Ciudad de México.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reconoce una vez más la presentación de la iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Guerrero, que garantizaría la Interrupción Legal del Embarazo en la entidad.
Estamos convencidas de que las Diputadas y Diputados de Guerrero, están comprometidos con la vida y la salud de las mujeres, que reconocen la importancia de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la no criminalización de las mujeres que abortan, por lo que confiamos que pronto se votará a favor de las miles de mujeres y niñas en Guerrero.
Desde el movimiento de mujeres a nivel nacional estamos convencidas de que la legislación va a anteponer los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes por encima de sus creencias religiosas, que son importantes, pero que no pueden estar por encima de la salud, vida, integridad de las mujeres, niñas y adolescentes.
Cabe recordar que la propuesta de reforma no obliga ni impone a nadie el aborto. La Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas será solamente decisión de las mujeres. No afectará a aquellas mujeres que se encuentran embarazadas, incluso si su embarazo no fuera deseado, y sin embargo, sí puede cambiar la vida de cientos de mujeres que por diversas circunstancias personales, decidan hacerlo, principalmente ante una situación de justicia social, donde viven contextos de violencia, pobreza y discriminación que les impide continuar sus embarazos y buscan evitar un daño mayor.
Estamos seguras de que la Reforma que despenaliza el aborto en Guerreo es impostergable, pues los derechos de la salud reproductiva de las mujeres y niñas no deben de depender de creencias religiosas, si no de los derechos fundamentales a la protección de la vida y salud de las mujeres.
Sobre todo, la peculiaridad de la situación de pobreza y marginación, así como los embarazos forzados, producto de violaciones sexuales y matrimonios infantiles, que constantemente ponen en riesgo la vida e integridad de mujeres, niñas y adolescentes.
Asimismo, el contexto de pobreza es muy grave en el estado de Guerrero, tal como lo señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En el 2020, el 66.4% de la población vivía en pobreza, mientras que el 25.5% en pobreza extrema; lo anterior se vuelve un factor que afecta mayormente a las mujeres y las niñas, pues las coloca en un mayor riesgo y vulneración de ser víctimas de matrimonios forzados y la venta de sus cuerpos a edades muy tempranas.
De igual forma, diversos estudios que se han hecho sobre la situación de la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes son alarmantes: De enero de 2021 a marzo de 2022 se denunciaron 1,081 delitos sexuales en el estado, de los cuales 481 son violaciones sexuales; Guerrero ocupa la segunda tasa más alta del país en embarazos de adolescentes de entre 12 y 14 años, en esta edad la mayoría de la niñas y mujeres son víctimas de violación, lo se vincula a mayor posibilidad de muerte durante la gestación, debido a que aún no han terminado su crecimiento.
Por otro lado, existe la falta de acceso a los servicios de aborto legal como es el caso de los procesos de dilación por parte del sector salud ante un embarazo producto de la violación. Esto fue documentado en el informe de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio comparado, declarada el 5 de junio de 2020, para garantizar la salud sexual y reproductiva de niñas y mujeres en el estado.
Cabe referir que del 2018 al 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha registrado el incremento de las muertes maternas en Guerrero en un 104.4%. En 2018 se registraron 23 muertes maternas, en el 2019, 40 y en el 2020, 47.
Frente a ese contexto, la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero tiene la oportunidad histórica de resarcir las violaciones graves a la falta de acceso a los servicios de aborto legal, en el caso específico de violación, cometida en contra de mujeres, niñas y adolescentes.
El Dictamen presentado por la Comisión de Justicia reivindica el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad y el derecho a una vida libre de violencia, en concordancia con los tratados internacionales que México ha suscrito.
Ante ello, como defensoras de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes estamos convencidas de que la reforma de despenalización del aborto en el Congreso del Estado de Guerrero NO SE PUEDE POSTERGAR, porque ello estaría obstaculizando el derecho a la salud reproductiva de las mujeres, dicho derecho está contemplado en la Constitución y en Leyes generales que cumplen con los estándares internacionales en la materia y es acorde a los estándares de mayor protección a la salud reproductiva en México, como lo establecen las recientes resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En dichas resoluciones se plantea que las mujeres no pueden ser criminalizadas por embarazos no deseados, ya que el máximo tribunal ha considerado que la legislación que penaliza el aborto es inconstitucional, al no garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que en consecuencia el Congreso del Estado tiene en sus manos la garantía de los derechos de las mujeres.
Desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reiteramos nuestro respaldo a las Diputadas y Diputados de Guerrero, confiamos que a la brevedad el dictamen sea aprobado y que las mujeres guerrerenses tengan garantizado su derecho a la salud reproductiva, cese la criminalización y cada una pueda decidir libremente sobre su cuerpo.
