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Madrid / Laura de Grado.- Cuando Paula (nombre ficticio) decidió interrumpir su embarazo acudió al colectivo granadino La Juani en busca de recursos y “apoyo psicológico” para no sentirse sola y desprotegida durante un proceso que, pese a estar despenalizado en España desde 2010, todavía carga gran estigma social y una larga lista de obstáculos burocráticos que dificultan su acceso público, gratuito y universal en algunas provincias, especialmente para las mujeres migrantes.
Ante esta situación e inspiradas por las redes de acompañamiento en América Latina, en España cada vez más mujeres se organizan para proveer apoyo físico, emocional o económico durante este procedimiento. La Juani, Médicos del Mundo, A Contracor o las miles de mujeres que sostienen a sus amigas, son sólo algunas de estas redes de acompañantes.
Validar, ofrecer recursos y acompañar abortos
“Nuestra labor es escuchar, validar, ofrecer recursos y acompañar” explican a Efeminista las integrantes de La Juani, colectivo feminista que desde octubre de 2020 tiende “una mano sin juicios” a las mujeres y sostiene “las emociones que van surgiendo” durante el aborto.
Ese fue el caso de Paula, que encontró en La Juani un “espacio seguro” donde compartir el peso de la rabia, el dolor, y desde donde hacer frente a los juicios y violencias con los que tropezó durante su aborto.
En España han abortado casi un millón de mujeres desde 2010, año en que se despenalizó hasta la semana 14. En 2021, ultimo año con datos del Ministerio de Sanidad, lo hicieron 90.189, unas 11 por cada 1.000 mujeres, es decir, una de cada cien. Cuatro de cada diez mujeres que pusieron fin a su embarazo ese año tenían entre 20 y 29 años.
Solamente el 15,66 % tuvo lugar en hospitales y centros sanitarios públicos. La mayoría (el 84 %) se siguen haciendo en instalaciones privadas mediante conciertos con la sanidad pública. Hay comunidades autónomas como Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde los hospitales públicos no notificaron ningún aborto en 2021.
El pasado 2 de marzo entró en vigor la reforma de la Ley de aborto en España, que introdujo una serie de modificaciones en la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para garantizar la prestación en centros sanitarios públicos, crear registro de objetores de conciencia o eliminar la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años.
Aunque habrá que esperar para ver los cambios que provoca esta reforma, hasta el momento sigue habiendo obstáculos para acceder al aborto universal, denuncia La Juani en base a los casi cincuenta acompañamientos que han realizado.
En estos tres años han encontrado que los plazos no se respetan, que los objetores de conciencia están bloqueando el acceso en hospitales enteros, que hay “lagunas de conocimiento alarmantes”, que falta perspectiva de género y diversidad y que muchas mujeres reciben “un trato insensible y negligente”.
Mujeres migrantes sin acceso al aborto
Algo parecido relatan desde Médicos del Mundo (MdM), que proporciona acompañamiento a mujeres migrantes y/o en situación de prostitución que quieren abortar para “cubrir emocionalmente lo que les esté ocurriendo y conseguir el acceso a este derecho”, explica a la trabajadora social de la ONG Begoña Pablos Criado.
“Los acompañamiento son fundamental para las mujeres con las trabajamos porque están en una situación de vulnerabilidad máxima“, asegura Pablos Criado.
En 2022 consiguieron facilitar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Madrid a 26 mujeres, de las cuales, 19 estaban embarazadas de puteros. “Tenemos que pelear mucho para conseguir que se realice un IVE”, explica la profesional, que admite que no siempre lo logran.
En Madrid, donde ella trabaja, encuentran un muro burocrático: muchas mujeres no pueden empadronarse para conseguir la tarjeta sanitaria porque o no cuentan con pasaporte en vigor o no pueden demostrar que tienen domicilio físico.
En estos casos, relata la técnica de Salud y Migración, necesitan un informe de vulnerabilidad de trabajo social para luego acudir a una de las siete unidades de tramitación que gestionan las tarjetas sanitarias en esta comunidad, donde “hay un colapso tremendo”.
Actualmente “están dando citas para dentro de tres meses”, asegura la profesional de MdM, lo que incumple los plazos de la ley del aborto y empuja a muchas mujeres a empadronarse en otras comunidades o a acudir a la sanidad privada para poder abortar.
