Las agresiones van desde obligarlas a renunciar a favor de los suplentes varones hasta el asesinato, señala senadora
Guerrero, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz y Michoacán entre los estados con mayores índices de agresiones contra las mujeres por su actividad política.
Ciudad de México / Elda Montiel (SemMéxico).- Para finalizar con el acoso, los ataques físicos, la violencia sexual e, incluso, el asesinato en contra de mujeres que buscan participar en política, la senadora de Morena, María Merced González González, presentó una iniciativa contra la violencia política de género.
En la actualidad las agresiones a mujeres políticas se atienden en materia penal, pero en materia electoral no ocurre lo mismo, por lo que la propuesta busca reformar el artículo 41 constitucional, y adicionar los artículos 76, 77 y 77 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, e incluir en los ordenamientos este concepto.
La iniciativa, que ya fue turnada para su análisis, a la Comisión de Puntos Constitucionales, busca contribuir a terminar con la violencia política de género, que se registra al intentar frenar a las mujeres en su intento por ejercer sus derechos político-electorales por el «simple hecho de ser mujeres», lo que revela una amplia escala de expresiones en su contra.
Del 8 de septiembre de 2017 al 12 de junio de 2018, 106 mujeres candidatas y/o políticas en funciones, fueron víctimas de asesinatos, amenazas e intimidaciones, secuestros, agresiones con armas de fuego, agresiones físicas o con arma blanca, asaltos con y sin violencia y atentados contra familiares.
Fueron asesinadas 16 mujeres políticas; cinco de ellas eran candidatas y dos precandidatas.
Los estados que registran el 65% de las agresiones contra las mujeres por su actividad política son los de Guerrero, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz y Michoacán.
La propuesta busca combatir los registros fraudulentos de candidatas, a quienes se obliga a renunciar a los cargos para cederlos a suplentes varones.
Así como la exigencia de los partidos políticos, para que las mujeres firmen de antemano renuncias en blanco, antes de darle registro como candidatas. Una más, es el registro de mujeres en distritos tradicionalmente perdedores, lo cual ya está prohibido en la ley, pero sigue ocurriendo.
También se busca evitar la limitación o nulo acceso a recursos para campañas y el ocultamiento de información sobre las campañas de mujeres. La desestimación y descalificación de propuestas presentadas por mujeres. Acabar con las agresiones verbales estereotípicas y discriminadoras.
La senadora María Merced González González explicó que estas acciones se ven con normalidad por la cultura patriarcal imperante en México, pero en la medida que avanza la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género, se ha establecido un esfuerzo por erradicar estas prácticas desleales, inequitativas y claramente violatorias del Estado de Derecho y la Democracia.
Reconoció que, en algunos institutos políticos de izquierda, se han logrado avances en sus estatutos, y también se han realizado reformas a la Constitución, orientadas a mejorar la igualdad de género, pero no están orientadas al aspecto político.
Para respaldar su iniciativa la senadora María Merced González González, se apoya en un análisis del trabajo realizado en las últimas cinco legislaturas de la Cámara de Diputados (1997 a 2012).
De las 360 iniciativas presentadas en ese lapso de tiempo, que tenían que ver con los derechos o intereses de las mujeres, 73.3 % fueron presentadas por diputadas y 26.7 % por diputados.
El 70 % versaba sobre el impulso y mejoramiento de la vida de las mujeres desde una perspectiva feminista; 3.6 % apuntaban a reforzar el papel tradicional de las mujeres dentro de la sociedad y 21.4 % se centraba en iniciativas relativas al bienestar de la niñez.
