Ciudad de México / Rita Magaña Torres .- Las 13 mujeres que cometieron suicidio entre el 20 de julio de 2021 y el 6 de diciembre de 2023 en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, ubicado en Morelos, no tuvieron acceso oportuno a servicios psicológicos y psiquiátricos adecuados y las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado fueron inapropiadas.
Así lo determinó una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al indicar que estos hechos comprendieron una violación a múltiples derechos de las víctimas, que incluye protección a la salud, la integridad personal, la seguridad jurídica y legalidad, la igualdad y no discriminación, y el acceso a la justicia; además, 18 personas que resultaron ser víctimas indirectas también han visto comprometidos sus derechos.
El organismo también identificó irregularidades en la investigación realizada por la Fiscalía de Morelos relacionada con las muertes y planea interponer denuncias administrativas en contra de los servidores públicos responsables.
Para la emisión de la recomendación, la CNDH llevó a cabo un estudio en materia de Antropología Social, el cual, en términos generales, señaló que las víctimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad social, tomando en consideración que 86 por ciento de las mujeres privadas de la libertad en el Cefereso son madres de niños y provienen de distintas regiones de México, lo que implica lejanía con sus vínculos vitales y trae como consecuencia el abandono.
Tras los sucesos en el Cefereso 16 de Morelos, visitadores adjuntos de la CNDH encontraron que, a pesar de haberles proporcionado atención psicológica y psiquiátrica a 6 personas víctimas, la misma resultó ineficiente e insuficiente para detectar las conductas de riesgo suicida que presentaban; mientras que en la situación particular de las otras 7 no se les dio ningún tipo de intervención eficaz por las áreas y especialidades mencionadas.
El organismo autónomo encontró múltiples evidencias de que personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos incurrió en irregularidades para la adecuada investigación de las carpetas iniciadas por el deceso de las personas víctimas, al no considerar otras líneas potenciales en las que se contemplara indagar respecto de las omisiones cometidas por personas servidoras públicas de ese centro carcelario respecto de la falta seguimiento médico a 9 de las víctimas.
Precisó que no llevaron a cabo mayores diligencias tendientes a investigar y determinar si existe alguna responsabilidad penal de personal de esa prisión, en tanto no se agotó el principio de exhaustividad y omitieron apoyarse de instrumentos internacionales, como el Protocolo de Minnesota -que contiene procedimientos que deben realizarse cuando acontece una muerte potencialmente ilícita-.
Además de que, en algunos casos, se ha excedido el plazo razonable para integrar y determinar las carpetas de investigación y han incumplido su responsabilidad de implementar perspectiva de género en las investigaciones ministeriales, añadió.
La recomendación emitida está dirigida tanto al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como a la Fiscalía de Morelos, buscando asegurar que se cumplan las medidas propuestas y se salvaguarden los derechos de las internas.
Mencionó que, ante el distanciamiento con las redes familiares, que fractura su identidad y se deterioran sus vínculos vitales, sean familiares, afectivos, amorosos e incluso sexuales, a lo que se suma, gestionar eficazmente las necesidades de urgencia de las mujeres privadas de la libertad para recuperarse del clima emocional de desesperanza, invalidez y de insignificancia como personas que fue observado.
Añadió que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social no remitió constancia o documental alguna que acreditara lo anterior, por lo que fue imposible detectar o frenar alguna sintomatología de riesgo suicida; además de que se invisibilizó, con perspectiva de género e interseccional, las necesidades de atención a la salud
El organismo de derechos humanos determinó también que hubo retrasos significativos en la atención de emergencia que se brinda por los custodios y el servicio médico del centro, la situación de vulnerabilidad social de estas mujeres, exacerbada por el aislamiento, la falta de comunicación con el exterior y el trato recibido durante sus procesos emocionales, contribuyó a sus decisiones de acabar con sus propias vidas.
Incluirlas en el Registro Nacional de Víctimas
La CNDH exige para hacer frente a esta situación que las 13 mujeres fallecidas y las 18 víctimas indirectas sean incluidas en el Registro Nacional de Víctimas, así como la reparación integral, indemnizaciones y la provisión de atención médica centrada en la salud mental.
Asimismo, precisó que la falta de atención a la salud física y mental, de atención de riesgo suicida, el encierro prolongado, la obstaculización en la comunicación con el exterior, así como el tratamiento y atención predominante en cuanto a los duelos y estados de depresión, entre otros elementos, influyeron en la determinación de atentar contra su vida.
Ante los decesos por suicidio acontecidos en el Cefereso 16, resulta indispensable que la autoridad del OADPRS, en el modelo de gestión penitenciaria, visibilice y considere una perspectiva interseccional, tomando en cuenta de forma permanente y precisa las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres privadas de la libertad, cuyos contextos sociales, familiares, económicos y/o culturales son diversos a los de los hombres.
En ese mismo sentido, consideró como factores detonadores de conductas de riesgo suicida, se fortalezca la intervención por parte del personal médico, psicológico y psiquiátrico en el tránsito de duelo, así como las actividades productivas, recreativas y deportivas de manera continua, se evite el aislamiento y la fragmentación de los vínculos que al interior se logran establecer entre las mujeres privadas de Ia libertad y pasan a ser estrategias de sobrevivencia.
