Nos encontramos frente a un panorama desalentador en el que las mujeres desplazadas no sólo no cuentan con el apoyo de la sociedad, sino que además son juzgadas como criminales y son abandonadas a su suerte.
Por María del Pilar Fuerte Celis, Daniel Zizumbo-Colunga y Enrique Pérez Luján (AP)
México.- En México, la violencia producto del crimen organizado se ha convertido en un tema recurrente especialmente a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada durante el sexenio de Felipe Calderón. Durante aquellos años fue común ver en los medios de comunicación y en los espacios públicos las consecuencias de los enfrentamientos no sólo entre las fuerzas armadas del gobierno y las organizaciones criminales, sino también entre estas últimas en disputa por el control de algunas regiones del país.
Miles de personas perdieron la vida bajo condiciones terribles, dejando en claro que las estrategias del gobierno –lejos de garantizar la seguridad de los ciudadanos– se concentraron en llenar las cárceles con los criminales más reconocidos de la nación.
No es sólo que se dejara de lado la seguridad de la ciudadanía en un ideal de justicia retributiva donde lo más importante era castigar al criminal, sino que el gobierno propició directamente que miles de personas se encontraran bajo completo peligro. No eran tomados en cuenta los derechos de las víctimas ni se les ofrecían estrategias para afrontar las dificultades a las que se encontraban expuestas. De cara a estas condiciones, las poblaciones violentadas no encontraron una mejor alternativa que el desplazamiento hacia otras zonas del país en las que, en el mejor de los casos, podrían preservar sus vidas anónimamente.
El desplazamiento forzado, así llamado por ser producto de condiciones adversas como la violencia, es un problema que ha afectado en mayor medida a las mujeres. Si bien es cierto que gran parte de los enfrentamientos son protagonizados por hombres y que gran parte de las víctimas fatales son varones, son las mujeres quienes en su papel de madres y esposas tienen que huir para proteger sus vidas y las de sus familias. Aun peor es que en la mayoría de los casos tienen que hacerlo con pocos recursos y sin redes de apoyo, teniendo por delante un futuro incierto y lleno de dificultades en el que el miedo a ser encontradas está siempre presente.
Por desgracia, las estrategias del gobierno son respaldadas por una gran parte de la sociedad que considera que es necesaria la mano dura contra los criminales y que cree que si pasan cosas malas a ciertas personas es porque se lo merecen. De acuerdo con esta visión, las personas que se han visto involucradas con el crimen organizado, aunque sea de manera indirecta, no deberían tener derechos. De este modo, nos encontramos frente a un panorama desalentador en el que las mujeres desplazadas no sólo no cuentan con el apoyo de la sociedad, sino que además son juzgadas como criminales y son abandonadas a su suerte.
Las mujeres que se encuentran en esta situación no sólo han tenido que sufrir la pérdida de sus parejas y familiares de las maneras más crueles y violentas que se pueden imaginar, sino que también han tenido que dejar atrás los lugares donde vivieron junto con sus posesiones más preciadas. Dejan también la certeza de tener un techo bajo el cual vivir y la solvencia económica para su manutención. Además, se enfrentan a la indiferencia de un gobierno y de una sociedad que en lugar de extenderles una mano las consideran indeseables, o bien, invisibles.
Invisibles por una parte porque, como hemos dicho, el desplazamiento forzado de mujeres por el crimen organizado no es un tema ni un punto central en la agenda de las políticas públicas de los gobiernos, así como tampoco es un problema conocido entre la ciudadanía. Por otra parte, invisibles también porque en la mayoría de los casos estas mujeres encuentran en el anonimato el único medio para garantizar su supervivencia. Por esta misma razón, encontrar testimonios de mujeres desplazadas que nos permitan hacer del tema un asunto de interés público es sumamente complicado.
Pese a estas dificultades, diversos colectivos y equipos de investigación han tenido como objetivo rescatar algunos testimonios con la finalidad de visibilizar las experiencias de muchas mujeres que se encuentran en esta situación. Lo que han encontrado nos permite entender de mejor manera la urgencia con la que deberíamos considerar este problema, además de proponer algunas alternativas a nuestros sistemas de justicia para que tomen en cuenta a las víctimas que, por lo general, ignoran sistemáticamente.
En buena medida, las mujeres que han sido desplazadas estuvieron ligadas a personas que habían pertenecido al narcotráfico, que formaban parte de las fuerzas militares o policiales, o que simplemente habían sido víctimas fatales en los enfrentamientos armados entre el gobierno y los criminales. En el caso de las primeras, sobre todo, es común encontrar una actitud de reproche por parte del gobierno y la sociedad, quienes consideran que su situación podría haberse evitado fácilmente si ellas no se hubieran involucrado con parejas o familiares que entraron al narcotráfico. Sin embargo, ésta es una visión muy estrecha puesto que no considera que la aparición de la violencia, a diferencia de las consecuencias que ésta provoca, es paulatina.
