Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Adriana Bustamante Castellanos, diputada local por Morena lamentó que su iniciativa para la despenalización de la interrupción del embarazo en Chiapas se «metiera a la congeladora» y consideró que esta medida se determinó debido a los prejuicios que existen en todos los sectores de la sociedad, incluída la clase política.
«Más allá de lo anteriormente expuesto, se debe entender que cuando una mujer decide interrumpir un embarazo lo hace bajo prácticas que ponen en riesgo su vida. El tema más que ser algo legal y que las religiones quieran tener a más mujeres en la cárcel, es un tema de educación, información y salud pública», aseguró la legisladora.
En entrevista, calificó como no válido que los representantes populares que se oponen a estudiar la iniciativa esgriman su inclinación religiosa para no hacerlo.
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«Esta ley se trata de derechos, de Constitucionalidad, de convenciones internacionales y de salud pública y si se escudan en sus preceptos religiosos, están quedándole a deber a la ciudadanía».
Al interrogarle sobre si para que exista una ley sobre aborto en la entidad, quizá se debe esperar a que la misma sea aprobada en el Congreso de la Unión para que después las restantes entidades del país armonicen sus leyes a la federal, Castellanos lo consideró como una posibilidad.
«Por ahora hay esperar que el tema sea analizado en los órganos parlamentarios federales».
Refirió que más allá de los prejuicios de la sociedad en su conjunto, las mujeres que tienen recursos económicos toman esa decisión y la pueden llevar a cabo en hospitales privados sin problema alguno, mientras para las que no tienen dinero, les es más complicado realizarlo.
«Esto sin duda coloca a las segundas en riesgo de perder la vida», anotó.
Recordó que desde hace años en el Código Penal el castigo que se impone a una mujer por interrumpir un embarazo es tener atención médica integral con perspectiva de género.
«Esto podría hacer parecer que el aborto está despenalizado, empero, al aparecer con esta redacción origina que muchos criminalicen a las mujeres y a quienes las apoyan».
Aceptó que si bien es cierto es México no hay mujeres encarceladas por interrumpir un embarazo, si hay personal de salud y parteras que han sido encarceladas por este tema.
«Esto violenta la Norma 046 establecida por la Secretaría de Salud» señaló y aclaró que su iniciativa pide que la interrupción del embarazo pueda hacerse hasta las 12 semanas de gestación.
