Quintana Roo / Ana Cirilo (Por Esto).- Cuando María, de apenas 18 años, originaria del municipio de Felipe Carrillo Puerto, se enteró de que estaba embarazada de su padrastro, quien abusó de ella desde los 15 años, sintió que el mundo se le venía abajo. No sólo por ser víctima de violación, sino además por no poder abortar, ya que en Quintana Roo dicha práctica es ilegal.
«No importa si te violaron, te amenazaron, si no te sientes bien emocionalmente ni físicamente, en el Estado te obligan a ser madre, aunque ese bebé sea hijo del hombre que más odias en tu vida. Y aunque quisiera que ninguna mujer pasara lo que yo pasé, sé que seguirá pasando mientras no se despenalice el aborto», dijo en entrevista con Por Esto!
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Y es aunque estamos en pleno 2022, en Quintana Roo parece que en lugar de avanzar en este tema se retrocede, pues en 2009 la legislación sufrió una modificación con la «Ley Piña», cuando se eliminaron las únicas cuatro causas de aborto permitidas hasta entonces: cuando el embarazo era producto de una violación, si ponía en riesgo la vida de la mujer, si el producto presentaba una malformación o si el aborto era provocado por un accidente, por lo que ahora las mujeres que decidan abortar podrían ir a la cárcel.
El 21 de abril de 2009 la Legislatura aprobó por 18 votos contra seis la reforma constitucional que permitió el nacimiento de la denominada “Ley de Protección a la Vida”, presentada en comisiones por la ahora candidata a la Gubernatura, Laura Fernández Piña.
«Esta ley criminalizaba toda práctica. Sin importar las circunstancias, una mujer que abortara podría ir a la cárcel. Ahora las mujeres que fueron violadas, no sólo deben pasar por un difícil proceso psicológico, sino que además son vistas como asesinas», dijo Cinthya Estrada, líder del Colectivo Feminista Tulum.
María tuvo que acudir a una clínica clandestina para practicarse el aborto, en donde casi pierde la vida por un sangrado excesivo y la falta de protocolos de salubridad. Sin embargo, consideró que hubiera preferido morir antes de tener un hijo producto de los abusos de su padrastro.
«Vengo de una comunidad maya en donde no hay mucho acceso a la salud. Tuve que viajar a Playa del Carmen para practicarme el aborto, pero era una clínica clandestina en donde había mínimas medidas de higiene, aunque yo tenía claro que prefería morir antes de tener un hijo del hombre que más daño me ha hecho», continuó.
Después de tantos años de criminalización, los colectivos feministas de Quintana Roo se organizaron para presentar una propuesta legislativa en marzo de 2021 para modificar la Constitución Estatal y despenalizar el aborto, sin embargo, ésta fue rechazada por el Congreso Local.
«Es la primera vez que una iniciativa en torno al aborto en Quintana Roo avanzó al punto de ser rechazada, esto sucedió después de la prohibición de 2009. Lo intentamos en ese entonces, no se pudo, así que no nos dimos por vencidas», aseguró la abogada e integrante de la Red Feminista Quintanarroense, Ariadne Song.
Al menos cinco mujeres están encarceladas por abortar
De acuerdo con datos de la Red Feminista Quintanarroense, al menos cinco mujeres permanecen en la cárcel por abortar, y aunque han presentado amparos para reabrir su juicio, esto no ha sido posible.
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registra de 2019 a 2021, 35 delitos por aborto, en el cual están incluidos hombres y mujeres, pero no se sabe cuántos han salido en libertad.
«Las mujeres son criminalizadas en todo momento, no hay mecanismos para que puedan salir libres, ni siquiera les importa qué dice la ley a nivel Federal, tampoco los Derechos Humanos que se están violando», continuó Song.
Carolina Román, de 23 años y originaria de Chetumal, tuvo que viajar a Ciudad de México para abortar legalmente, Entidad donde la práctica se despenalizó en 2007, por lo que tuvo que recurrir a sus papás para poder viajar y no ser criminalizada.
«A veces me pregunto qué hacen las mujeres que no tienen los recursos para viajar a otros Estados en donde el aborto es legal. Gracias al apoyo de mi familia reuní el dinero necesario para ir a la capital y ser atendida dignamente. Yo no quería tener a mi hijo, porque venía con una malformación y sólo vendría a sufrir, por lo que decidí mejor no tenerlo», dijo en entrevista con Por Esto!
El caso de Sac-Nicté Pool Mayorga, una mujer maya de 22 años que fue encarcelada tras ser acusada de abortar, pese a que fue por un parto prematuro y no voluntario, tomó relevancia a nivel mundial, por lo que después de unos días fue liberada.
«Imagínate una madre soltera de una niña de un año y medio y de un menor estaba recluida en el Cereso como una criminal. Si ella no fue culpable de nada, lo peor es que casos como el de ella se ven todos los días y nadie hace nada», comentó Estrada.
Despenalización del aborto de la SCJN no se respetó en la Entidad
Pese a que el 7 de septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto en todo el país, en el Estado no ha habido grandes avances, pues la Entidad sigue criminalizando a las mujeres por interrumpir su embarazo.
Y aunque en el pasado mes de septiembre, colectivos feministas presentaron una iniciativa ante el Congreso de Quintana Roo para la despenalización del aborto en el Estado, no han tenido una respuesta clara por parte de las autoridades, pues cuando una mujer se presenta en alguna clínica para interrumpir su embarazo, los centros médicos le siguen avisando a las fiscalías locales sobre la situación.
“Metimos el 24 de septiembre de 2021 una iniciativa para la despenalización del aborto, nos pidieron unos requisitos de acuerdo con la ley de participación ciudadana, estamos a la espera de que suba al poder legislativo y sea analizado, pero no hay avances”, detalló Song.
La Red Feminista Quintanarroense denunció que el Estado tiene cero disponibilidad para acatar la orden de la SCJN, pues inclusive se les ha negado a las adolescentes abortar de una forma segura, por lo que han recurrido al colectivo feminista para conseguir un amparo.
“Cuando las menores de edad acuden a los servicios de salud y hay sospecha de que iniciaron el procedimiento con medicamentos para interrumpir su embarazo, inmediatamente el médico de guardia le avisa a la Fiscalía General de Quintana Roo y siguen criminalizándolas, hasta que buscan una asesoría jurídica con nosotras, porque no las pueden encerrar aunque esté penado en el Estado”, dijo.
«Me gustaría decirle a todas las mujeres que no están solas, que no deben tener un hijo si no lo quieren, y aunque el camino parece difícil, seguiremos en la lucha hasta que el Estado despenalice el aborto. Hemos perdido varias batallas, pero no la guerra, porque siempre y cuando estemos vivas, seguiré luchando para que ninguna mujer pase lo que yo pasé», finalizó María.
