Sin embargo, ahora sabemos que esta información también se encuentra en manos de la SEDENA.
Ciudad de México / Diana Hernández Gómez (Cimac).– Uno de los datos más relevantes tras el hackeo de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) es la presunta persecución y el fichaje por parte del Estado mexicano contra el movimiento feminista. Los documentos de Guacamaya Leaks revelaron que, además de tener una lista de diferentes colectivas pertenecientes a dicho movimiento, el Ejército Mexicano también posee información sobre investigaciones iniciadas contra cinco activistas feministas.
De acuerdo con los documentos filtrados por los hacktivistas Guacamaya, dichas investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJCDMX). Sin embargo, ahora sabemos que esta información también se encuentra en manos de la SEDENA.
Las mujeres bajo investigación responden a los nombres de Karla Fernanda, María Karime, Linda Neferthary, Paulina y Frida. Únicamente una de ellas (María) cuenta con una carpeta de investigación activa, mientras que en el resto de los casos, dicha carpeta «se inició por noticia criminal» según la investigación revelada por Guacamaya.
Fiscalía capitalina conoce la ubicación de activistas feministas
Estas cinco mujeres están en el ojo de la FGJCDMX por supuestas agresiones y actos vandálicos realizados durante manifestaciones y otras acciones del movimiento feminista. Aunque estos actos han sido realizados en grupos, para la Fiscalía, estas cinco mujeres son «objetivos prioritarios» de quienes tiene su identidad y sus perfiles.
Pero no sólo eso: la fiscalía capitalina conoce la ubicación de Karla Fernanda y de Frida. En el caso de Karla, fue una solicitud de sus registros telefónicos lo que ayudó a las autoridades a localizar el lugar donde vive. A Frida la localizó personal de campo.
Al buscar el nombre completo de Karla en la red, la información mostrada indica que ha participado en la organización estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para exigir un aumento de recursos en su plantel. Por su parte, Frida es consultora en un programa de acceso de justicia para víctimas.
Además de las cinco mujeres investigadas por la Fiscalía, los documentos hackeados a SEDENA incluyen otra lista de once mujeres que participaron en la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entre el 2 de septiembre de 2020 y el 15 de abril de 2022.
SEDENA tiene identificadas a madres de víctimas de abuso y feminicidio
Los perfiles de Karla y Frida hallados en internet no parecen coincidir con algún perfil criminal. Tampoco los de Marcela Judith Alemán Delgado y Silvia Castillo, quienes, sin embargo, aparecen en la lista de implicadas en la ocupa de CNDH.
Marcela lleva cinco años exigiendo una respuesta a la CNDH tras el abuso sexual del que fue víctima su hija menor de edad. Silvia, por su parte, ha esperado tres años para que la CNDH y las autoridades correspondientes le brinden protección mientras se investiga el homicidio y la desaparición forzada de su hijo Alan.
Erika Izbeth Martínez Romero y Elideth Yesenia Zamudio Solórzano están en una situación similar. La primera exige justicia por la violación de su hija de 9 años en 2017; la segunda es madre de María de Jesús, quien fue asesinada por estudiantes y un docente del IPN en 2016.
A todas estas mujeres las criminalizan por sus actos contra las instituciones mexicanas (actos en los que no ha habido funcionarios muertos, heridos o desaparecidos). Por su parte, dichas instituciones no han atendido las exigencias de víctimas o de familiares desde hace años. A pesar de ello, las investigaciones están dirigidas contra quienes piden justicia.
La criminalización del movimiento feminista es un hecho extendido en la sociedad mexicana en general. Apenas este 24 de octubre, en una manifestación de estudiantes organizadas alumnas de la Universidad Nacional Autónoma de México, un transeúnte agredió a las alumnas dirigiéndoles señas obscenas. Y, por la noche, el periodista Javier Alatorre presentó la noticia de la manifestación refiriéndose a las y los participantes como «vándalos».
En este contexto, los documentos de Guacamaya Leaks son una cristalización del discurso punitivo de la sociedad. La única diferencia es que SEDENA y la Fiscalía sí pueden fichar, localizar y actuar con total protección del Estado.
