Lideresas indígenas y feministas exigen escuchar demandas de mujeres para regular actividades empresariales en Latam y El Caribe
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Bogotá, Colombia / Esther de la Rosa (Cimac).- En el marco del séptimo Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos que se celebró hasta el pasado 15 de julio en Bogotá, Colombia, lideresas indígenas y feministas de la región elevaron una voz crítica sobre la necesidad de incluir de forma sustantiva a las mujeres en su diversidad en las medidas que se tomen en torno a las actividades empresariales en los territorios de América Latina y El Caribe.
El Foro Regional, convocado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se presenta como el “evento más relevante” para discutir sobre la situación de los derechos humanos en América Latina y El Caribe, y su relación con la actividad empresarial.
No obstante, la sociedad civil y feministas presentes en el foro han alzado voces críticas sobre su incapacidad para poner en marcha mecanismos nacionales e internaciones que regulen las actividades de las corporaciones transnacionales y su vinculación con violaciones de los derechos humanos y medioambientales.
“Guatemala es un país configurado por un proceso de despojo a los pueblos originarios y por un proceso de exclusión de las mujeres indígenas”, afirmó la lideresa maya Juana Toledo, del Consejo de Pueblos Wuxhtaj de Guatemala, durante uno de los paneles dedicado a la inclusión de la perspectiva de género en procesos de rendición de cuentas empresarial. “Las mujeres cuidamos la tierra y estamos al frente de la defensa del territorio ante las actividades extractivistas de las corporaciones, y por ello sufrimos una mayor criminalización y acoso e incluso, acabamos siendo asesinadas”, añadió.
Para regular las actividades empresariales, la lideresa señaló que desde las comunidades se apoya el proceso del tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas que se negocia en Naciones Unidas entre estados, representantes empresariales y sociedad civil.
Desde hace una década, organizaciones y personas defensoras de la región y de todo el mundo reivindican este tratado para disponer de un mecanismo jurídico vinculante que ponga fin a la impunidad de las empresas, que prevenga los abusos y violaciones a los derechos humanos, y que establezca mecanismos eficaces para remediar y compensar a las comunidades afectadas por las actividades empresariales.
En Colombia —país que acogió el Foro—, un informe indicó que solo entre 2020 y 2021 se dieron 58 ataques a personas defensoras, de los cuales 23 fueron hacia personas que se oponían a proyectos de gas, petróleo y carbón. Mary Lawlor, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras, remarcó en el prólogo de dicho informe la importancia de evaluar “cómo las compañías tienes un impacto en las personas defensoras en zonas de conflicto”.
Sobre el tratado vinculante, Alejandra Scampini —otra de las panelistas y responsable de incidencia de la organización PODER (México)— se refirió a las “Feministas por un Tratado Vinculante”, una coalición de más de 30 organizaciones de todo el mundo articuladas para incluir en el tratado las visiones feministas desde la diversidad: “Las feministas hemos logrado que el texto del tratado pase de ser un texto neutral a uno que incluya la participación activa de las mujeres, el derecho de consulta, el rol de las defensoras y mecanismos específicos para su protección, y una serie de medidas para garantizar la igualdad sustantiva”.
Las feministas ponemos sobre la mesa conversaciones incómodas. Somos las que cuestionamos el modelo de desarrollo, las que cuestionamos el rol de las empresas y la captura corporativa de espacios de toma de decisiones, como hemos visto con lo que han hecho las grandes farmacéuticas en su oposición a liberar las patentes de las vacunas de la COVID-19, y que acaban siendo las que deciden quién puede vivir o no, mencionó Alejandra Scampini.
Juana Toledo también señaló que la “captura corporativa”, o cómo las empresas ejercen una influencia indebida en los espacios de toma de decisiones nacionales e internacionales, es uno de los “obstáculos y frenos” que impide la regulación de las actividades empresariales, sobre todo de las transnacionales que operan en países del Sur global.
Toledo, quien también forma parte de la junta directiva de la Red Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) —organización que integra a 300 movimientos sociales y organizaciones de todo el mundo—, enfatizó la necesidad de que los Estados de Latinoamérica y El Caribe participen activamente en el proceso del tratado vinculante, cuya negociación proseguirá de nuevo en Ginebra (Suiza) a finales de octubre de este año.
Juana Toledo también expresó la preocupación de las organizaciones de la Red-DESC por el formato de las negociaciones del tratado, en el que participan actores empresariales: “La ONU lo llama participación política de las empresas, pero es captura corporativa, y un espacio como la ONU no debería de estar capturado. Pedimos que no se abra la participación de las empresas para que puedan influir en las decisiones o argumentar a favor de los derechos humanos, sino que su participación se limite a recibir orientación e información basada en las demandas de las comunidades afectadas, incluyendo las de las comunidades indígenas, en general, y las de las mujeres indígenas en particular”.