“Un tema burocrático como es estar en situación irregular administrativa no puede impedir que se garantice un derecho universal como la sanidad“, asevera. Hasta 2012, la legislación reconocía el derecho a la atención sanitaria a toda persona extranjera que se encontraba en España. Sin embargo, el RDL 7/2018 omitió toda referencia a estas excepciones y abrió la puerta a interpretaciones restrictivas por parte de las administraciones autonómicas.
La ONG también acompaña IVE en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Euskadi, Navarra mediante labores de derivación, seguimiento pre y post intervención, sensibilización y apoyo psicosocial.
O haciendo de soporte frente a las situaciones de acoso que cada vez son más comunes a las puertas de las clínicas, señala preocupada Begoña Pablos.
Acompañar abortos voluntarios por motivos médicos
Hay ocasiones en las que existe un duelo gestacional y donde un buen acompañamiento emocional puede marcar la diferencia. Así lo hubiera deseado Cristina Romero, que en 2015 y 2016 pasó por dos abortos voluntarios por motivos médicos. Lo hizo sin apenas apoyo ni información y experimentando un gran sentimiento de culpa acrecentado por la objeción de conciencia y la falta de sensibilidad del personal sanitario.
“Ya bastante tenía con lidiar con todo lo que estaba pasando, como para escuchar que no me atendían por objeción de conciencia. Sientes que estas haciendo algo malísimo como para que no te quieran atender en un hospital público”, rememora.
Por eso, se juntó con otras ocho mujeres con “la misma sensación de haber estado muy solas” y fundaron A Contracor en 2020, una asociación que acompaña abortos por motivos médicos, personales o sociales.
“Ver que no estás sola, que lo que te está pasando a ti le ha pasado también a otra mujer y que tiene los mismos sentimientos que tú, ayuda mucho”, explica Romero.
Su objetivo es facilitar el duelo gestacional “de forma digna y acompañada” cuando las mujeres tienen esa necesidad y proporcionar apoyo online y telefónico para “poder hablar con alguien que ha vivido esa situación”, añade.
Amigas que acompañan
A estas redes de mujeres se suman las amigas que, como Sara, de forma anónima, en silencio y comprensión, brindan su mano a lo largo de todo el proceso.
“Fuimos con ella porque recomendaban que la persona que iba a abortar no fuese sola”, explica Sara, y para “cuidarla tras la intervención quirúrgica”, añade.
En el caso de su amiga, acudieron a una clínica privada en Madrid por derivación de la seguridad social. Recuerda que no fue un proceso agradable y que al entrar se encontraron a un grupo de personas con pancartas contra el aborto.
Todas las acompañantes coinciden en señalar la necesidad de garantizar una educación sexoafectiva integral, más formación y sensibilización al personal sanitario, combatir el discurso de odio hacia las personas que interrumpen su embarazo y garantizar el acceso universal y gratuito.
Aborto para todas
En este sentido, desde la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid critican que ni siquiera la reciente reforma de la ley del aborto garantiza que todas las mujeres y personas gestantes puedan acceder libremente al aborto, puesto que “ha dejado fuera a las personas migrantes en situación irregular”.
A pesar de suponer “un gran avance” en muchos sentidos, el texto tampoco establece “cómo se llevará a cabo la implantación de todas las medidas, ni como se van a salvar las diferencias territoriales que existe en la actualidad”.
Las estadísticas de Sanidad muestran que muchas mujeres se ven obligadas a desplazarse para interrumpir su embarazo, ya que doce provincias -Jaén, Huesca, Teruel, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Palencia, Ávila, Segovia, Soria, Zamora y Cáceres, además de Ceuta y Melilla- no notificaron en 2021 ningún aborto.
Sacar el aborto del código penal
Además, la Comisión exige que el aborto “deje de estar tipificado como delito en el Código Penal, excepto cuando se realiza contra la voluntad de la mujer”.
Actualmente la ley establece “la despenalización parcial de la interrupción voluntaria del embarazo a través de la combinación de determinados plazos y supuestos fuera de los cuales sigue estando tipificado como delito dentro del Código Penal (art. 145 y 145 bis)”, explica la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid.
Esto sigue provocando “inseguridad jurídica” en las mujeres que abortan, dificulta “que se normalice como atención sanitaria” y su “aceptación social”.
“Es imprescindible retirar el aborto voluntario del Código Penal y conseguir así el pleno reconocimiento de nuestro derecho a decidir”, insisten.
