“En Chimalhuacán no se puede denunciar”: exponen feministas
Ciudad de México / Aranza Bustamante (Cimac).-Colectivos feministas del Estado de México y madres de víctimas de feminicidio denunciaron que la madrugada del pasado domingo 3 de abril fueron atacadas afuera de la Fiscalía de Chimalhuacán, Estado de México, por presuntos policías que vestían como civiles. El grupo de aproximadamente 20 mujeres protestaban por las lesiones y la desaparición —perpetrada por elementos de tránsito de Chimalhuacán— de la defensora de los Derechos Humanos, Irene Yashika Martínez Cervantes.
De acuerdo a la agrupación Nos Queremos Vivas Neza, en 2019 la hija de Martínez, una menor de 12 años, fue desaparecida por policías, y tres días después fue hallada con signos de drogas, golpes y agresión sexual. Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2009, afirmó en entrevista con Cimacnoticias que el ataque en contra de Irene Martínez y las manifestantes forma parte de una serie de hostigamientos y amenazas en contra de quien se atreve a denunciar las agresiones e irregularidades en los procesos de justicia en el Estado de México.
“En Chimalhuacán no se puede denunciar, aquí se le tiene que dar el perdón inmediatamente a quien sea. En este caso eran policías”, dice Buendía.
Por su parte, el colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos mencionó en un comunicado que “el contexto de esta represión son las acciones legítimas convocadas por las compañeras del movimiento feminista y familiares de víctimas de violencia feminicida, en la exigencia de verdad y justicia debido a la detención arbitraria de una compañera, quien además fue severamente golpeada”.
Inician carpeta de investigación contra algunas de las policías implicadas
Tras lo sucedido, el gobierno de Chimalhuacán aseguró que los elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Chimalhuacán —que son quienes detuvieron a Martínez— “actuaron frente a la ley”. También se hizo referencia al plantón realizado a las afueras de la fiscalía local y se mencionó que debido a “los hechos de vandalización cometidos por un grupo de 40 feministas” acudieron al lugar “elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional para resguardar la integridad física de siete detenidos y todo el personal del Ministerio Público de Chimalhuacán”.
El domingo 3 de abril la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició una carpeta de investigación en contra de tres policías de tránsito, por “el delito de lesiones en agravio de una mujer”, e indicó que fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl. Sin embargo, Irinea Buendía y colectivos feministas, denuncian la participación de cinco policías, cuatro mujeres y un hombre al que nombraban como “El Comandante”.
“Según ellos, ‘actuaron conforme a la ley’ y mencionan que había 40 mujeres feministas, cuando no eran ni 20 […]. Así hubieran estado 100 o 200 feministas el gobierno no debe actuar de esa manera cuando se está pidiendo que hagan su trabajo”, dijo en un pronunciamiento Nos Queremos Vivas Neza.
Detención arbitraria y con agresiones
De acuerdo con los colectivos mencionados, el viernes 1 de abril aproximadamente a las 20:30 de la noche, Irene Martínez fue detenida por policías de tránsito que se trasladaban en las patrullas con placas TM915 y TM820. La activista viajaba de regreso a su casa en compañía de su primo cuando fue interceptada por un operativo a la altura de la avenida Peñón.
“(Su primo) la iba a llevar en la moto a comprar cosas para la fiesta de su hija, entonces la detienen con el pretexto de que iba en sentido contrario”, menciona Buendía. Martínez alcanzó a grabar la detención y pudo enviarle su ubicación a su hija, quien dio aviso a otras activistas y familiares de víctimas de feminicidio. Entre ellas estaban Irinea Buendía, Lidia Florencio e integrantes de la organización “Justicia para Diana”, surgida a raíz del feminicidio de Diana Velázquez Florencio el 2 de julio de 2017 en Chimalhuacán.
