Ciudad de México.- El Senado de México debe asegurar protección a las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia, según lo manifestó hoy una coalición de organizaciones de derechos humanos. Se espera que, en breve, el Senado vote una serie de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La minuta que se aprobó en la Cámara de Diputados en diciembre de 2020, no incluyó medidas que se necesitan para extender las protecciones previstas en la norma a las mujeres con discapacidad.
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“El Senado de México tiene la oportunidad de dejar en claro su compromiso con la protección igualitaria de las mujeres con discapacidad que han sobrevivido a hechos de violencia”, expresó Maryangel García Ramos Guadiana, de Mexicanas con Discapacidad. “El Senado debe votar a favor de reformas que garanticen el acceso a la protección, la justicia y los servicios a todas las mujeres por igual”.
El 5 de febrero de 2021 un grupo de organizaciones de derechos humanos presentó a la senadora Malú Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, un conjunto de recomendaciones sobre reformas a la ley.
En las recomendaciones, se insta a asegurar que en la minuta se incluyan disposiciones sobre ajustes para las mujeres con discapacidad; principios orientadores para hacer frente a la discriminación interseccional – es decir, aquella basada en más de una característica; medidas para que las mujeres con discapacidad puedan escapar de sus agresores; y la exigencia de que los Centros de Justicia para las Mujeres brinden medios accesibles de comunicación a las mujeres que los necesiten.
Las organizaciones son Human Rights Watch; el Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad; Equis: Justicia para las Mujeres; Documenta; Mexicanas con Discapacidad; Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad; Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, A.C. y Yo También A.C.
Las investigaciones realizadas por Human Rights Watch y otras partes han concluido que la mayoría de los refugios y otros servicios destinados a sobrevivientes de violencia son inaccesibles para las personas con discapacidad. Según datos de un estudio oficial del Instituto Nacional de las Mujeres, el 80 % de los refugios para víctimas de violencia doméstica no son íntegramente accesibles para las mujeres con discapacidad. Los albergues en México incluyen 44 Centros de Justicia para las Mujeres, en los que se brindan servicios adicionales. En un informe publicado en junio de 2020, Human Rights Watch determinó que muchos de ellos no eran accesibles.
En la actualidad no hay requisitos legales específicos de que los Centros de Justicia u otros refugios tengan que ser accesibles. Según lo señalaron las organizaciones, las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un paso que contribuirá a que esa situación cambie.
“El gobierno mexicano promueve el mensaje ‘No estás sola’ en los medios de comunicación, en un intento por asegurar a las mujeres que sufren violencia que hay asistencia a la que pueden acceder”, expresó Katía D´Artigues, fundadora de la organización Yo También, que promueve los derechos de las personas con discapacidad.
“Sin embargo, para las mujeres con discapacidad, esta frase pierde plausibilidad porque la mayoría de los servicios son inaccesibles”.
“La accesibilidad implica mucho más que una rampa en el ingreso a un refugio”, explicó Carlos Ríos Espinosa, investigador y abogado sénior sobre derechos de las personas con discapacidad en Human Rights Watch. “Las mujeres con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan apoyo para tareas esenciales, deben tener acceso igualitario a refugios y protección. En algunos casos, esto implica que los refugios les brinden ayuda para que puedan dejar al agresor”.
“Las mujeres con discapacidad que sobreviven a hechos de violencia enfrentan graves obstáculos para obtener a servicios y justicia debido a información y comunicaciones que son inaccesibles”, señaló Yereli Rolander del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad.
Rolander desarrolló la primera aplicación de telefonía celular para mujeres con discapacidad en México que son víctimas de violencia. Se llama App Morada y les permite obtener información sobre servicios en formatos accesibles.
Las reformas propuestas también asegurarían la accesibilidad del sistema de justicia penal, algo que en la actualidad se encuentra en una instancia muy rudimentaria o, en muchos estados de México, directamente está ausente. Según un informe de 2015 elaborado por Equis: Justicia para las Mujeres, una organización de derechos de la mujer que tiene una fuerte presencia, la mayoría de los estados de México no capacitan a los funcionarios judiciales sobre los derechos de las personas con discapacidad. Apenas 9 de los 32 estados ofrecen algún tipo de formación, e incluso en aquellos que sí lo hacen, no tiene carácter generalizado. Por ejemplo, en la Ciudad de México en 2015 la capacitación consistía en apenas 12 horas al año.
“El gobierno mexicano no ha asegurado el acceso a la justicia para muchas mujeres en México y, en muchos sentidos, esto ha excluido por completo a las mujeres con discapacidad”, apuntó Fátima Gamboa, codirectora de Equis.
“Las reformas que se proponen garantizarían los ajustes a los procedimientos para que las mujeres con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en las investigaciones, las audiencias, los procesos y otros pasos indispensables para acceder a la justicia”.
A su vez, las mujeres con discapacidad pueden enfrentar discriminación por parte de policías, investigadores u otros funcionarios de aplicación de la ley.
“Los funcionarios de la justicia a menudo cuestionan que las mujeres con discapacidad puedan tomar decisiones o hablar con claridad sobre la violencia que han experimentado, e incluso les niegan la oportunidad de presentar una denuncia”, indicó Diana Sheinbaum, coordinadora del Programa Discapacidad y Justicia de Documenta.
“El proyecto de ley podría cambiar esta situación al establecer de manera muy clara la obligación de las autoridades de aplicación de la ley de cerciorarse de que las mujeres con discapacidad puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones con las demás mujeres”.
