La Corte Interamericana analiza la prohibición total del aborto en El Salvador
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Cristina Bazán | Guayaquil (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) analiza este 22 y 23 de marzo la prohibición total del aborto en El Salvador por medio del caso de Beatriz, una joven a quien en 2013 se le negó el acceso a una interrupción del embarazo pese a que padecía lupus y que se le diagnosticó que el feto que gestaba era anencefálico, condición incompatible con la vida extrauterina.
Un caso de relevancia en América Latina pues es la primera vez que la Corte podría sancionar a un Estado por no garantizar el acceso al aborto como un servicio de salud, como ya lo ha hecho con las emergencias obstétricas por medio del caso Manuela contra El Salvador, lo que podría marcar un precedente para otros países que mantienen una prohibición absoluta como República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Haití.
“Este precedente se va a volver una referencia para los demás países, no solamente para aquellos que tienen una prohibición total, sino también para todos aquellos que tienen leyes restrictivas sobre aborto. Sin duda es un caso histórico. Esta es una conversación que en Latinoamérica tiene toda la relevancia porque se trata de una de las regiones en el mundo con las leyes más restrictivas entre sus países”, explica a Efeminista la abogada Cristina Rosero, del Centro de Derechos Reproductivos.
El caso de Beatriz, ante la Corte IDH
Beatriz tenía 21 años cuando, tras haber dado a luz hace 9 meses, los médicos identificaron un nuevo embarazo que ponía en peligro su vida. Le recomendaron que debía interrumpirlo, pues el feto no había desarrollado cráneo ni cerebro.
Sin embargo, la legislación en El Salvador se lo impedía. Las mujeres en ese país se enfrentan a penas de hasta ocho años por el delito de aborto consentido, pero muchas han sido condenadas a hasta 50 años de prisión por homicidio agravado. Además, los profesionales de la salud que practiquen la interrupción pueden pasar hasta doce años en la cárcel.
Ante la negativa de los médicos de realizar el procedimiento por miedo a ir a prisión, Beatriz interpuso un amparo para poder acceder a un aborto, pero la Justicia se lo negó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH le otorgaron medidas cautelares y provisionales, lo que obligó al Estado a permitir el aborto.
“Un aborto que se hubiese resuelto fácilmente de una forma no invasiva y que luego de 81 días se convirtió en una histerectomía (cirugía para extraer el útero) y en cuidados intensivos para Beatriz por toda la sangre que perdió en la tortura de enfrentarse a un embarazo con una criatura que murió horas después del procedimiento, como se había previsto desde las semanas iniciales”, recuerda Sara García, coordinadora de incidencia política y alianzas de la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador, organización que acompaña el caso de Beatriz desde 2013.
Cinco años después, Beatriz falleció como consecuencia de una neumonía adquirida tras sufrir un accidente de tráfico, pues su salud había quedado muy deteriorada a raíz del segundo embarazo.
Desde la Agrupación, dice García, esperan que “el Estado salvadoreño sea declarado responsable de la tortura y de las violencias que enfrentó Beatriz” y su familia y se establezcan medidas de no repetición, como la despenalización del aborto.
La prohibición del aborto en el Salvador
Pero la historia de Beatriz no es una excepción. “El doctor que atendió a Beatriz, y que declarará en el juicio, nos dijo que en el momento en que ella estaba luchando por su vida había 49 mujeres igual o peor que Beatriz que estaban en una condición en la que el aborto era necesario, pero como gremio de salud estaban de manos atadas”, afirma García.
La CIDH, por su parte, pudo constatar en 2020 que en El Salvador al menos 36 mujeres habían muerto por enfermedades crónicas prevenibles y otras 13 por embarazos ectópicos. “Dichas muertes se pudieron haber prevenido si las mujeres hubieran tenido la posibilidad de interrumpir legalmente sus embarazos inseguros”, dice el organismo en un informe sobre el país publicado en 2021.
“Las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta tienen un impacto negativo sobre los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y de discriminación en los casos de riesgo a la salud, inviabilidad del feto y en embarazos resultantes de violencia sexual o incesto”, agrega la Comisión.
Los médicos, dice la representante de la Agrupación, tienen que hacer “caso omiso de la ciencia porque si llevan a cabo una interrupción del embarazo pueden enfrentar criminalización, pueden enfrentar riesgos y esto es otro de los elementos que nos parece que es clave que quede en evidencia”.
Además -afirma- la prohibición absoluta del aborto afecta mayoritariamente a las mujeres pobres o que viven en zonas rurales del país. “No quisiera que otras mujeres pasen por lo mismo que yo pasé”, dijo Beatriz en una entrevista en 2015.
Un precedente para la región
Sara García coincide con Cristina Rosero en que esta sentencia puede cambiar el panorama de la criminalización del aborto en Latinoamérica, empujada por el fallo que en 2021 la Corte ya emitió contra El Salvador por encarcelar a Manuela, quien sufrió una emergencia obstétrica y falleció mientras cumplía una pena de 30 años.
“La sentencia por el caso de Manuela ha potenciado nuestra lucha por la libertad, pero la complicación es que si seguimos sosteniendo por una ley sumamente restrictiva es muy difícil que esta criminalización deje de suceder”, dice García.
La Agrupación ciudadana acompaña once casos de mujeres que han vivido criminalización en El Salvador. Dos de ellas siguen en la cárcel.
“Lo que como movimiento social esperamos es que la Corte reconozca que hay una serie de violaciones a los derechos fundamentales que viven las mujeres y las niñas como resultado de estas criminalizaciones totales del aborto”, explica Rosero, del Centro de Derechos Reproductivos.
No solo -agrega- porque la criminalización total del aborto es una limitación “inaceptable” de la autonomía y de la libertad de las mujeres, “sino porque el hecho de tener una criminalización no hace que los abortos dejen de ocurrir, sino que provoca que estos abortos se realicen por fuera del sistema de salud, lo que en muchos casos puede llevar a procedimientos realizados en forma insegura que afectan la vida y la salud de las mujeres”, afirma.
“Sí esperamos que haya un paso adelante hacia comprender el aborto como lo que es: un servicio de salud que debería ser garantizado por los Estados a nivel regional y en todo el continente”, enfatiza.
En el informe de fondo que la CIDH envió a la Corte recomienda al Estado de El Salvador reformar las leyes para establecer la posibilidad de la interrupción del embarazo en situaciones de inviabilidad o incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, así como de riesgo grave a la vida, a la salud e integridad personal de la madre.
Por lo que, de incluir esas causales en la sentencia, todos los países que han ratificado la Convención Americana deberán ajustar sus legislaciones a lo que ordena la Corte. “Es una oportunidad muy importante que tiene la Corte de seguir avanzando en la protección adecuada de los derechos de las mujeres”, zanja Rosero.