La incorporación de un familiar al narcotráfico puede ser lenta y, si bien no siempre es imperceptible, puede llegar a tomar un tiempo significativo entender qué es lo que está sucediendo. También es necesario comprender que el papel de las mujeres está en buena medida subordinado al de los hombres, dándose el caso de que ellas son económicamente dependientes de ellos. Como en buena parte de la sociedad, son las mujeres quienes se quedan en casa a cuidar de la familia y los hombres quienes asumen un papel de proveedor que, en muchos casos, las limita a ellas a meras expectantes de las actividades que ellos realizan. En buena medida, esto nos permite apreciar de mejor manera lo abrupto que resulta para las mujeres tener que desplazarse en un momento dado.
Cierto es que ellas entienden los riesgos de las actividades que sus familiares realizan o las implicaciones de vivir en un lugar que se encuentra en medio del fuego cruzado de las fuerzas armadas, pero debido a su situación de subordinación se ven obligadas a adaptarse a esas condiciones hasta que de un momento a otro llegue ese punto de quiebre en el que no hay otra opción más que escapar para preservar la vida. En el mejor de los casos, las mujeres contarán con ahorros y el apoyo de familiares y amigos; en el peor, no tendrán mayor alternativa que adentrarse completamente solas en caminos inciertos sin el menor indicio de lo que habrán de hacer después. No hay gobierno o institución con la que puedan contar, eso es seguro. Quedarse es sinónimo de muerte.
Huir, nos queda claro, es un mecanismo para afrontar riesgos que si no son tolerados es únicamente porque representan el final de la vida. Es una decisión dolorosa que, aunque seguramente ha pasado por la mente de estas mujeres, no se desea nunca tener que tomar. Una decisión que, hay que decirlo, no siempre es exitosa y que nos obliga a plantearnos con bastante crudeza cuántos serán aquellos casos en los que las víctimas lastimosamente fracasaron.
Por supuesto, en retrospectiva la decisión de huir parece la única opción, pero mientras las mujeres recorren el camino, las dudas comienzan a asecharlas. La necesidad de saber si no existían otras alternativas es incesante, aunque al rato nuevas necesidades más apremiantes remplacen esta preocupación. La incertidumbre sobre el lugar a dónde llegar y lo que se hará después para ganarse la vida puede ser sumamente agobiante y desgastante para las mujeres desplazadas.
El camino es inseguro, con el miedo de ser perseguidas, todos se convierten en sospechosos y potenciales victimarios. Bajo esas condiciones parece casi imposible confiar en alguien que no sea sí misma. La situación puede ser complicada y requerir ayuda, pero es difícil pedirla cuando no se tiene certeza de quiénes las rodean. Cualquiera puede ser un persecutor o, peor aún, un ejecutor. La víctima se encuentra entonces aislada y en constante estado de alerta, por lo que pronto el cansancio y otras necesidades apremiantes se convierten en un peso adicional que complican la situación y enturbian un panorama de por sí desalentador. Transitar por la calle no vuelve a ser jamás sencillo; el camino nunca termina y la seguridad nunca llega.
Los problemas no desaparecen una vez se detienen en algún lugar, muy por el contrario, sólo adoptan una forma burocrática a través de la cual las mujeres serán exigidas a cumplir con una serie de requisitos que ninguna institución facilitará. Lo que antes parecía cosa cotidiana como contar con una identificación, hoy se convierte en una imposibilidad, pues es necesario en muchas ocasiones borrar todo rastro de sí mismas para no ser encontradas. Conseguir empleo es ya de por sí una tarea complicada, pero debe serlo aún más para quien huye y pretende esconderse.
Se vuelve de vital importancia mantener un perfil bajo para evitar llamar la atención. Es imprescindible que nadie sepa la historia de la mujer que ha sido desplazada por la violencia, pues como hemos visto, la sociedad no pretende entender a la víctima, sino por el contrario, juzgarla. Retomar las actividades se convierte en una completa odisea para quien no puede siquiera sentirse segura. Para quien huye, cualquier evento puede ser un disparador de alerta. Sin el apoyo del gobierno, sólo queda como posibilidad la informalidad y las opciones de reconstruir sus vidas se reducen dramáticamente.
Con tantos aspectos jugando en contra, cabe entonces preguntarse cómo estas mujeres logran salir adelante. Hay varios factores que pueden funcionar como mecanismos de afrontamiento para ellas. El primero de ellos puede ser la familia, en tanto que las víctimas encuentran en ésta una motivación para seguir adelante, o bien, en tanto que la principal razón para desplazarse es asegurar su bienestar. El tipo de soporte que una familia pueda dar depende, por supuesto, de los recursos con los que dispongan que, en muchas ocasiones, son escasos.
