Ciudad de México / Olga Laura Ochoa.- Colectivas feministas y funcionarias se dieron cita en la Cámara Nacional de Comercio para conversar, acerca de los hallazgos del Informe Nacional sobre Centros de Justicia para las Mujeres 2018 – 2021 en el que se informó hay 65 Centros de Justicia para mujeres en el país, pero solo el 5 por ciento de las víctimas de violencia buscaron apoyo o información con estos sitios.
Es importante saber que en México existen 65 Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum), creados en 2010 por la Secretaría de Gobernación, quienes, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (CONAVIM) ofrecen servicios especializados integrales e interinstitucionales, y están encargados de atender a mujeres y niñas, víctimas de violencia familiar en la búsqueda de garantizar su derecho a una vida libre de violencia.
Fátima Gamboa Estrella, directora General de EQUIS Justicia para las Mujeres, destacó en el evento que: “son importantes los datos recabados por el INEGI para tener un mapeo de lo que aún falta por hacer. Si tomamos en cuenta, que 7 de cada 10 mujeres ha experimentado violencia psicológica y física. Y, de ese universo únicamente el 5 por ciento acude a pedir apoyo, existe una gran brecha por andar”.
Hay que señalar que en cada Centro de Justicia para las Mujeres en el país se brinda atención de trabajo social, psicología, actividades psicopedagógicas (para hijas e hijos de las usuarias), médica, jurídica, medidas de protección, empoderamiento, medidas de protección urgentes en materia civil, juzgado cívico quien puede elaborar constancias de hechos y asesoría jurídica.
Es necesario considerar el presupuesto destinado a estos espacios, de acuerdo con información del Gobierno de México, entre 2019 y 2023, fue de 527.2 millones de pesos (mdp) que se utilizó para la construcción y equipamiento de Centros de Justicia para las Mujeres (CJM). De 2013 a 2017, se invirtieron 253.6 mdp para dichos centros.
Entre 2019 y 2022 estos centros han brindado atención especializada a 817 mil 882 mujeres que asistieron por primera vez a buscar apoyo, por lo que, en promedio, en esas fechas se atendieron a 560 mujeres por día en el país.
Abriendo la conversación
Se llevaron a cabo dos mesas de diálogo, la primera denominada Hallazgos del Informe Nacional sobre Centros de Justicia para las Mujeres 2018 – 2021 y, la segunda: ¿Cómo implementar la reforma a la Ley General de Acceso sobre los Centros de Justicia en el ámbito estatal?
Por parte de la sociedad civil, participaron: Lady Guzmán Marenco, Fátima Gamboa Estrella, directora general de EQUIS Justicia para las Mujeres, Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios y moderadora Nancy Carmona, coordinadora del área de Políticas Públicas en la ONG EQUIS, Justicia para Mujeres.
Entre las funcionarias, estuvieron presentes Nancy Iniestra Morales, Directora de los Centros de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México, Erika Troncoso Saavedra, Coordinadora de Vinculación Estratégica Interinstitucional de la CONAVIM, Ana Francisca López Bayghen Patiño, Diputada, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar, Titular de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México.
El informe del INEGI explica las condiciones en las que operaban los Cejum de 27 estados durante 2018 – 2021. Fue elaborado con las voces de las directoras de los Cejum a tráves de entrevistas, con los testimonios de organizaciones que acompañan a mujeres víctimas de violencia y con datos que organizaciones que acompañan a mujeres víctimas de violencia y con datos que obtuvimos vía solicitudes de acceso a la información.
Voces que suman
Nancy Iniestra Morales, directora de los Centros de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México, planteó que el enfoque que se deberá abordar este año, es centrarse en la atención psicosocial de las mujeres para que sean capaces de tomar decisiones autónomas.
Además, comentó que se necesita una colaboración interinstitucional para la atención integral de las víctimas: “Se necesita la colaboración de la Secretaria de Mujeres, de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Salud y de otras instancias para lograr nuestro objetivo”.
