Ciudad de México / Berenice Chavarría Tenorio .- Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz continúan sin contemplar de ninguna forma en su legislación local la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, mientras que Chihuahua, Estado de México, Puebla y Nuevo León la consideran «a medias», aún cuando es constitucional desde el pasado 29 de mayo; lo anterior abre la posibilidad a que agresores ocupen cargos públicos, advirtió Yndira Sandoval Sánchez, defensora por los derechos de las mujeres, fundadora de Las Constituyentes MX y una de las principales promotoras de esta serie de reformas.
En entrevista con Cimacnoticias Yndira Sandoval recordó que, en el marco del proceso electoral 2024, aún hay estados que deben reformas para evitar que un violentador acceda a un cargo público, tal como ya lo establece el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se puntualiza: la suspensión de “derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Pese a que lo anterior se debe contemplar ya a nivel nacional, 12 estados continúan sin realizar las adecuaciones necesarias.
“Deben armonizar de acuerdo a una reforma integral estatal, que implica poner requisitos claros para ocupar cada cargo público; si así no lo hicieran, el principio constitucional que está en el artículo 38 da pie para que se ejecute. Pero nos preocupa que empiecen a haber vicios de malinterpretación de la norma, que los agresores comiencen a ampararse e intenten darle la vuelta”, aseguró la defensora feminista.
Al día de hoy Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas son los estados que ya aprobaron y publicaron en sus respectivos Periódicos Oficiales la 3 de 3 contra la violencia.
Mientras que en los casos de Chiapas y Tabasco recientemente se realizó la armonización y aún no se publica de manera oficial. Sin embargo, pese al avance, persisten vacíos.
Necesaria reforma integral en entidades que solo armonizaron
Luego de que el 29 de mayo de 2023 se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la constitucionalidad de la 3 de 3 contra la violencia, algunos estados comenzaron a avanzar en la armonización de su propia constitución, así lo hicieron recientemente Chiapas y Tabasco.
Yndira Sandoval explicó que, si bien en estos estados se reformó la constitución local para incluir la 3 de 3 contra la violencia, aún es necesario que los Congresos locales implementen una serie de reformas integrales que acompañen las adecuaciones.
“La armonización abarca las tres esferas: ya sea por elección, designación y concurso, pero lo deja en un principio constitucional con el gran faltante de hacer las leyes secundarias que permitan darle armas a la administración pública local, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Con la armonización se dejan huecos en los estados: entonces alguien puede llegar y decir: ‘aquí no dice que para que yo pueda ser funcionario público debo cumplir con esto”.
El ejemplo de una buena reforma lo hace Yucatán, asegura Yndira Sandoval. En entidad se realizó una reforma local integral desde junio 2022 que establece como requisito para acceder a un cargo público no ser deudor alimentario moroso; tampoco tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento.
Es decir, en el caso de Yucatán no es necesaria una sentencia para negar un cargo público. Además, en la entidad no solo se reformó la constitución, como fue el caso de Querétaro, Colima, Chiapas o Tabasco, también se reformaron las leyes de Derechos Humanos, de Instituciones y Participación Electoral, y de Partidos Políticos, así como el Código de Administración Pública de Yucatán, lo cual blinda la 3 de 3 contra la violencia y coloca frenos a los agresores.
“Yucatán es el estado ideal para todo el país, a nivel federal. No habla de suspender de suspender derechos, habla de requisitos para ocupar los cargos de elección, designación y concurso desde el antecedente de violencia”, resaltó Yndira Sandoval.
Estados «a medias» necesitan adecuaciones
Aunque en entidades como Chihuahua, Estado de México y Puebla se encuentra aprobada la 3 de 3 contra la violencia, esta solo aplica en términos de elección y no al total de cargos públicos que pueden ocuparse, es decir, se encuentra «a medias».
“No tienen la 3 de 3 para cargos de órganos autónomos o de funcionarios públicos, estos estados guardan un estatus específico”, por eso, señaló Sandoval Sánchez, deben “armonizar con base en el artículo 38 constitucional o terminar de reformar sus leyes locales”. De no armonizar se corre el riesgo de que cargos de ministros, jueces o directores de órganos como los encargados de procurar los derechos humanos, sean ocupados por violentadores.
Impulsoras de la 3 de 3 contra la violencia, sin respuesta a reunión con presidenta del INE
Desde el pasado 23 de junio, a pocas semanas de la aprobación a nivel constitucional de la 3 de 3 contra la violencia, Las Constituyentes MX solicitaron una reunión de trabajo con Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral.
“Nos dirigimos a usted con el objetivo de solicitarle una reunión de trabajo a fin de tratar lo relacionado a la implementación y seguimiento de la reforma mencionada en el proceso electoral 2023-2024”, se lee en la misiva que tiene acuse de recibido. Sin embargo, al día de hoy no han obtenido respuesta.
Lo anterior enmarcado en la obligación que tiene el INE de emitir los lineamientos que garanticen que ningún violentador de mujeres será postulado como candidato para ocupar un cargo público; mismos que se deben alinear a los principios contenidos en la 3 de 3 contra la violencia.
Cortesía: Yndira Sandoval
Fuente: Cimac
