En 15 años el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y las 42 organizaciones que lo conforman han caminado en favor de los derechos de las mujeres en un país donde se perpetran 11 feminicidios diarios.
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Ciudad de México / Berenice Chavarría Tenorio (Cimac).- Desde 2007 el OCNF ha construido de manera colectiva esfuerzos que se han visto reflejados en el plano legislativo. A más de cinco mil días de labor, es de destacar que su alcance ha logrado intervenir frente a los diversos contextos que viven las mujeres, niñas y adolescentes.
Surgir entre la impunidad
Antes de conformar el Observatorio, durante cuatro años diversas organizaciones que hoy integran la articulación acompañaron a organizaciones locales y a familias en Ciudad Juárez y Chihuahua, ante la alza de desapariciones y asesinatos violentos de mujeres.
Fue así como 21 casos locales fueron atraídos por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. Sin embargo, fueron regresados al estado de Chihuahua por considerar que su seguimiento no era competencia de la instancia federal y que se trataba de un problema local, decisión que indignó al movimiento de mujeres que recién emergía. Por ello, en 2007 decidieron conformar finalmente el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Redes materializadas
La primera tarea realizada por el OCNF fue realizada en conjunto con el Colegio de la Frontera Norte, que consistió en documentar las muertes violentas de mujeres, caracterizar los asesinatos violentos de mujeres y contribuir a la creación de una base de datos en la que se definieron las variables para documentar los hallazgos sobre los asesinatos así como la información sociodemográfica de las víctimas.
A la par las organizaciones que integran el Observatorio impulsaron que la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) se legislara en todos los estados del país y que se iniciara un proceso de armonización.
El Observatorio impulsó la Campaña de Acceso a la Justicia para las Mujeres para visibilizar los diversos contextos de violencia, así como las recomendaciones hacia las autoridades.
“Como resultado de los esfuerzos colectivos y de la violencia feminicida en Ciudad Juárez, en el 2009 el Estado mexicano fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), a través de la sentencia denominada ‘Campo Algodonero’, mediante la cual la Corte afirmó que: el Estado Mexicano no tenía una política integral para superar este contexto de violencia, en la que eran visibles las fallas estructurales”, destaca el OCNF.
Con ello, el siguiente desafió del OCNF fue la implementación del Resolutivo 18 de la sentencia de “Campo algodonero”, que tenía que ver con impulsar los protocolos de investigación sobre homicidios en razón de género, desaparición y violencia sexual. Por lo que se divulgó la sentencia para que las autoridades aplicaran los criterios emanados de ellos.
Como parte de lo anterior, en 2009, desde el OCNF también se trabajó y se discutió sobre la posible tipificación del delito feminicidio, con el propósito de aterrizar las razones de género en conductas de fácil acreditación. Así, con el impulso de la sociedad civil, en 2012 el delito se tipificó.
El OCNF también ha realizado informes sobre el contexto de violencia feminicida en México y sobre los mecanismos de órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia familiar. Paralelamente el Observatorio ha enviado informes sobre el contexto de la violencia contra las mujeres a organismos internacionales de protección, como el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (Comité CEDAW) y al Examen Periodico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sumado a lo anterior el OCNF ha solicitado 11 declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), de las cuales dos fueron por Agravio comparado, lo que propició la modificación de las legislaciones en Veracruz y Guerrero, que contribuyeron a garantizar el acceso al aborto legal en ambas entidades.
Sentencia Mariana Lima
El OCNF ha acompañado a familias de mujeres y niñas víctimas de feminicidio. Uno de los casos que marcó una pauta en México fue el feminicidio de Mariana Lima Buendía, asesinada en 2010.
El presunto feminicida -y entonces esposo de Mariana– trabajaba como policía ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, tras perpetrar el asesinato aseguró que Mariana se había quitado la vida, pese a que las pruebas indicaban que él la agredía física, sexual y emocionalmente.
Por años, su versión fue respaldada por las autoridades investigadoras, quienes mostraron en todo momento la falta de debida diligencia, además de omisiones y negligencias. Sin embargo, la familia de Mariana Lima y el OCNF emprendieron un camino para demostrar que la joven abogada había sido asesinada.
Fue así como el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se logró que el 25 de marzo de 2015 el máximo tribunal del país dictara la sentencia histórica “Mariana Lima Buendía”, a partir de la cual se ordenó investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio, juzgar con perspectiva de género y lo más elemental: reabrir el caso de Mariana.
Deudas del Estado
A 15 de años de construir en favor de las mujeres, el Observatorio señala que los retos que aún se mantienen para las autoridades son:
- Que cada estado de la República cuente con un tipo penal homologado, con razones de género objetivas que permitan su acreditación, así como un Protocolo que garantice que toda muerte violenta de una mujer se investigue de manera científica, con perspectiva de género y debida diligencia, como lo marca la sentencia Mariana Lima de la SCJN y que dichos protocolos cuenten con los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para su efectiva implementación.
- Que cada entidad federativa impulse Fiscalías especializadas, con personal capacitado y sensible con las víctimas frente a la problemática del feminicidio, que cuente con equipos periciales en materia de medicina forense, criminalística y disciplinas sociales, con perspectiva de género, que garanticen la acreditación científica del delito de feminicidio y los contextos de violencia en los que estos ocurren.
- Que las y los funcionarios públicos que obstruyan el derecho al acceso a la justicia sean sancionados, a fin de evitar la revictimización y para poner un alto a la violencia institucional.
- Que se sancionen de manera efectiva los casos de tentativa de feminicidio, incluyendo como tales los ataques con ácido, que se han convertido en una nueva y cada vez más frecuente modalidad de las agresiones feminicidas.
- Que se generen acciones de prevención, atención y sanción integral a la problemática del feminicidio.
