Ana María Sanheza.-Chile tendrá por primera vez una ley de reparación integral para las víctimas de feminicidios y sus familias, que implicará que los hijos e hijas de las mujeres que han sido asesinadas tendrán una pensión reparatoria de parte del Estado hasta los 18 años. Además, cubrirá con un fuero laboral durante 12 meses a las víctimas de este delito cuando ha sido en calidad de frustrado o tentado. Es una legislación que fue impulsada en enero de 2021 por un grupo de diputadas, el movimiento feminista contra la violencia hacia las mujeres, Ni una menos, y la Agrupación de familiares de víctimas de feminicidio, compuesta en su mayoría por madres, hermanas y tías que durante años habían visibilizado su situación de desamparo. A la iniciativa se sumó el respaldo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género del Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric, que lidera la ministra Antonia Orellana.
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“Esta ley ha sido una búsqueda de justicia. No es todo lo que esperamos, pero sí es un gran avance”, dice a EL PAÍS Julieta Rivera, vocera de la Agrupación de familiares de víctimas de femicidio. “Somos una agrupación pequeñita, sin recursos, y hoy estamos en primera plana. Pero no nos quedaremos acá, porque queremos que se avance también en una vida libre de violencia”, agrega emocionada.
Tras la aprobación en el Congreso, una de las impulsoras de la ley, la diputada comunista Karol Cariola, dijo que “este es un paso adelante, pero no es suficiente”. “Por todas las ausencias que ha tenido el Estado por tantos en años en contribuir a evitar que una mujer sea asesinada, es que hoy tenemos que buscar mecanismos de reparación para con esos niños y niñas que quedan son una madre asesinada y con un padre encarcelado”, aseguró la parlamentaria.
La ley contó con un amplio respaldo en el Parlamento, de 109 votos a favor y 13 abstenciones. Los hijos de las víctimas recibirán una pensión mensual de 160 mil pesos chilenos (equivalentes a unos 200 dólares). Asimismo, la norma implica la suspensión y privación de derechos y responsabilidades parentales para quienes cometan el delito y establece también que quienes sean reconocidos como víctimas puedan acceder a beneficios y programas estatales.
La normativa, explicó Cariola a EL PAÍS, tendrá un efecto retroactivo para los hijos de las víctimas, luego que en 2010 en Chile se tipificara el delito de feminicidio, que en principio consideraba solo los asesinatos cometidos dentro de una relación de pareja. En 2020, sin embargo, el país sudamericano avanzó en una nueva legislación que amplió el marco legal a los crímenes a ámbitos no familiares, por lo que quedó establecido como un delito de género contra las mujeres, cometido por hombres por razones de odio, desprecio o misoginia. Es una ley que ha sido conocida como Ley Gabriela, que fue impulsada después del crimen, en junio de 2018, de Gabriela Alcaíno, de 17 años, y de su madre Carolina Donoso, 53 años, en el municipio de Maipú, en la zona poniente de la Región Metropolitana de Santiago.
El feminicidio de Soledad Valenzuela, de 29 años, el 5 de julio de 2020, en Doñihue, en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, ubicada a 86 kilómetros de Santiago, fue el primer crimen tipificado bajo la Ley Gabriela. Su cuerpo sin vida fue encontrado dentro de su casa, que fue incendiada. Era madre de tres hijos, hoy de 15, 13 y 10 años, que quedaron a cargo de su hermana Paula Valenzuela, de 37.
Paula Valenzuela cuenta a EL PAÍS que, además del dolor por la pérdida de su hermana, su vida cambió radicalmente. En su casa, en Santiago, donde vive con su hijo, acogió a sus sobrinos. Recuerda que ha salido adelante gracias a la ayuda de amigos y algunos familiares. “Ellos no solo perdieron a su mamá, sino que también quedaron sin nada, porque su casa fue incendiada. Tuvimos que comprarles todo, cama, ropa. Además, he tenido que pagar abogados y sicólogos”.
Paula conoció a la Agrupación de familiares de víctimas de femicidio, que impulsó la nueva ley de reparación integral, por casualidad. Fue el 19 de diciembre de 2020, el Día nacional contra el femicidio. Ella caminaba por fuera del Palacio de La Moneda cuando vio una manifestación. Se acercó y observó que, entre los muchos zapatos que conmemoraban a cada una de las víctimas de ese año, había uno con el nombre de su hermana Soledad.
Durante 2023, en Chile se han registrado 10 feminicidios consumados y 65 femicidios frustrados. El último de ellos fue perpetrado el 2 de abril, en Parral, en el sur del país. La víctima, Marcela Pérez Tapia, fue asesinada por su expareja, funcionario de Gendarmería. Tenían una hija de cuatro años.
