El juez ordenó la suspensión definitiva del Pin Parental mientras se analiza el amparo y se resuelve la acción de inconstitucionalidad presentada por la CEDH de la entidad, la cual está pendiente en la SCJN.
México (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil lograron un amparo para evitar la aplicación del pin parental en el estado mexicano de Aguascalientes, informaron este lunes en conferencia de prensa.
“Es un amparo que busca proteger el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en ese estado”, afirmó Alex Alí Méndez, coordinador de litigio y documentación de casos en la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire).
De acuerdo con tales organizaciones, en enero de este año comenzaron a presentarse en México iniciativas para reformar las leyes de educación en diversos estados.
El objetivo de estas reformas es obligar a los centros educativos a informar a madres, padres y tutores sobre el contenido de las actividades escolares que versen sobre moralidad.
“Esto es conocido como el pin parental, aunque en la legislación no se establece tal cual”, afirmó Eugenia Solís Terán, consultora en materia de género y derechos humanos en mujeres en diferentes institutos.
El pin parental es una herramienta que emula la función de un código o contraseña para proteger un dispositivo de forma que solo las personas autorizadas puedan acceder a la información, pero en este caso es aplicado a la educación.
A finales de mayo pasado, una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del estado mexicano de Nuevo León abrió la puerta a la adopción de esta herramienta, que se aprobó en el central estado de Aguascalientes
El 3 de agosto pasado, organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo contra el pin parental en ese estado argumentando que representa una serie de problemas y violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
El 1 de septiembre un Juez federal ordenó la suspensión definitiva del pin parental en dicho estado porque “puede violar el derecho a la educación y la no discriminación”.
Esto obligó a las autoridades educativas a abstenerse de informar a madres, padres y tutores las fechas en las que se darán contenidos y actividades que versen sobre la moralidad, sexualidad y valores, así como de obtener su consentimiento.
Según Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), este tipo de reformas afecta el ejercicio del derecho a la educación, la salud y la libertad de expresión de los niños, niñas y adolescentes.
Además, contraviene el interés superior de la niñez al permitir que las madres y padres de familia determinen el contenido y las características de la educación con base en sus opiniones personales.
Del mismo modo, vulnera el propósito de las escuelas de construir un espacio seguro para que niñas y niños hablen de todos los temas y obtengan herramientas para tomar decisiones sobre su vida, acceder a servicios a los que tienen derecho, reconocer violaciones a sus derechos, desarrollarse libre y plenamente y respetar la diversidad.
“Confiamos en que esta discusión pueda no solo proteger las garantías constitucionales sino establecer que niñas, niños y adolescentes tiene una equivalencia humana y no pueden ser considerados como inferiores”, afirmó.
Hasta ahora, en otros estados como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Veracruz existen iniciativas similares formalmente presentadas.
En julio la Secretaría de Gobernación señaló que este tipo de reformas “despojan al Estado de su rectoría constitucional para definir (los contenidos educativos) y son inconstitucionales”.
Señaló además que de darse ese uso quedaría afectado al Interés Superior de la Niñez al impedir que niñas, niños y adolescentes reciban educación sexual y reproductiva, además de que se oponen a una educación laica y científica.
