Toluca, Méx., Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio en 2012 a manos de su esposo –quien se desempeñaba como policía judicial–, presentó al Congreso del estado de México una iniciativa de ley que obligaría al Ministerio Público a investigar toda muerte violenta de mujer con perspectiva de género, como lo mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2015. La activista aseguró haber constatado que en casi ningún estado del país se acata esa resolución.
De aprobarse la modificación al Código Penal mexiquense, la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM) deberá capacitar a todo su personal en materia de género. Además, la propuesta que Buendía presentó este martes contempla tipificar el delito de negación de la justicia por razón de género, lo que implicaría añadir el artículo 153 bis al Código Penal del estado de México.
Con ese ordenamiento se sancionaría a servidores públicos de los órganos de procuración y administración de justicia “que, estando obligados a investigar y/o sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de corrupción, omisiones, falencias, negligencias, o bien obstruya la investigación o la justicia, en perjuicio del derecho de la víctima a la verdad, la justicia y las reparaciones”.
Irinea Buendía luchó durante 13 años para que el asesinato de su hija fuera investigado y castigado debidamente, ya que en un inicio, la PGJEM determinó que Mariana se había suicidado. Sin embargo, Buendía siempre tuvo claro que su yerno, el policía judicial Julio César Hernández Ballinas, la asesinó, pues solía violentarla física y emocionalmente.
Tras una larga lucha jurídica, Irinea logró que, a través de una revisión a un amparo indirecto, la SCJN atrajera su caso, y luego de analizarlo ordenara a la FGJEM reabrir el caso e investigarlo con perspectiva de género. Entonces se descubrió que, en efecto, Mariana fue víctima de feminicidio.
Apuntó que en su sentencia la SCJN estableció el criterio de que toda muerte violenta de mujer debe ser investigada con perspectiva de género, pero “en la práctica esto no ocurre; las autoridades siguen investigando las muertes como si se tratara de homicidios dolosos, y no como feminicidios”.
Añadió que la SCJN estableció “lineamientos, criterios y protocolos que deben seguir las autoridades encargadas de investigar, pero no los siguen; así lo he podido comprobar en más de la mitad de las entidades del país, pues en la mayoría ni siquiera conocen la sentencia”.
Irinea Buendía destacó que la incidencia de muertes violentas de mujeres está en ascenso: de 2011 a la fecha se han documentado más de 175 mil 798 casos, 108 mil 594 de ellos en accidentes de los cuales no sabe si fueron provocados. En ese mismo periodo también se han reportado más de 40 mil feminicidios y homicidios dolosos de mujeres.
A diferencia de otras entidades, el estado de México permite a ciudadanos presentar iniciativas de ley. La diputada local Karina Labastida, del partido Morena, presidenta de la comisión legislativa de Seguimiento de Feminicidio y Desaparición, recibió la propuesta de Irinea, y la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Congreso mexiquense la selló de recibida.
En tanto, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo determinó que un cadáver encontrado calcinado en el municipio de Zacualtipán el pasado fin de semana corresponde a una mujer no identificada, por lo que inició una investigación con protocolo de feminicidio. Este es el quinto caso de feminicidio documentado en la entidad durante las últimas cinco semanas.