Sin embargo, la familia también puede jugar en contra, sobre todo en los casos en las que ésta muestra rechazo por la mujer desplazada o, en tanto que como medio para garantizar su seguridad, ésta tiene que alejarse. Es común no contar con el apoyo de las familias porque consideran que la situación en la que la mujer desplazada se encuentra es únicamente culpa suya. Esto hace que sea frecuente entre las víctimas experimentar sentimientos negativos como la vergüenza y la culpa. Sin el apoyo de los seres más queridos, la vida puede complicarse aún más.
Es por ello que contar con el apoyo de la familia es vital para aminorar la carga con la que tienen que lidiar las mujeres desplazadas. No sólo existe un lugar y espacio seguro donde la víctima pueda estar, sino que el sentimiento de soledad e indefensión se puede disipar con mayor eficacia. Los recursos económicos que una familia le pueden aportar a una mujer desplazada pueden ser la diferencia entre llevar una vida más o menos cómoda frente a una de completo desamparo.
Si bien es cierto que, como se ha mencionado, la sociedad suele desempeñar un papel de incomprensión que torna la situación de la mujer desplazada mucho más complicada, también es cierto que existen esfuerzos colectivos que tienen como propósito brindar apoyo a las víctimas. Cabe destacar que estos apoyos se limitan únicamente a las mujeres que se encuentran en la etapa de tránsito; lo más frecuente es que se les brinde hospedaje por una noche, medicina, comida y artículos de uso personal.
Por último, el hecho de que los gobiernos no tomen en cuenta a las víctimas de la violencia por el narcotráfico nos habla de una completa falla en el sistema de justicia. Como se mencionó, desde su inicio este sistema estuvo por completo enfocado en la persecución de los criminales sin importar los posibles efectos colaterales que ello podría tener sobre la población. No sólo murieron miles de personas en enfrentamientos, sino que la existencia de muchas mujeres no volvió a ser la misma porque fueron expulsadas de los lugares donde desarrollaron parte de sus vidas.
Aún hoy no existen garantías para ninguna mujer que haya sido desplazada por la violencia; muy por el contrario, ellas siguen escondiéndose, tratando de evitar ser encontradas. Algunas de hecho son localizadas y dañadas física y psicológicamente, en el mejor de los casos. Que siguen viviendo con miedo es algo que absolutamente nadie podría negar. Aunque tristemente tampoco parece que se estén tomando medidas suficientes para cambiar esta situación.
Frente a la idea de que es necesario tomar mano dura, muy arraigada en el estado y la sociedad, es importante que nuevas propuestas cobren relevancia. La idea de justicia restaurativa cobra especial relevancia si consideramos que uno de sus aspectos centrales es tomar en cuenta a las víctimas y las posibles alternativas existentes para reparar los daños sufridos o para garantizar el cumplimiento de mecanismos que les permitan afrontar de mejor manera los eventos que les han ocasionado daño.
Incorporar mecanismos que permitan asegurar que las mujeres desplazadas no sólo podrán contar con el apoyo para salir y transitar de la zona de conflicto, sino que también contarán con las facilidades de poder reconstruir sus vidas en otro lugar, debería ser una prioridad de cualquier gobierno. Pero, para lograr esto, es importante primero seguir visibilizando las situaciones que tienen que atravesar. Reconocer el problema es fundamental si queremos marcar una pauta para un cambio en un sistema que ha probado no sólo no resolver problemas, sino ocasionar otros.
El estudio presentado fue un esfuerzo desarrollado al interior del Programa de Política de Drogas al intentar visibilizar el problema del desplazamiento de las mujeres como las principales protagonistas –aquellas que tiene que huir, dejar todo y enfrentarse a una nueva vida– con la intensión de poner este tema en la agenda pública. Necesitamos con urgencia saber quiénes son las que huyen, quiénes son los perpetuadores de esta huida, pero, sobre todo, deseamos advertir que no basta con centrarnos en los culpables en el desarrollo de un crimen. Queremos decir que debemos centrarnos en las víctimas y en la necesidad de enfocarnos en la justicia restaurativa.
*Agradecemos infinitamente a cada una de las mujeres que participaron en el estudio. Gracias por su valentía y tenacidad, y por demostrarnos que siempre podremos tener un mejor mañana.
1 Para mayor información, consultar: ¿Volver a empezar? Afrontamiento y justicia restaurativa en el desplazamiento forzado por crimen organizado. Cuaderno de Trabajo del Programa de Política de Drogas N° 41.
Las opiniones expresadas en este blog son de exclusiva responsabilidad de la autora o autor y no necesariamente representan la opinión del Programa de Política de Drogas.
