Activistas han declarado que la Fiscalía de Chiapas construyó delito para detener a indígenas tzeltales en el caso Dylan
“Exijo la liberación de mi madre y la aclaración de la muerte de mi padre. Ya apareció el niño Dylan y doy gracias a Dios. Pero la Fiscalía no actuó bien”. Enereida Gómez es hija de Adolfo y madre de cinco de los 23 niñas y niños que fueron puestos a disposición del DIF.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas / Mariana Morales Velázque (CIMAC Noticias).- La Fiscalía General de Chiapas creó una serie de evidencias para detener y acusar a mujeres tzetales de los Altos de Chiapas de encabezar una supuesta red de trata de menores de edad con fines de explotación laboral; la realidad, es que era una familia numerosa y pobre, que dejó la comunidad Chigtón para vivir y vender ámbar en los andadores turísticos de San Cristóbal de las Casas.
En conferencia de prensa este miércoles, Patricia Arcil Santos, representante de la “Colectiva La Cereza”, una organización que revisa los casos de mujeres presas en Chiapas, informó que revisó las tres carpetas de investigación que la Fiscalía del estado usó para acusar a estas indígenas, encontró oficios inventados, testigos que nunca se presentaron a ratificar su declaración, abogados de la Fiscalía que no dieron asesoría a las indígenas y un apoyo incondicional del DIF estatal para separar a estas niñas y niños de sus madres hoy encarceladas.
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Tras leer los expedientes, la abogada concluyó que fue fabricación del delito para buscar culpables, “la fabricación de delitos que sirven para criminalizar familias indígenas”, señaló.
Esta historia inició cuando las autoridades buscaban al niño Dylan Esaú Pérez, quien desapareció en San Cristóbal de las Casas el 21 de julio de este 2020. La Fiscalía informó que mientras buscaban a este menor de edad descubrieron una supuesta red de trata de personas que operaba en San Cristóbal de las Casas, culparon a tres mujeres indígenas quienes dijeron, ponían a vender artesanías a 23 niñas y niños, pero Patricia Arcil muestra que la realidad era otra.
Una de las detenciones por la supuesta red de trata fue contra el indígena Adolfo Gómez Gómez. El 15 de julio, mientras vendía ámbar en las calles de San Cristóbal, horas más tarde su ex esposa, Josefa Sánchez, se enteró de esta detención y lo buscó en la Fiscalía de Justicia Indígena, pero al llegar también la detuvieron.
Cuando la abogada Patricia Arcil revisó los expedientes, encontró que las acusaciones que señalaron que Adolfo conocía a la mujer que se había llevado a Dylan, se presentaron después que lo detuvieron.
La primera acusación es una declaración no ratificada, la otra viene de un policía antisecuestro que dice haber vigilado a Adolfo, y la última, es un oficio inventado en el que vecinos acusan al indígena de andar con varios niños que no son sus hijos.
La abogada también descubrió que ni Adolfo ni Josefa, ya presos en el penal estatal de San Cristóbal de las Casas, fueron asistidos por un abogado de oficio. Lo que sucedió después, fue la detención de las tres indígenas a quienes la Fiscalía presentó ante los medios de comunicación como integrantes de una red de trata de menores de edad.
Estas tres mujeres eran María Hortencia Gómez Sánchez, hija de Adolfo, Maribel Gómez y Juana Montejo, ambas nueras de Adolfo, todas fueron detenidas en la casa donde vivían con 23 menores de edad, algunos hijos de ellas y otros de los detenidos, Adolfo y Josefa. Actualmente las y los niños se encuentran resguardados en el DIF estatal en Tuxtla Gutiérrez.
Mientras esta detención sucedía, a Adolfo lo asesinaron en la cárcel “porque no pagó una cuota que le pedían otros reclusos”, aseguró su hija durante la conferencia Enereida Gómez Sánchez, quien narró que lo peor sucedió cuando iban a enterrarlo porque ese mismo día, agentes de la Fiscalía regresaron a la vivienda y se llevaron el refrigerador, cilindro de gas, estufa y una caja de ámbar que con esfuerzo habían comprado.
Enereida afirmó que sí trabajan vendiendo artesanías, pero no explotan a sus hijos e hijas, “llevamos a los hijos de acompañantes porque vivimos al día, somos pobres pero honrados, eso de que los ponemos a trabajar es una mentira”.
Por su parte, el padre de Juana (una de las detenidas), Roberto Montejo, dijo que por más que han presentado las actas de nacimiento de siete menores de edad que son sus nietos, el DIF no se los quiere entregar.
“La licenciada María Cruz no los quiere entregar porque no cree que somos abuelos”, dijo decepcionado. Por ahora, la abogada Patricia Arcil dijo que el caso fue presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que junto a otras organizaciones como Melel Xojobal A.C y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) pugnan para que el caso sea traído por la Fiscalía General de la República pues tras la fabricación del delito estas mujeres siguen en la cárcel.
