Friné Salguero Torres es directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir en México.
México | La reciente despenalización del aborto por el Congreso del estado de Veracruz, en México, es un paso fundamental en la lucha por la autonomía de las mujeres y personas gestantes para decidir sobre sus propios cuerpos. Es innegable el efecto que ha tenido la lucha de los grupos feministas, la influencia de la llamada marea verde, el creciente número de aliadas y aliades dentro de los Congresos locales, la paridad política entre hombres y mujeres, los medios de comunicación con posturas progresistas, la academia y otros frentes.
La primera despenalización del aborto en México se logró en abril del 2007, en el entonces Distrito Federal —hoy Ciudad de México (CDMX)—. Desde entonces a junio de 2021, 237,643 mujeres han abortado de forma segura en los servicios públicos de la capital mexicana. Durante los 14 años posteriores, a pesar de la lucha de activistas feministas, no se lograron despenalizaciones en otros estados.
Sin embargo, en los últimos cuatro años hemos podido ver más de 100 iniciativas pasar por los diferentes Congresos locales para garantizar el aborto, y tres entidades más que han conseguido despenalizarlo: Oaxaca en 2019, Hidalgo el 30 de junio de este año y Veracruz el 15 de julio.
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A pesar de los avances en los marcos normativos, en el resto del país y aún en las entidades que ya han despenalizado el aborto falta mucho por hacer. Para seguir empujando la despenalización del aborto en todo el país, y garantizar los derechos sexuales y reproductivos, es necesario formar una masa crítica de jóvenes líderes en los estados, con herramientas para incidir en las políticas públicas relacionadas con esos derechos.
Debe haber juventudes activistas formadas con información veraz y oportuna, con herramientas de incidencia política que les permita involucrarse en el movimiento de despenalización del aborto, y que cuenten con todos los elementos para exigir —desde sus contextos y su propia voz— la garantía de sus derechos sexuales y Reproductivos. En algunos estados, son las colectivas de activistas quienes se han vuelto referentes en la lucha por estos derechos y han hecho posible el avance de la despenalización del aborto.
Para Veracruz esta despenalización es un paso importante y urgente, dado que es el tercer estado más poblado del país y el sexto con un mayor desplazamiento de mujeres a la CDMX para acceder al servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Según datos de la secretaría de Salud de CDMX, de las más de 72,000 mujeres de todo el país que han viajado a la capital para acceder a un aborto, 569 son de este estado.
Después de la despenalización del aborto en CDMX, en Veracruz —así como en 19 estados hasta 2019— grupos conservadores y antiderechos han tratado de frenar estos avances e impulsaron reformas constitucionales locales para la “protección” de la vida desde la concepción, como una medida para obstaculizar los derechos de las mujeres. Estas reformas legales sirvieron para causar confusión jurídica, pues en realidad nunca contravinieron el derecho al acceso a la interrupción del embarazo por las causales ya establecidas (violación, por ejemplo), y como se ha demostrado en los casos de Oaxaca y Veracruz, tampoco representan un impedimento legal para la despenalización del aborto.
Pese a la reciente ola de despenalización del aborto en los estados ya mencionados, aún hay grandes pendientes para lograr que mujeres y personas con capacidad de gestar tengan reconocido este derecho reproductivo. Por ejemplo, garantizar el acceso a los servicios de aborto legal y seguro en los estados donde ya fue despenalizado, pues aún existen trabas para acceder a ellos.
También falta garantizar en los 28 estados restantes el servicio de ILE por diversas causales, como la de violación sexual, que es la única vigente en todo el país según la NOM 046 y la Ley General de Víctimas. Sin embargo, hay otras entidades que deben garantizarlo por alteraciones genéticas, inseminación artificial no consentida o porque el embarazo pone a la persona en peligro de muerte.
También es fundamental implementar planes de educación integral en sexualidad, tanto en las instancias educativas formales como en las de salud. Hay que promover programas de educación sexual en medios de comunicación masiva, dentro del sector privado y en organizaciones de base comunitaria. Es necesario que haya acceso a métodos anticonceptivos; fortalecer planes, programas y políticas con presupuesto etiquetado para prevenir embarazos no deseados; fomentar la corresponsabilidad masculina en el ejercicio de la salud sexual; y ofrecer servicios de salud adecuados a los diversos contextos y en los idiomas locales.
Aunque nadie puede dar una cifra exacta, se estima que en México se realizan entre 750,000 y un millón de abortos clandestinos anuales. Por ello es importante reconocer que criminalizar el aborto no hace que deje de suceder y despenalizarlo no obliga a nadie a tomar esta decisión, simplemente facilita el acceso a los servicios para quienes lo necesitan y evita que las mujeres y personas gestantes arriesguen su vida y salud con abortos inseguros.
Si bien lo que ha sucedido en Veracruz e Hidalgo es digno de celebración y nos da esperanza de seguir avanzando en la lucha por la libertad y la autonomía de las mujeres y personas gestantes en el resto del país, tenemos que seguir exigiendo que estos marcos legales se hagan efectivos y sean accesibles y adecuados a los diversos contextos. También, que se garanticen los derechos de todas las personas sin importar su edad, pertenencia étnica, clase social o identidad de género.
Artículo publicado en The Washington Post
