Colectivas feministas organizadas en la Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas y la organización Abortistas Mx promovieron una Acción de Inconstitucionalidad en contra del Congreso del Estado de Chiapas y el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El pasado 03 de mayo el Congreso del Estado de Chiapas aprobó una reforma del artículo 181 del Código Penal local en la que se eliminó el plazo máximo de 90 días para solicitar la Interrupción Voluntaria del Embarazo para víctimas de violación. Sin embargo, esta reforma penal sobre aborto y el marco legal en el que se inserta, permanecen como un obstáculo para el ejercicio del derecho a decidir de las mujeres y de otras personas gestantes, ya que subsiste la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo de forma voluntaria.
Este viernes 16 de junio, organizaciones, colectivas e individualidades feministas con presencia en múltiples municipios de Chiapas, que ante la falta de voluntad del Estado han garantizado el acceso de las mujeres a información y procedimientos de aborto autogestionado, se presentaron como Red Estatal Aborta Libre Chiapas, para acompañar la Acción de Inconstitucionalidad que la Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas y la organización Abortistas Mx incidieron para que fuera presentada a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Colectivas denuncian omisiones por parte de la oficialía de partes y la mesa directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas al ignorar la iniciativa de despenalización del aborto que han acompañado y que fue presentada el 15 de noviembre de 2022 por la diputada Floralma Gómez Sántiz, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez. En dicha iniciativa se busca reformar los artículos 70, 178 y 180 y derogar los artículos 179, 181, 182 y 183 del Código Penal del Estado de Chiapas, reformas apegadas a la sentencia 148/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de septiembre de 2021 que declaró Inconstitucional la criminalización del aborto en todo el país.
“Abortar es un derecho humano y no puede continuar tipificado en el Código Penal del Estado de Chiapas”.
El 12 de mayo de 2023, integrantes de la Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas (REJURECH) y la organización Abortistas Mx solicitaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) como autoridad responsable (Art. 105 de la Constitución) que ejerciera sus facultades para promover una acción de inconstitucionalidad, que el órgano consideró improcedente, ignorando los derechos constitucionales de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con la capacidad de gestar del estado de Chiapas. Una vez agotadas las instancias locales REJURECH y Abortistas Mx solicitaron la promoción de una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma aprobada por el Congreso del Estado de Chiapas y publicada por el representante del poder ejecutivo, el Gobernador Rutilio Escandon Cadenas a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La Comisión Nacional de Derechos Humanos después de realizar un estudio de fondo consideró que la norma en cuestión transgrede los derechos humanos a decidir de las mujeres y otras personas gestantes, a la autonomía, a la salud, a la libertad reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana, a la igualdad y prohibición de discriminación, a la igualdad de género y a la privacidad,
así como la obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos. Por lo que el 02 de junio la CNDH presentó escrito de demanda de Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las colectivas y organizaciones que incidieron en la presentación de la acción de inconstitucionalidad, reconocen el compromiso con los derechos reproductivos de la CNDH.
