La Máxima Tribuna de la República desechó la acción de inconstitucionalidad que presentó la Ombudsperson Rosario Piedra Ibarra
Parara que los violentadores no sean funcionarios ni representantes populares: Patricia Olamendi
Mérida, Yucatán.- Para las elecciones 2024, ningún deudor alimentario podrá ser postulado a cargos de elección popular o ser designados para ocupar cargos en cualquier orden de gobierno, pues el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió avalar la constitucionalidad de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad el pasado 31 de mayo.
Durante la sesión de hoy martes en la Máxima Tribuna de México, nueve de 11 ministros resolvieron desechar la acción de inconstitucionalidad 98/2022 promovida por la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, quien demandó invalidar diversas disposiciones a las leyes de la Comisión de Derechos Humanos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, Transparencia, Acceso a la Información Pública, Partidos Políticos y el Código de la Administración Pública, todas de Yucatán, en el tema de deudores alimentarios.
Entrevistada sobre el tema, la diputada Carmen González Martín, una de las promoventes de la iniciativa ciudadana, señaló que el dictamen nunca vulneró los derechos humanos, como expuso la Ombudsperson, pues en todo momento se buscó elevar el nivel de la ética pública de quienes hoy ocupan algún cargo de elección o designación.
«Lo que busca es proteger los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, no solo de las mujeres sino de todos en general», comentó la presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La legisladora por el Distrito 13 mencionó que la reforma fue respaldada por la sociedad civil y activistas como María Eugenia Núñez Zapata, de la Agenda Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY); la fallecida Sandra Peniche Quintal, de Observatoria MX, la doctora Patricia Olamendi e Yndira Sandoval, de Las Constituyentes, quienes pidieron que cualquier aspirante a ser funcionario público tenga una moral y una ética intachable.
Ya en el pleno del Poder Legislativo, recordó, el dictamen fue aprobado por unanimidad por diputados y diputadas de las fuerzas políticas del PAN, Morena, PRI, Nueva Alianza Yucatán y Movimiento Ciudadano.
Además, la minuta del Poder Legislativo consiguió el aval de 97 de los 106 cabildos de Yucatán por lo que consiguió la constitucionalidad antes de que se publique en el Diario Oficial del gobierno del Estado de Yucatán.
La diputada Vida Gómez Herrera, otra promovente de la iniciativa ciudadana, señaló que con los votos de nueve ministros de la Máxima Tribuna de México se resolvió un tema tan importante para garantizar la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.
«Lamentable que no todas las voces puedan estar en favor. Sin embargo, hay que destacar que está norma es válida y ya pasó este punto que nos traía un poco a la expectativa respecto a la aplicación. La (iniciativa) la defendimos en todo momento, lo seguiremos haciendo y hay que estar muy pendientes de cómo se va implementado, porque en el 2024 traemos un proceso electoral», comentó.
La también presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género de la Legislatura 63 reconoció el trabajo de las activistas Patricia Olamendi Torres e Yndira Sandoval, quienes estuvieron en Yucatán para acompañar este proceso y fueron parte fundamental junto con la Secretaría General del Congreso del Estado para que esta norma se redactará con el blindaje de ser constitucional y una acción afirmativa en favor de las mujeres y que ningún violentador llegue al poder público.
La iniciativa, recordó, se presentó con el respaldo de firmas de muchísimos ciudadanos y universitarios se sumaron, pues la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) llevó las pláticas a las universidades y espacios públicos. Además, las integrantes previo y posterior aprobación de la iniciativa hicieron un acompañamiento a los legisladores, así como la movilización con otras colectivas feministas de México y legisladores del Congreso de la Unión para presentar las acciones jurídicas para defender la constitucionalidad de la 3 de 3.
En Twitter, la doctora Patricia Olamendi Torres, principal promotora de limpiar el poder público de violentadores, agresores y deudores alimentarios, expresó en su cuenta de Twitter que lamentó las “posturas arcaicas” de los ministros Javier Laynes Potisek y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes votaron en favor de desechar la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH.
El Sol de México informó el proyecto, a cargo de la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, fue aprobado por nueve votos a favor y dos en contra. El ministro Javier Laynez se pronunció a favor de resolver la problemática social de la omisión del pago de alimentos, sin embargo, apuntó que no tiene que ser a través de “limitar el requisito de acceso al cargo”.
Los ministros que votaron en contra fueron Juan Luis González Alcántara y Javier Laynez Potisek.
La acción de inconstitucionalidad 98/2022 fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alegando que con las reformas a diversas disposiciones de las leyes de la Comisión de Derechos Humanos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Partidos Políticos, y del Código de la Administración Pública aprobadas por el Congreso de Yucatán son discriminatorias, limitan el derecho a ser votado y de acceso a un cargo en el servicio público.
Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la SCJN, detalló que la Ley Sabina “no es una prohibición absoluta, sino una condición con una finalidad constitucionalmente válida”.
La promoción de la acción de inconstitucionalidad el 7 de junio de 2022 fue criticada por colectivos feministas, quienes acusaron a Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, de proteger a deudores alimentarios por buscar invalidar la Ley Sabina e incluso solicitaron su renuncia.
