Ciudad de México.- El Congreso de la Unión está obligado a derogar el articulado que criminaliza a las mujeres que abortan tras la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional penalizar el aborto en el Código Penal Federal, por ser contrario al derecho a decidir de las mujeres.
En la reunión de trabajo del Senado de la Republica, “Salud Sexual y reproductiva; Resolución de Amparo en Revisión 267/2023” se destacó la importancia de dicha sentencia que, en voz de la senadora Martha Lucía Micher, es un hito fundamental para los derechos de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, hizo un llamado a no ignorar las observaciones realizadas por organismos internacionales en la materia, como el caso de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), donde se pidió a los Estados adoptar medidas para impedir que las mujeres sean coaccionadas en su fecundidad.
En la reunión, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la subdirectora Isabel Fulda Graue destacó la importancia de permitir el acceso al aborto en las instituciones de salud pública. Recalcó que la criminalización establecida previamente evitaba la atención de este servicio para la población.
Melisa Ayala, coordinadora de Litigio y Documentación de GIRE, explicó que, una vez que fue notificada la sentencia de la Corte, el Congreso de la Unión está obligado a derogar el articulado que criminaliza a las mujeres que abortan y al personal médico que les asistan, además de que las instituciones de salud tienen la obligación de prestar el servicio.
Mientras, Francisco Cué Martínez, responsable de vinculación legislativa de GIRE, enfatizó que los Congresos locales también están obligados a reformar sus leyes penales para eliminar los delitos relacionados con el aborto.
Señaló que la Corte ha indicado la necesidad de abandonar el uso del derecho penal para regular quién, cuándo y bajo qué circunstancias se puede acceder al aborto.
La resolución de la SCJN marca un avance significativo en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres en México y plantea un importante cambio en la legislación y la práctica relacionada con el aborto en el país, se puso de manifiesto.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PES, Eunice Renata Romo Molina, dijo que más allá de las banderas políticas, este es un asunto jurídico, por lo que es necesario impulsar su difusión para que la ciudadanía conozca la resolución de la Suprema Corte, pues aún existen muchas dudas sobre lo que se puede hacer con esta decisión.
El pasado 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer, ni personal de salud, se le podrá castigar por abortar, por tanto, IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres que lo soliciten.
Esta sentencia se da por el amparo interpuesto por GIRE contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto, con base en la sentencia sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila resuelta por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021.
GIRE junto con otras organizaciones locales han emprendido una estrategia jurídica nacional que consiste en presentar amparos para eliminar el delito de aborto autoprocurado y consentido en todos los códigos penales del país donde no se ha despenalizado por parte de los congresos, incluido el federal.
GIRE junto con Cultivando AC, Morras help Morras, TERFU AC, y CECADEC son las organizaciones encargadas de impulsar una estrategia jurídica con el fin de despenalizar al aborto en varias entidades del país, entre ellas Aguascalientes, Puebla, Chihuahua, Chiapas, Morelos y San Luis Potosí.
Una semana antes, el 30 de agosto la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN), declaró la invalidez de la penalización del aborto en Aguascalientes. Es la segunda vez, después de Coahuila, que se consigue la despenalización del aborto mediante una acción judicial ordenada por el máximo tribunal.
De esta manera, Aguascalientes se convirtió en la 12 entidad federativa que despenaliza la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Se suma a la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, y Quintana Roo.
