Más de 180 mujeres han sido procesadas desde finales de los 90 por interrumpir supuestamente sus embarazos
Madrid (EUROPA PRESS).- Manuela, que tenía 31 años cuando sufrió una emergencia obstétrica y fue condenada a pasar tres décadas en prisión por un delito de homicidio agravado, falleció en la cárcel en 2010. El caso, que conmocionó a la sociedad salvadoreña, llegó en 2021 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a El Salvador por considerar al Estado «responsable» de la vulneración de sus derechos.
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Este caso es el reflejo de la situación que han tenido que atravesar cientos de mujeres que se han visto privadas de libertad en el país centroamericano, donde está completamente prohibido abortar. Desde 1998 la situación de las mujeres ha empeorado, dado que hasta entonces la interrupción del embarazo estaba permitida en caso de violación, malformación o riesgo grave para la madre.
Ahora, sin embargo, esta práctica es ilegal en todos los casos, lo que supone un retroceso para miles de mujeres salvadoreñas que buscan conquistar sus derechos en una lucha sin tregua pero que parece enquistarse.
El Salvador es, junto a Nicaragua, Honduras, República Dominicana o Haití, uno de los pocos países del mundo donde la simple sospecha respecto a un posible aborto puede acarrear penas de hasta 40 años de prisión. Las condenas, además, se extienden al personal sanitario que decida prestarles algún tipo de ayuda.
Para Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del Aborto, este es uno de los escollos fundamentales: «Es la sospecha la que se convierte en un factor de negación de derechos y se empieza un proceso de culpabilización y criminalización contra la mujer».
Herrera ha alertado en declaraciones a Europa Press de que «desde las instituciones existe una postura tajante porque estas están lideradas por políticos que funcionan con una visión de ventaja política electoral» y ha explicado que «si una postura no les genera réditos electorales inmediatos no la asumen».
«Pienso que (los políticos) no son profundamente conservadores, pero actúan a consecuencia. El problema es que las instituciones no están dirigidas por personas que estén comprometidas con las garantías de derecho de amplias mayorías de la población», como lo son las mujeres, adolescentes y niñas, ha explicado.
Así, ha especificado que en El Salvador es fundamental lograr una reforma de la legislación actual, «promoviendo cambios y adecuando las políticas públicas«. «Las mujeres que corren peligro en el país debido a la prohibición de la interrupción del embarazo son miles», ha alertado antes de matizar que muchas de estas mujeres son víctimas de la violencia sexual y deben enfrentarse a una «maternidad impuesta» que puede poner su vida en peligro.
«Hay mujeres con complicaciones en el embarazo y no tienen ninguna alternativa. En El Salvador los médicos actúan con el criterio de expectativa ante la presencia o diagnóstico de embarazos ectópicos, no lo resuelven de inmediato sino que esperan a que no haya latido fetal y esto pone en un grave peligro a las mujeres», ha puntualizado.
La tragedia de la emergencia obstétrica
Desde finales de los 90 han sido procesadas por abortar o sufrir una emergencia obstétrica 181 mujeres, la mayoría bajo los gobiernos de Francisco Flores y Mauricio Funes, y de edades comprendidas principalmente entre los 21 y 25 años, lo que supone cerca de un 40 por ciento. Esto implica que el 82,3 por ciento son mujeres de menos de 30 años.
Las denuncias recibidas por la Policía desde entonces ascienden a 259, según datos de la Agrupación, con 2013 como el año más marcado. A esto se suma una «cultura patriarcal dominante en la que se vulneran los derechos de las mujeres y niñas solo por el hecho de serlo», tal y como ha revelado a Europa Press Dolores Liceras, experta y coordinadora del Equipo por los Derechos Humanos de las Mujeres de Amnistía Internacional España.
En este sentido, ha señalado que existe un incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones en materia de información y educación, además de acceso a programas de salud sexual», al tiempo que ha recalcado que existe una «enorme presión por parte de las iglesias, no solo la católica» y la «propaganda difundida por los grupos mal llamados pro-vida».
No obstante, ha manifestado que «no parece razonable que ningún gobierno se haya atrevido hasta ahora a promover un cambio legislativo, incluso para legalizar los tres supuestos señalados como hizo el Parlamento de Chile en 2017».
La decisión del Parlamento salvadoreño de archivar en mayo de 2021 la propuesta para reformar el Código Penal y despenalizar la práctica en casos determinados ha supuesto una decepción para gran parte de las mujeres salvadoreñas. «Lo más grave es que las mujeres condenadas hasta a 40 años de cárcel y acusadas de cometer un homicidio agravado van a seguir en la cárcel, privadas de libertad y, en los casos en que son madres, separadas de sus hijos. Y no menos grave es que se seguirán produciendo abortos clandestinos e inseguros y se continuará poniendo en peligro la vida de muchas mujeres y niñas adolescentes», ha sostenido Liceras.
«Ahora toca rearmarse de nuevo. Pero las organizaciones de mujeres de El Salvador saben que su lucha no es en vano y está contribuyendo a que algunos de los procesos por los que se mandó a la cárcel a mujeres se estén revisando», ha dicho en relación con las recientes liberaciones de mujeres condenadas por supuestos abortos.
Entre ellas se encuentran Guadalupe, liberada en 2015, Belén, en 2016, Maira Verónica Figueroa y Teodora del Carmen Vásquez, ambas en 2018, y Elsy, que ha sido puesta en libertad este mismo mes de febrero.
Sobre este asunto, Morena ha resaltado que la reciente liberación de mujeres por presuntos abortos tiene que ver con la confluencia de factores: «la utilización de herramientas posibles en el sistema judicial para defender a las mujeres (…) y la campaña impulsada y a la que se han sumado grandes celebridades, lo que ha disparado la presión hacia las autoridades».
Contradicciones en el Gobierno
Para Liceras, la mayor contradicción que se produce en el actual Gobierno, pero también en los anteriores, es el hecho de que las autoridades «mantienen leyes e instituciones que son tolerantes con la violencia hacia las mujeres en general y en particular con la violencia sexual y el abuso a las niñas en su entorno más cercano, al tiempo que se niega el derecho al aborto legal y seguro incluso cuando los embarazos son causa de esos abusos».
El propio vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, lamentaba en octubre la decisión tomada por la Asamblea Legislativa al cerrar la puerta a la despenalización del aborto en tres supuestos y aseguraba que El Salvador es «una vergüenza en ese campo». Asimismo, descartaba la posibilidad de que se produzca un cambio a corto plazo en este sentido.
«Los gobiernos de El Salvador», ha recalcado Liceras, además de vulnerar los Derechos Humanos de las mujeres con la prohibición total del aborto, incumplen sistemáticamente las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que recomiendan revisar las condenas en cada uno de los casos relacionados con emergencias obstétricas para asegurar juicios justos.
Cerca del 30 por ciento de los partos hospitalarios en El Salvador son protagonizados por niñas de 9 a 18 años, mientras que el suicidio representa más de la mitad de las muertes de adolescentes embarazadas en un contexto de abandono por parte del Estado. Esto ha llevado a las mujeres a seguir luchando sin tregua con el objetivo de blindar sus derechos.
