México / Samantha Páez y Alejandro Espriú (Ovigem).- De 2018 a 2020 cuatro integrantes o exintegrantes de fuerzas de seguridad fueron señalados por el delito de feminicidio en el estado de Puebla. ¿Qué lleva a que agentes de Estado cometan esta forma de violencia extrema? Diferentes investigaciones internacionales apuntan a que la violencia de género por parte de integrantes de las corporaciones se debe a la formación y habilidades que tienen los elementos.
Asimismo, análisis realizados en Estados Unidos indican que la violencia familiar y de género son más comunes en las familias de oficiales de policía que en las familias en general. Además de que se tiende a juzgar con menos severidad o hasta encubrir a los agentes violentos. ¿Qué es lo que pasa en México?
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De agentes del orden a feminicidas
Una investigación de La Silla Rota dio a conocer que durante 2017,en todo el país, hubo al menos diez agentes activos o retirados que utilizaron armas de fuego para matar a sus parejas. En el Programa de Análisis para la Incidencia en Violencia Feminicida, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, ubicamos de 2018 a 2020 cuatro casos de feminicidios cometidos por oficiales de las fuerzas de seguridad en activo o retirados.
En 2018, un exmilitar asesinó a su vecina de 62 años de edad, después de amenazarla en distintas ocasiones por diferencias debido a una construcción. Yanin Ramírez Huerta fue víctima de feminicidio en 2019 por parte de un también exmilitar, quien era su pareja.
Nancy Soto Castro fue asesinada en febrero de 2020 por un disparo de arma de fuego por su pareja, quien sería integrante de la Guardia Nacional o Policía Federal. A su vez, Susana Cerón Zenteno, de 33 años, fue reportada como desaparecida el 7 de noviembre de ese mismo año después de que su pareja, un policía estatal, la subiera a la fuerza a su vehículo. El cuerpo de Susana fue localizado sin vida 12 días después, con signos de violencia física y tortura.
Diane Wetendorf, en su artículo “El impacto de la violencia doméstica perpetrada por la policía”, apunta que muchas de las cualidades valoradas en los oficiales de policía hacen que sean más peligrosos cuando cometen violencia doméstica, ya que su entrenamiento personal en armas, intimidación, interrogación y vigilancia pueden ser peligrosos o letales en casos de violencia familiar.
La autora agrega que en muchas ocasiones, cuando las corporaciones tienen conocimiento de casos de violencia doméstica por parte de los elementos, prefieren mantener los casos en secreto y proteger al agresor, a pesar de que puede ser más peligroso que un agresor común.
Recordemos el caso de Mariana Lima Buendía, asesinada por su pareja, quien se desempeñaba como policía ministerial del estado de México y que fue protegido por sus propios compañeros cuando inició la investigación del feminicidio.
Otro artículo del National Center For Women and Policing (Centro Nacional para las Mujeres y la Policía) señala que en Estados Unidos dos estudios apuntan que el 40% de las familias de policías experimentan violencia doméstica y que es de dos a cuatro veces más común la violencia familiar en los hogares de policías.
Philip M. Stinson, en su investigación sobre policías involucrados en violencia doméstica, encontró que uno de cada cinco policías involucrados en violencia familiar estaban acusados en juicios por violar derechos civiles, por ello considera importante analizar la relación entre la violencia familiar y otras malas conductas policiales.
Brutalidad policial y violencia feminicida
El 9 de junio de este año la médica Beatriz Hernández Ruiz se vio involucrada en un percance vial en el estado de Hidalgo, cuando descendió de su vehículo para ayudar a las otras personas accidentadas, policías del municipio de Progreso de Obregón la arrestaron con uso excesivo de la fuerza y al día siguiente se dio a conocer de su muerte. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo informó que siete policías municipales fueron detenidos por su feminicidio.
Una situación similar ocurrió en Tulum, Quintana Roo, cuando el pasado 27 de marzo cuatro policías municipales detuvieron a Victoria Esperanza Salazar, una mujer salvadoreña refugiada en México, con uso excesivo de la fuerza, misma que habría causado su deceso. Por este hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente y los cuatro policías fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio.
Carlos Silva Forné, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que, de acuerdo con las teorías de la amenaza social, los grupos sociales desaventajados (por raza o clase social) “representan una amenaza a desigualdades y jerarquías en la distribución del poder, y, por tanto, se vuelven un objetivo prioritario de los controles formales del Estado”. Es decir, los grupos históricamente discriminados podrían ser también objeto de controles más coercitivos y brutales por parte de las policías.
Silva Forné agrega que otras cuestiones que entran en las teorías de la amenaza social son las amenazas a su seguridad (percibidas o reales) y la brutalidad policial puede detonarse por “interacciones que consideran directamente amenazantes”, como cuando hay una resistencia activa a la detención o cuando la intervención policial es detonada por delitos graves.
Si bien el análisis no cuenta con datos desagregados por género, apunta que la marginalidad de las colonias, un mayor índice delictivo en las colonias, la resistencia al arresto y la falta de sociedad civil organizada pueden ser factores que detonen el abuso policial. En últimas fechas los movimientos feministas probablemente se vean como una amenaza social y que esto puede detonar una mayor brutalidad en contra de las manifestantes. En los casos específicos de Beatriz y Victoria no hay una idea clara de cuál fue la razón del abuso policial, sólo su condición de género.
Algunas de las sugerencias de especialistas para evitar la violencia familiar y feminicida por parte de elementos de la policía son:
- Reforzar la legislación para que se tome en cuenta en las medidas de protección el uso oficial de armas de fuego por parte del agresor, y para que los oficiales no puedan portar sus armas en caso de que se gire una orden en su contra.
- Tomar medidas internas contra los policías que cometan violencia familiar, como ser despedidos o arrestados.
- Programas de prevención como refugios para para apoyar a las víctimas, líneas de atención para trabajadores en crisis, proveer de áreas de servicio social o servicios de consejería confidencial.