Según Buendía, durante varias horas la buscaron en distintos centros de justicia del Estado de México. Al principio los propios elementos municipales negaron la detención y aseguraron que no se encontraba dentro de las comandancias; no obstante, en una entrevista para Milenio, Lidia Florencio comentó que debido a la presión que ejercieron, las autoridades aceptaron que estaba a su disposición.
Desalojo de la protesta
Una vez libre, el 2 de abril por la mañana Irene Martínez se trasladó a las instalaciones de la Fiscalía de Chimalhuacán para iniciar una denuncia por agresiones y uso excesivo de la fuerza en contra de cuatro policías mujeres y un varón. Cuando por fin la vieron, la mujer estaba herida: sin dos dientes debido a los golpes que recibió, con marcas de estrangulamiento, arañazos en el rostro y una de sus manos muy hinchada. Buendía, quien tuvo la oportunidad de platicar con Martínez, refiere que los policías también la torturaron sexualmente.
Las activistas y mujeres decidieron quedarse protestando a las afueras de las instalaciones para acompañarla en su proceso. Una vez dentro, el personal de la fiscalía “empezó a decirle que tenía que decir todo de modo que cuadrara con lo que los policías dijeran”, de acuerdo con Buendía. Martínez se negó. Finalmente fue valorada por médicos legistas. Mientras tanto, los elementos de tránsito que la detuvieron y agredieron fueron vistos saliendo de la fiscalía con ropa de civil, según feministas que se encontraban en el lugar.
A la 1:30 de la madrugada del domingo llegó Dilcya García Espinoza de los Monteros, fiscal para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, luego de que las activistas se pusieron en contacto con ella. Tras conversar un par de minutos sobre las razones por las que se encontraban en el plantón y sobre la liberación de los elementos de tránsito acusados de agredir a Martínez, comenzaron a llegar decenas policías, algunos vestidos con uniforme y otros vestidos de civil, para desalojarlas.
“Se veía que eran policías por la forma como actúan, por cómo estaban, nada más nos grababan. De la propia fiscalía salía un sujeto y hablaba con los de la izquierda y salía otro y hablaba con los de la derecha”, dice la madre de Mariana Lima Buendía. También afirmó que vio cómo Dilcya García fue retirada por sus escoltas al mismo tiempo que esto sucedía.
En una transmisión que la colectiva “Justicia para Diana” hizo a través de redes sociales, las manifestantes denunciaron que les lanzaron gas lacrimógeno, las golpearon y las despojaron de sus celulares. En imágenes se observa a una de las manifestantes sangrando por un golpe que recibió durante el desalojo.
“Para nosotros fue mucho tiempo, no sabemos cuánto y, finalmente, estaban atrás de mí varias chicas, no conté cuántas. Yo vi que corrían por todos lados. Nosotros no éramos delincuentes, nosotros estábamos en una lucha pacífica pidiendo simplemente ‘El Comandante’ y a la policía que falta para que los detuvieran porque no tenían por qué tener privilegios”.
Por su parte, Lidia Florencio en entrevista para Milenio afirma que el modus operandi que se utilizó en la desaparición y lesiones de Irene Martínez es similar al que se usó en 2019 con la propia hija de Martínez, cuando fue agredida sexualmente: “De hecho esto ya tiene años atrás porque en 2019 municipales le desaparecieron por tres días. Ellos la violaron, la abandonaron en un lugar y la mamá tuvo que rescatar a la niña. Entonces ha sido un constante acoso por parte de estos elementos”.
Actualmente, Chimalhuacán ocupa el lugar número 12 en la lista de los 100 municipios con más presuntos delitos de feminicidio cometidos entre enero y febrero de 2022, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Desde 2015, se convirtió en uno de los primeros municipios de México en tener una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por el alto número de casos de feminicidio; en 2019, esta demarcación también fue elegida para formar parte de los municipios con una segunda AVGM por desaparición de mujeres. Con 24 mil 367 registros, el Estado de México es la entidad con más mujeres desaparecidas y no localizadas en el país; de ellas, 146 son de Chimalhuacán.
