Ciudad de México / Anayeli García Martínez (cimac).- A pesar de los avances jurídicos para reconocer la violencia contra las mujeres como un problema público, en contextos rurales y comunitarios todavía se entiende como un asunto privado, expuso el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en su informe anual 2020-2021, en el que refiere que en este periodo atendió a 268 mujeres víctimas de distintos tipos de violencia.
En su informe de actividades, que presentó este 5 de diciembre, Tlachinollan dio a conocer que la mayoría de las mujeres que acudieron a esta organización para pedir apoyo fue para obtener la pensión alimenticia de sus exparejas. 38 por ciento, es decir, 59 mujeres, solicitaron asesoría para obtener este derecho y denunciaron violencia económica ejercida por sus parejas contra ellas y sus hijas e hijos.
A lo largo del matrimonio o concubinato las mujeres no alcanzaron su independencia económica debido a que de acuerdo a los roles de género, los hombres ejercieron el papel de “proveedores”, al aportar económicamente para los gastos de la casa (aunque los recursos no fueran de manera periódica y suficientes); mientras las mujeres fueron las “cuidadoras”, al permanecer en su hogar y cuidar a hijas e hijos.
En el informe “Tu nombre que nunca olvido”, Tlachinollan expuso que algunas mujeres fueron amenazadas por sus parejas cuando plantearon la necesidad de trabajar, esto bajo la premisa de que su única obligación era cuidar de su casa y de sus hijas e hijos. Las mujeres vivían controladas por las decisiones de sus parejas e incluso por los padres de éstos cuando decidían salir de este círculo de violencia.
Aunque la separación o el divorcio es una opción, eso coloca a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad porque no es fácil acceder a trabajos remunerados para tener ingresos propios, principalmente porque deben dejar a sus hijas e hijos solos y porque deben salir de sus comunidades y emplearse como jornaleras, empleadas del hogar, o dedicarse al comercio informal.
La organización denunció que la situación para las mujeres se agrava al querer exigir legalmente el derecho de pensión ante los tribunales, porque se enfrentan al problema de la falta de recursos económicos para sus traslados a las ciudades dónde están los juzgados y/o no tienen recursos para para pagar un abogado que las defienda.
En los casos en los que las mujeres logran saltar la barrera de la falta de recursos y la demanda avanza, enfrentan otro problema: que los deudores paguen, sobre todo en zonas rurales, porque sus parejas no tienen trabajo formal, por lo que el juez fija el porcentaje de las pensiones en relación al salario mínimo de la zona, además de la dificultad que representa que los deudores alimentarios cumplan esta obligación.
Los mecanismos para hacerles cumplir el pago de alimentos implican otras acciones administrativas e incluso penales, lo que convierte el proceso en un verdadero viacrucis para las mujeres.
Tlachinollan explicó que en estos casos recurre a la mediación porque es un mecanismo que funciona. Esto ocurre cuando la organización cita a la contraparte con la finalidad de hacerle ver que tiene que cumplir con su responsabilidad y obligación de proporcionar alimentos y se les explican las consecuencias legales de no hacerlo, colocando en el centro los derechos de las mujeres y de sus hijas e hijos.
En este contexto, la organización afirmó que es necesario que se implementen acciones tendientes a romper los estereotipos y roles de género, pensar en reformas jurídicas que simplifiquen los juicios de pensión alimenticia y que las sentencias que se emitan cuenten con perspectiva de género.
En el informe también se muestra que Tlachinollan atendió 41 casos de mujeres víctimas de violencia física; seis de violencia patrimonial; siete de violencia sexual, entre ellos 4 casos de matrimonios infantiles y acompañó de forma integral cinco casos de mujeres víctimas indirectas de violencia feminicida.
