«Estoy buscando a mis hijos desde hace nueve meses, porque el 15 de abril de 2020 su padre se los llevó con engaños y mentiras y ya no regresó»
Ciudad de México / Eliana Gilet (Sputnik).- Dos mujeres cuyos hijos han sido arrebatados por la fuerza por sus exmaridos sin darles mayor información sobre los menores de edad, señalaron las dificultades que tienen para lograr apoyo institucional y alertaron que hay una veintena de casos en igual situación en la capital mexicana.
Patricia Jessel y Mayra Solís se conocieron por medio de redes sociales, en dónde volcaron su dolor y también su búsqueda, la cual —señalaron a Sputnik— han tenido que hacer solas o acompañadas únicamente por sus familias, debido a las dificultades institucionales que se les han planteado para atender sus reclamos.
En ambos casos y por medio de engaños, sus exparejas arrebataron sin aviso de su hogar a sus hijos menores de edad, lo que para la autoridad judicial de la capital mexicana no representa un delito, aunque estas mujeres han perdido todo contacto o información acerca de la situación en que están sus niños y niñas.
«Nuestro reclamo es que nos hagan justicia, porque nuestra vida ha quedado interrumpida y también la de mis hijas desde que se las llevó mi exmarido», apuntó Mayra Solís durante una protesta realizada frente a la sede de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la que denunciaron que existen al menos otras veinte mujeres sufriendo la misma privación.
Patricio y Regina
Patricia Jessel Segura es una mujer joven que alterna la fortaleza de sus palabras con la angustia que le provoca la ausencia forzosa de sus dos hijos, Patricio de 15 años y Regina, de 10.
«Estoy buscando a mis hijos desde hace nueve meses, porque el 15 de abril de 2020 su padre se los llevó con engaños y mentiras y ya no regresó», dijo Jessel a Sputnik, con la voz quebrada.
Explicó que ella estaba viviendo un contexto de violencia intrafamiliar, el cual denunció oportunamente y que también aportó como parte del contexto en que ocurrió la sustracción de sus hijos. Ese día, mientras estaba bañándose, el padre de los niños los sacó de su casa —junto a sus pasaportes y visas— diciendo que iba a la papelería.
Jessel explicó que la noche previa, el 14 de abril, ella había pedido auxilio a su familia para que la ayudaran a salir de la situación de violencia, tras haber quedado incomunicada durante algún tiempo ya que su expareja y padre de sus hijos, le había quitado su teléfono celular y los había sacado de la Ciudad de México, argumentando que todos corrían peligro porque él había sido amenazado.
Cuando Jessel logró regresar a la capital mexicana a denunciar lo sucedido en la Fiscalía de investigación de delitos cometidos en agravio de niños, niñas y adolescentes, la respuesta que recibió fue que no había delito que perseguir contra el padre de los niños.
«En la Fiscalía te dan unas palmaditas en la espalda y te dicen que como el responsable del hecho es el padre, tu denuncia no va a proceder pero ¿dónde quedan mis derechos como madre?», reclamó.
Después de mucho batallar con la autoridad, Jessel logró la emisión de una alerta migratoria y también de una Alerta Ámber (un mecanismo de búsqueda inmediata ante la desaparición de un menor de edad en México) para cada uno de sus hijos y que le fuese tomada una denuncia de hechos en la que no se ejerció acción penal contra el padre.
A su vez, recurrió a la Justicia familiar dónde comenzó el trámite para obtener la guarda y custodia de sus niños, que no implica la pérdida de la patria potestad, sino que la Justicia le toca definir a quien corresponde el cuidado de los menores de edad.
«Él fue violento conmigo en tres ocasiones, lo denuncié en su momento y presenté esas denuncias como prueba. Mientras tanto, yo no dormía pensando que podría sacarlos del país y no volver a verlos», explicó a este medio.
Aunque la autoridad descartó esa salida de los niños de México al revisar sus registros migratorios, la preocupación de Jessel es doble porque su hijo mayor padece autismo y graves ataques de epilepsia pero, según ella pudo constatar, hasta el momento el padre no se ha puesto en contacto con los médicos que llevan el tratamiento del adolescente.
«Para que a un padre o madre le entreguen la guarda y custodia de sus hijos, tienen que estar presentes ambas partes, yo obviamente estoy dando la cara, pero él no y es evidente que no quiere hacerlo. Debo esperar tres notificaciones y un edicto, para que el Juez pueda definir si me otorga la custodia de manera provisional», explicó la fuente que tras nueve meses, recién se ha realizado la primera de las notificaciones del caso.
Ahogada al hablar, Jessel dio cuenta del peso del tiempo que ha pasado. «Para ellos se hace fácil decir nueve meses, pero para una es un dolor diario tener que luchar contra esto», apuntó.
Alicia e Isabella
Alicia tiene 9 años e Isabella, la hija menor de Mayra Solís, cumplió 5 años el 21 de octubre pasado, cuando su padre ya las había sacado a ambas del hogar materno.
«Mi exesposo sustrajo a mis hijas el 3 de agosto de 2020. Yo había salido a hacer unas compras y cuando regresé, había hecho una mudanza completa de la casa y se había llevado a mis hijas», relató Solís.
La madre acudió a hacer la denuncia en la Agencia 59 de la Fiscalía mencionada, dónde le dieron la misma respuesta que a Jessel: que no había delito que perseguir por el hecho debido a que el señalado como responsable de llevárselas es el padre de las niñas.
«La Fiscalía hace caso omiso y es a la fecha, a cinco meses de lo sucedido que no sé cuál es el paradero de mis hijas, violentando mi derecho de ser madre y robando mi derecho a convivir con ellas», apuntó.
Tanto Solís como Jessel han realizado búsquedas por su cuenta y aportado información a la Fiscalía, pero no han logrado que la autoridad actúe con la rapidez necesaria para dar cuenta del paradero de sus hijos.
En el caso de Solís, incluso, la asistente del Ministerio Público y el agente encargado de su caso, le han negado el acceso al expediente completo.
«Stefanie Aguirre, la asistente del Ministerio Público me dijo que no tengo derecho a la información que hay allí, porque el padre se presentó en octubre del año pasado ante la autoridad, pero a mí no me han dado respuesta sobre mis hijas», apuntó.
En tanto para Jessel, la dificultad es mayúscula, ya que sólo hay dos policías de investigación en la unidad dónde recayó su caso para atender toda la variada gama de investigaciones que tienen que ver con la vulneración de los derechos de menores de edad en la capital mexicana.
Durante la protesta ocurrida en la Fiscalía General de la República a dos años de la desaparición de otra joven mujer, Natalí Carmona Hernández, estas madres se sumaron al reclamo del Colectivo Hasta Encontrarles, fundado por familias con personas desaparecidas en la capital de la República mexicana.
«Somos varias mamás que estamos pensando en formar también un Colectivo para que nos escuche la autoridad, porque somos muchas madres que estamos en esta situación y algunas ni tienen la Alerta Ámber de sus hijos. Hay una veintena de mujeres vulnerables que están solas en esta lucha y es bien doloroso que la autoridad no haga nada por ellas. Por eso venimos a manifestarnos, para hablar por todas», concluyeron.
