Ciudad de México / .- Este 2021 las mujeres de América Latina no consiguieron despenalizar el aborto de forma total en ningún país de la región; sin embargo, en México, Ecuador, Colombia y Chile lograron avances en la despenalización a nivel local y para definir nuevas causales o revisar y discutir legislaciones restrictivas.
Hasta diciembre de este este año sólo cuatro países de América Latina (Argentina, Cuba, Uruguay y Puerto Rico) permiten, sin condiciones, la interrupción del embarazo en las primeras semanas de gestación; mientras que en Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia, incluso en caso de peligro de muerte para la mujer o si el embarazo es producto de una violación a una niña.
En tanto, 11 países de América Latina, incluido México, permiten el aborto bajo alguna o algunas causales, entre las tres más comunes son: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando hay malformaciones en el feto y cuando la vida de la mujer gestante está en peligro.
Cinco de estos 11 países permiten la interrupción del embarazo solo para salvar la vida de las mujeres o preservar su salud física o mental, lo que se conoce como aborto terapéutico: Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela, de acuerdo con el análisis “Legislación en materia de aborto e interrupción legal del embarazo en países de América Latina”, publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y elaborado por la investigadora de la Dirección General de Análisis Legislativo de este instituto, Irma Kánter Coronel.
De acuerdo con un recuento de la organización Ipas CAM, si bien este 2021 ningún nuevo país se sumó a aquellos que permiten la interrupción del embarazo sin condiciones en las primeras semanas de gestación, sí hubo avances en México, Ecuador, Colombia y Chile.
Por ejemplo, en abril de este 2021, la Corte de Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional la penalización del aborto en casos donde el embarazo es producto de una violación sexual, luego de que organizaciones defensoras de derechos de las mujeres demandaran la revisión de esta norma.
En México, donde la legislación varía según cada una de las 32 entidades del país y la única causal contemplada en la legislación nacional y en las leyes de las entidades federativas es la violación, este 2021 se consiguió la despenalización del aborto en Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima, estados que se sumaron a Ciudad de México (2007) y Oaxaca (2019), donde ya se permitía.
Asimismo, en septiembre de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal del estado de Coahuila, lo que sienta un precedente para conseguir la despenalización en el resto del país.
El tribunal mexicano también instó al Poder Legislativo federal a regular los supuestos de aplicación del derecho de objeción de conciencia por parte del personal de salud, para que su ejercicio no represente una barrera en el acceso al derecho al aborto de las mujeres en el territorio nacional.
De acuerdo con Ipas CAM, organización experta en derechos sexuales y reproductivos en la región, este 2021 un conjunto de más de 90 organizaciones y colectivos feministas de Colombia logró que la Corte Constitucional discutiera el retiro del aborto del Código Penal para erradicar la criminalización de las mujeres que ejercen ese derecho, aunque al final no se logró la exigencia.
Por otra parte, detalló IPAS CAM, durante el proceso para redactar una nueva constitución en Chile, la asamblea constituyente impulsó el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho al aborto.
Además, en septiembre pasado la Cámara de Diputados de ese país aprobó en lo general un proyecto para legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación sin importar causales, mismo que fue devuelto a la comisión redactora para subsanar observaciones. No obstante, en la segunda revisión, en noviembre pasado, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto.
La organización lamentó que, pese a estos avances en la discusión del tema, los derechos de las mujeres sigan dependiendo del territorio en el que habitan, lo que –señaló– resulta injusto, discriminatorio y cruel, ya que centroamérica cuenta con los países con las legislaciones más retrógradas en materia de aborto en el mundo, no sólo en América Latina.
Tanto la investigación del Instituto Belisario Domínguez como IPAS CAM, detallaron que los marcos jurídicos que penalizan el aborto no impiden o reducen su práctica, sino que generan un entorno de clandestinidad e inseguridad que pone en peligro la salud y la vida de las mujeres, en particular, de los sectores más pobres y marginados.
El Instituto Guttmacher (2021) estima que 4.4 millones de mujeres abortan anualmente en América Latina. La mayoría lo hace en condiciones inseguras, y aunque los datos pueden ser imprecisos, se estima que cerca de 8 mil mujeres pierden la vida al año por causas relacionadas con el embarazo y parto.
Artículo publicado por Cimac