Wendy Figueroa Morales, Directora General de la Red Nacional de Refugios, compartió que para tener un acceso a la justicia: “Es necesario empezar a creerles a las mujeres. Es un reto que se crea en su voz, para que cuando una mujer acuda con la autoridad y se sienta violentada o esté en peligro les crean, que no sea necesario mostrar una evidencia de que fue violentada o maltratada”.
También, subrayó: “se la han pasado administrando la violencia. No se denuncia ante la impunidad, porque si no existen garantes se detiene todo”, de igual forma expresó que el tema del presupuesto que se asigne es muy importante para poder contar con los recursos necesarios para brindar apoyo a las mujeres víctimas de violencia.
La activista Lady Guzmán Marenco, declaró: “existen muchos obstáculos en el acceso a la justicia como la falta de sensibilidad de la autoridad al no utilizar la perspectiva de género. Así, las mujeres se presentan con la autoridad para obtener justicia, pero éstos se rehusan a seguir una denuncia. Es importante el reconocimiento de que ha existido un agravio, que se ofrezca a la víctima atención jurídica, médica y psicológica, así como la canalización a los refugios”.
Por su parte, Erika Troncoso Saavedra, Coordinadora de Vinculación Estratégica Interinstitucional de la CONAVIM, subrayó y puso el acento en que es necesario crear el andamiaje institucional, es necesario crear puentes y diseñar políticas públicas.
La funcionaria, destacó: “es importante trabajar en las formas en que sí se llegue a dar una colaboración interinstitucional real. Además, de trabajar en el bienestar y salud mental de las personas que trabajan en los centros de atención a víctimas”, que de acuerdo a cifras del INEGI en el 2021 eran 3 mil quinientos trabajadores en los centros de justicia.
La diputada local, Ana Francisca López Bayghen Patiño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, puntualizó: “actualmente existen 6 reformas que dependen de la Comisión de Justicia y hemos estado trabajando para que temas, como el acecho, violencia vicaria y la llamada ley ácida se aprueben pronto. De hecho, la legislación para los ataques con ácido sale mañana”, declaró.
La legisladora mencionó que es importante el enfoque psicosocial y no punitivo para la atención de víctimas de violencia: “Hay que platicar con otros poderes, acabamos de diseñar un manual de intervención psicosocial”.
Asignaturas pendientes
Entre los aspectos a mejorar en los Centros de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México, se destacan, los siguientes rubros:
- Fortalecer sus atribuciones.- Armonizar su normativa para que tengan mayor nivel de decisión sobre el uso de sus recursos financieros, para facilitar su vinculación y para la contratación de personal.
- Más difusión y en formas diversas.- Destacarlos como espacios de atención integral independientes de las Fiscalías y difundir sus servicios en diversos medios de comunicación, además de redes sociales, con mensajes adecuados al contexto local.
- Participación activa y significativa.- Para ofrecer mejores servicios, los Cejum pueden generar o fortalecer mecanismos de participación ciudadana que permitan escuchar las voces de las mujeres.
- Más y mejores recursos.- Garantizarles presupuesto específico, la contratación de más personal en mejores condiciones laborales y la provisión de papelería, mobiliario, equipo y combustible.
- Mejores datos.- es necesario que recopilar información sobre las violencias que viven, el presupuesto asignado y cómo lo ejercen.
- Atención diferenciada.- En los 14 estados los Cejum están procurando mejores condiciones para atender a las usuarias con espacios para sillas de ruedas, baños accesibles, rampas o intérpretes de lengua de señas mexicana, pero en general es necesario acercar sus servicios a localidades lejanas, reducir los tiempos de espera, evitar la revictimización y la exigencia de denuncias y, adecuar sus protocolos para brindar atención a las mujeres no heterosexuales, usuarias de drogas y con discapacidades psicosocial y mental.
