Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y las dependencias federales de seguridad dar atención especial al caso de los desplazados en Chenalhó y Aldama, Chiapas, donde, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Segob, Alejandro Encinas, grupos “con una gran capacidad de fuego” ligadas presuntamente a grupos de la delincuencia organizada han generado violencia.
De acuerdo con esta dependencia hay por lo menos 600 personas que permanecen afectadas en esta zona.
Desde el 27 de diciembre pasado, señaló Encinas este martes durante la conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, funcionarios de la Segob visitaron los campamentos donde se encuentra la población desplazada en esta región chiapaneca, quienes han denunciado en distintas ocasiones haber dejado sus hogares forzados por la presencia de grupos armados.
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“Efectivamente, los problemas de violencia, de presencia de grupos paramilitares y de una gran capacidad de fuego, incluso de grupos ligados, presuntamente, a la delincuencia organizada, ha generado niveles de violencia, de nueva cuenta, como sucedió en el mes de abril, con el asesinato de dos niños y ahora, de nueva cuenta, en los primeros días de este mes gente que ha sido víctima de la violencia, que lamentablemente se ha venido recrudeciendo” señaló el funcionario federal.
Explicó que conflicto se agudizó luego de que el Tribunal Superior Agrario otorgó una compensación de cerca de 15 millones de pesos, lo cual generó una disputa por el control de 60 hectáreas.
“La instrucción que nos ha dado el señor presidente de la República es que las dependencias vinculadas en el gabinete de seguridad y gobierno de la administración pública federal atienda esta situación con la responsabilidad y cautela que esto amerita, para evitar una mayor confrontación y violencia entre las propias comunidades y estaremos informando de cómo van evolucionando estos hechos”, sostuvo junto al presidente López Obrador.
La prioridad, dijo, será atender los asuntos de carácter humanitario, así como a las viudas y a los niños y niñas que están en la situación de indefensión, además de atender las medidas cautelares y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Precisó que el pasado 19 de diciembre se reunió con autoridades estatales para establecer un mecanismo de seguimiento y atención al caso. Además, recalcó que buscarán un diálogo con las autoridades locales de Chalchihuitán, zona que se convirtió en uno de los puntos de mayor tensión.
Atacan campamentos de personas desplazadas
Nueve campamentos donde se refugiaban desplazados de Chalchihuitán fueron destruidos el pasado viernes, «en el contexto de agresiones de Hermelindo García Núñez (PAN), síndico de ese ayuntamiento, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
El organismo defensor aseguró en un comunicado que por la incursión, 238 familias desplazadas en los campamentos Barrio Shishimtotik, Tulantik, Ch’enmut, Bololchojon, Cruz K’ak’anam, Jolcantetik, Cruzton, Bejelton y de Barrio Pom, » perdieron las pocas pertenencias que tenían» en las viviendas hechas de plástico, madera y algunas con láminas.
Fueron derribados, además baños construidos con apoyo y donaciones de organizaciones solidarias como Cáritas.
La destrucción de los campamentos obligó que la población, en su mayoría mujeres y niños, se desplazará nuevamente después de la agresión e intimidación.
Familias les prestaron espacios, pero se mantiene la amenaza de expulsarlos de sus comunidades, alertó el Frayba.
El centro defensor refirió que autoridades comunitarias amenazaron con amarrar y quemar a representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes intentaran ingresar al lugar donde se ubicaban los campamentos y prohibieron el acceso de ayuda humanitaria.
Advirtió que la destrucción de campamentos y amenazas a los desplazados aumentan las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de esa población.
Al menos, mil 237 personas, permanecen en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, sin alternativa de retorno a sus viviendas y parcelas de manera definitiva.
Esto porque sus terrenos se encuentran en los límites del conflicto, donde «grupos armados provenientes de Chenalhó, mantienen disparos que se intensifican en las madrugadas».
Fuente: La Jornada y el Siglo de Durango
