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Piden garantizar participación política de comunidades indígenas

Ciudad de México / Rangel Medina.- México está lejos de ser un país incluyente si no toma en serio la representación indígena en el ámbito nacional y local, afirmó la exmagistrada y consultora de la Organización de Estados Americanos (OEA), María del Carmen Alanís Figueroa.

Al participar en una mesa de análisis sobre la Reforma del Estado y Electoral que se realizó este 20 de junio en la Cámara de Diputados, Alanís Figuera aseguró que en los próximos cambios normativos se debe garantizar la participación política de las comunidades indígenas.

Para lograr este fin la exmagistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propuso establecer una cuota indígena para diputaciones locales y federales y senadurías; y apoyos especiales para que accedan a las candidaturas independientes, entre otras medidas.

Un dato de las autoridades electorales indica que en el periodo 2012 a 2015, de las 500 diputaciones, hubo 14 diputados federales indígenas, de los cuales cuatro eran mujeres que llegaron a la Cámara de Diputados. En contraste, en México hay alrededor de 119 millones de habitantes, de los cuales 25 millones de personas se autoadscriben como indígenas; igual a 21.5 por ciento de la población.

Alanís Figuera recordó que, desde hace 18 años, en 2001, la Constitución federal incorporó el derecho de las comunidades indígenas a elegir a sus representantes en ayuntamientos y el derecho de que la elección fuera de acuerdo con sus normas y prácticas tradicionales.

En esa misma reforma se introdujo un artículo transitorio para que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) estableciera los distritos electorales tomando en consideración la ubicación de los pueblos indígenas.

Años después, en 2015 se hizo otra reforma para garantizar que mujeres y hombres indígenas disfruten su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, asimismo se estableció el derecho de desempeñar cargos públicos y de elección popular.

Carmen Alanís explicó que también se estableció que en ningún caso las prácticas tradicionales podrían limitar el ejercicio de los derechos político-electorales, por lo que pareciera que el marco constitucional es completo, pero, advirtió, de nada sirve si no hay reglas, autoridades y garantías para ejercer los derechos.

Como ejemplo, mencionó que desde 2004 se habían definido 28 distritos electorales indígenas, es decir, zonas que tenían 40 por ciento de población indígena. En estos distritos los partidos políticos deberían registrar 28 candidaturas indígenas a cargos de elección.

No obstante, no ha sucedido así. Alanís Figueroa consideró que la participación política de la población indígena ha sido limitada porque los partidos políticos aseguran que no hay indígenas que quieran participar, así como antes decían que no había mujeres interesadas en la política.

La experta criticó que todavía falta representación de esta población en los Congresos locales, en la Cámara de Diputados y en el Senado; y que en 2018 la autoridad electoral obligara a los partidos políticos a registrar sólo 12 candidaturas indígenas: 6 mujeres y 6 hombres, y no 28.

Esta disposición del Instituto Nacional Electoral (INE) fue impugnada ante la Sala Superior TEPJF, que al resolver el caso elevó el número de distritos a 13 y decidió que la cuota indígena se aplicara en los 13 distritos con 60 por ciento o más de población indígena.

En esa misma resolución, explicó Alanís Figueroa, el TEPJF introdujo un elemento controversial: el derecho de las personas de decirse indígenas por “autoadscripción calificada”, es decir que se consideran indígenas pero que presentaran pruebas de ello.

En el derecho internacional las personas se autodefinen indígenas y no tienen que demostrarlo, pero en México se exigieron pruebas. “Una salida lógica y razonable ante la deleznable y vergonzante actitud de algunos partidos políticos de registra candidaturas indígenas que no eran (personas) indígenas para cubrir esta cuota”.

En el proceso electoral de 2018, en Chiapas, dos exfuncionarios presentaron documentación falsa para hacerse pasar como indígenas ante la autoridad electoral y acceder a las candidaturas reservadas para esta población.

La exmagistrada mencionó que con la nueva reforma del Estado se deben conciliar los sistemas normativos indígenas con los principios constitucionales y convencionales para asegurar el ejercicio y respeto de los Derechos Humanos de esta población.

Un tema pendiente que también puede ser retomado, dijo, es reforzar las candidaturas independientes indígenas.

El sistema electoral mexicano ya tuvo una indígena como candidata a la presidencia de la República. En las elecciones de 2018 el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) postuló a María de Jesús Patricio Martínez, quien no consiguió el número de firmas necesarias para completar su registro.

 

Fuente: CIMAC Noticias

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