Madrid (Associated Press).- Varias personas se unieron el lunes a los dueños de burdeles y trabajadores sexuales en una manifestación frente al Parlamento de España para protestar en contra de una iniciativa que sancionaría a los consumidores de prostitución, propietarios de clubes sexuales o proxenetas con sentencias de hasta 4 años en prisión.
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La iniciativa impulsada por el partido gobernante PSOE propone ampliar la definición de proxenetismo, no haciendo necesaria la explotación de personas en la prostitución sino una mera relación comercial. Además, por primera vez en el país, también se castigaría a los clientes.
Los manifestantes portaron máscaras y usaron sombrillas rojas para ocultar sus identidades.
“Pedimos al Partido Socialista Obrero Español que retire la proposición de ley que supone de facto la abolición de la prostitución y nos condena a todas a la clandestinidad”, señaló Susana Pastor, presidente de una plataforma contra la abolición de la prostitución. Es dueña de un apartamento en Valencia en el que mujeres alquilan habitaciones para ofrecer servicios sexuales.
Pero Otras, un nuevo sindicato de trabajadoras sexuales, no respaldó la manifestación del lunes debido a que fue organizada por los propietarios de clubes sexuales.
“No defienden los derechos de los trabajadores en absoluto”, comentó la secretaria general de Otras, Concha Borrell, a The Associated Press.
Borrell exige contratos legales para los trabajadores sexuales, de los cuales calcula que hay alrededor de 200.000 en toda España.
Tanto Otras como los dueños de establecimientos sexuales niegan los datos oficiales del gobierno de que el 90% del trabajo sexual en el país es forzado. La policía informó que durante 2021, se rescató en el país a 491 víctimas de trata de blancas y explotación sexual.
A nivel continental, el Parlamento Europeo estima que hay alrededor de 180.000 víctimas de tráfico sexual que son explotadas en la prostitución y la industria genera 10.800 millones de euros (10.900 millones de dólares) por año dentro del bloque.
España es considerado como un país con uno de los marcos legales más laxos para la prostitución en Europa, sancionando únicamente cuando se puede demostrar la explotación o el abuso. La iniciativa propuesta castigaría tanto a clientes como a facilitadores. Aún necesita ser aprobada en el Parlamento.
El país prohibió recientemente la publicidad a los servicios de prostitución.
