Ciudad de México / Edith González Cruz.- A tres años de la detención arbitraria de Kenia Hernández, mujer indígena amuzga, abogada y defensora de derechos humanos, recluida en un penal de máxima seguridad, y luego de varias misiones de observación sobre las condiciones carcelarias, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos exigen al gobierno federal y del estado de México su liberación inmediata y la reparación integral por los daños cometidos.
“El caso de Kenia Hernández es un ejemplo del hostigamiento que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en México, marcado por un uso indebido del derecho penal para judicializar a las personas defensoras, así como por la criminalización de la protesta social”, señalan las organizaciones en un comunicado trinacional (Ginebra, París y México).
La defensora de derechos humanos enfrenta 11 procesos en su contra como represalia a su labor por la defensa de la tierra y el territorio, de los derechos de las mujeres, y de los pueblos indígenas. Entre ellos, dos sentencias que suman más de 20 años en prisión en el Estado de México, por el delito de “robo con violencia” y otros nueve procesos federales por el supuesto delito de “ataques a las vías generales de comunicación”, tres de los cuales han sido suspendidos.
Luego de tres misiones de observación, 11 organizaciones globales de derechos humanos concluyeron que al menos 13 de sus derechos habían sido violados, entre ellos su derecho a la salud, a la no discriminación y a un juicio justo, entre otros.
Al respecto, la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas expresaron su preocupación por la “constante apertura de procesos de investigación con la finalidad de mantenerla privada de libertad”, así como a las constantes irregularidades en su proceso, como el negarle la participación presencial en sus audiencias, el derecho a la interpretación en idioma amuzgo y el impedimento a sus familiares para las visitas, a las que por ley tiene derecho. Incluso, Kenia ha sido sujeta a situaciones extremas de aislamiento a través del desalojo de un pabellón de 29 celdas para garantizar su reclusión en total aislamiento, al ser considerada una “interna peligrosa”. Para denunciar estas irregularidades, la defensora ha tenido que realizar dos huelgas de hambre, la primera el 17 de mayo de 2021, que duró 21 días, y la segunda el 17 de octubre de 2021, que mantuvo durante 61 días, profundizado su situación de vulnerabilidad y riesgo.
Un proceso lleno de irregularidades
A lo largo de tres años de privación arbitraria de su libertad en el CEFERESO No. 16 – único penal femenil de máxima seguridad en México– Kenia ha sufrido:
- Impedimiento a la participación presencial en sus audienciasDiscriminación basada en su género
- Discriminación basada en su etnia y derecho a la interpretación en idioma amuzgo
- Restricciones en su acceso a consultas médicas
- Restricciones al agua potable
- Aislamiento obligatorio
- Estricto control en su correspondencia, lo que ha impedido trasladarle insumos
- Restricciones a las reuniones con su defensa jurídica y a la visita de familiares y organizaciones de derechos humanos que acompañan su caso.
En su comunicado, las organizaciones firmantes señalan que la privación de la libertad de Kenia Hernández, en cuanto madre y único sustento de sus hijos menores de edad, vulnera las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas (Reglas de Bangkok), particularmente las Reglas 4, 26 y 64, las cuales requieren que las mujeres detenidas sean enviadas a centros de reclusión cercanos a su hogar teniendo presentes sus responsabilidades de cuidado de otras personas; la facilitación por todos los medios razonables del contacto con sus familiares, incluidos sus hijos; y la preferencia por imponer sentencias no privativas de la libertad a mujeres que tengan hijos a cargo.
En este tercer aniversario de la detención arbitraria de Kenia Hernández, las organizaciones firmantes urgen a las autoridades competentes a anular las condenas que pesan en su contra, ya que parecen tener como único objetivo obstaculizar su labor en defensa de los derechos humanos, a garantizar medidas de reparación por los daños causados y a garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Kenia Hernández.
El año pasado, en conferencia matutina del 30 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la activista amuzga y afirmó que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, se reunirían con su defensa.
Hubo un primer acercamiento, pero sin resultados, ya que la parte acusadora, CAPUFE – organismo público descentralizado del gobierno federal- se niega a cualquier tipo de resolución o acuerdo reparatorio. Además de CAPUFE, la empresa privada OHL (ajora Aleatica) también ha promovido denuncias contra Hernández Montalván. La empresa interpuso una demanda por el robo de un celular, una cartera y 500 pesos, por la que la activista fue condenada a 11 años de prisión.
Represalias por su activismo
Kenia Inés Hernández Montalván fue detenida arbitrariamente el 18 de octubre de 2020 en la caseta de Amozoc, Puebla, acusada de “robo con violencia armada”, así como “ataques a las vías de comunicación en pandilla” en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses. En su detención, participaron 22 elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía General del Estado de México, quienes en ningún momento le presentaron orden judicial ni le informaron la razón de su detención.
Durante el proceso de detención fue sometida a malos tratos y violencia física. Su familia y defensa legal no tuvieron comunicación con ella hasta la mañana siguiente, el 19 de octubre de 2020, cuando se conoció su paradero y se anunció que estaba detenida en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Posteriormente, el 25 de octubre, fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Femenil (CEFERESO) No. 16, Morelos, un penal de máxima seguridad por ser considerada ‘una persona que pone en riesgo a la sociedad porque se manifiesta mucho’, de acuerdo con una solicitud de la Fiscalía General de la República y a la representante de CAPUFE.
Kenia Hernández, originaria del municipio de Xochistlahuaca, en Guerrero, siempre ha trabajado a favor de su comunidad. A los 16 años ya alfabetizaba a mujeres en la montaña baja de Guerrero, luego, ya siendo abogada, inició su camino en la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios. Fue coordinadora del “Colectivo Libertario Zapata Vive” y cofundadora del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPEG). Brindaba acompañamiento a las personas afectadas por las actividades de empresas extractivas multinacionales en el territorio mexicano, a personas injustamente privadas de su libertad y a familiares de víctimas de feminicidio.
Las organizaciones firmantes son: Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos; el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”; ACAT Francia; CIVICUS Global Alliance; Cultural Survival Front Line Defenders (FLD); Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras); ProDESC; Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
