertos al diálogo con la institución, encabezada actualmente por Ernestina Godoy Ramos, a fin de revisar cuál es la propuesta para reabrir el caso.
La Corte Interamericana aún debe revisar los alegatos por escrito que enviarán las partes durante el mes de mayo, antes de tomar una decisión, en particular conocer desde donde se retomará la investigación, como lo propuso el Estado mexicano y qué pruebas y peritajes serán excluidas o incluidas.
