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Pronunciamiento de Mujeres organizadas acompañan abortos seguros y utilizan a “rAborta”


Mujeres organizadas acompañan abortos seguros y utilizan rAborta para acceder al medicamento

¡La sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia no interviene! #YoDecido

México.- En México, el aborto se considera como un delito del fuero común regulado de forma diferenciada en cada uno de los Códigos Penales de las entidades federativas. Mientras que las mujeres en CDMX, Oaxaca y ahora también Hidalgo y Veracruz pueden interrumpir su embarazo de manera segura en instituciones públicas o privadas, mujeres de otros estados no cuentan con estos servicios de salud esencial y tienen que recurrir a métodos inseguros o bien, continuar con un embarazo no deseado, truncando así sus planes de vida.

El 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la acción de inconstitucionalidad 148/2017 sobre el aborto en el Código Penal del Estado de Coahuila; a esta sentencia histórica se suman dos más con relación a la inconstitucionalidad del derecho a la vida desde la concepción, así como la invalidez de la objeción de conciencia. El hito trazado por el poder judicial se acompaña de la exigencia a los poderes legislativos, tanto federal como de las 28 entidades que siguen criminalizándonos por decidir sobre nuestros cuerpos, de armonizar sus marcos jurídicos de manera tal que se garantice el acceso pleno al ejercicio de nuestro derecho a la salud sexual y reproductiva.

En el marco del 28S, Día de la Acción Global por la Despenalización del Aborto, una fecha especialmente sensible para la región latinoamericana y caribeña, las mujeres mexicanas volvemos a tomar las calles, la academia, las empresas, los medios de comunicación, los sindicatos, los barrios, las casas y las instituciones; para realizar una acción histórica en conjunto.

Las colectivas que por años hemos acompañado a las mujeres en sus procesos de aborto, hacemos visible la desigualdad de derechos en la que vivimos las mujeres de los estados donde el aborto no es legal.

El libre acceso a la información y el acceso a servicios médicos de calidad cuando hablamos de aborto son derechos que constantemente son violentados en todo el territorio mexicano. Las 85 colectivas de 11 estados de la República Mexicana que participamos en esta acción reconocemos que si bien nuestros contextos son diferentes, el acceso a un aborto seguro sigue siendo restringido.

Con esta acción se muestra cómo las mujeres en México tenemos que depender de nuevas tecnologías, como robots que utilizan lagunas legales para hacer valer nuestros derechos.

Los medicamentos son suministrados en los diferentes estados donde el aborto es restrigido, por un robot que es operado desde la Ciudad de México donde el aborto es legal. La ley que penaliza al aborto y los códigos penales estatales no es aplicable porque no se proporciona ningún tratamiento destinado a interrumpir un embarazo en el lugar donde la operadora controla el robot.

En la Ciudad de México, de acuerdo al artículo 28 bis de la Ley General de Salud, artículo 28 del Reglamento de Insumos para la Salud, las médicas y médicos están autorizados a emitir una receta médica para indicar la mifepristona y misoprostol para abortar con medicamentos. Al ejercer diferentes legalidades en diferentes estados, el robot puede satisfacer las necesidades de servicio de aborto seguro de las mujeres mexicanas sin violar los códigos penales locales.

 

 

Ante este contexto y las acciones que nos vemos obligadas a tomar para poder hacer un ejercicio pleno de nuestros derechos (derechos que ya han sido contemplados por los diversos tratados internacionales que México ha firmado y que, por lo tanto, el Estado mexicano debería garantizar), tenemos las siguientes exigencias:

A los congresos locales les exigimos que despenalicen el aborto en sus estados, armonizando los Códigos Penales Locales con la sentencia 148/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declara inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar. Esta criminalización además de perpetuar la violencia estructural hacia nosotras, también impide el acceso a nuestro derecho a decidir con libertad de nuestro propio plan de vida, a disponer libremente de nuestros cuerpos, a disfrutar del mayor nivel de protección de la salud, a vivir una vida libre de violencia y a la dignidad humana.

También exigimos a los congresos locales que reformen las constituciones en las que se protege la vida desde la concepción, ya que este principio también ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a la falta de competencia de los legisladores locales para reformar el concepto constitucional de persona y a que en algunos contextos es usado para criminalizar y estigmatizar el aborto.

A la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) le exigimos la reclasificación del medicamento conocido como mifepristona que actualmente es considerado un medicamento de tipo III y, por lo tanto, de venta controlada. Con esta clasificación se impide que las mujeres puedan acceder a su derecho a la salud y se estigmatiza un medicamento que se ha comprobado es seguro.

Por último, exigimos al gobierno mexicano en su totalidad que garantice el aborto como un derecho de las mujeres para tener acceso a la salud, la libertad, la autonomía, la igualdad, la no discriminación, la dignidad humana y a una vida libre de violencia.

Si bien se han decretado acciones que impulsan el ejercicio de la libertad de las niñas, adolescentes y mujeres en diversos estados y el país, a través de la no criminalización de sus decisiones, no es suficiente.

Desde los diferentes espacios y trincheras seguiremos pugnando porque en todo México se establezcan políticas públicas que garanticen el libre acceso a la información, la dignidad, la interrupción y el acompañamiento, entendiendo que esto es un asunto de derechos humanos.

 

Nuestra lucha seguirá uniéndonos en una sola voz, por las niñas y mujeres, especialmente las más precarizadas que han muerto por las prácticas de abortos clandestinos; por las presas por abortar; por todas las que la sociedad ha juzgado por ejercer su autonomía corporal; por las acompañantas que con amor, responsabilidad e información llegan a donde el Estado no puede o simplemente no quiere llegar; por nuestras ancestras y las generaciones de mujeres que vendrán. Por la dignidad, pero sobre todo por la vida digna.

 


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