Caxitepec, municipio de Acatepec, Guerrero.– “He visto que se ha avanzado, pero quiero que la gente sepa que las medidas de reparación son parte de la sentencia, no es parte de ningún candidato, ni partido político. Llevo 21 años luchando para que las mujeres indígenas de Caxitepec tengan un servicio de salud digno”, afirmó Valentina Rosendo Cantú en reunión con funcionarias de salud del estado de Guerrero, a principios de mes, para dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) emitida el 31 de agosto de 2010.
Dichas reparaciones en el ámbito de la salud, consisten en ampliar los servicios de salud en la comunidad Me’ phaa de Caxitepec, la contratación de enfermeras que hablen la lengua; disponer de servicio de atención psicológica; tener acceso a medicamentos gratuitos y, en general, que el centro de salud de un trato amable y de calidad.
En la reunión, Erika Salgado García, directora general de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud Guerrero, señaló que también se sumó la propuesta de un jardín botánico de plantas medicinales para la prevención de enfermedades, porque de eso se trata la medicina preventiva, de cuidar la salud desde la alimentación. Además dijo que buscan implementar un programa para que los jóvenes sean promotores de la salud.
“La nutrición es clave. ¿Por qué una mujer se muere en el parto? No es lo mismo una mujer que tenga una hemoglobina de 14 a una mujer que tiene hemoglobina de 6. Una está bien y la otra débil. Vamos a reforzar toda la estructura de salud porque no es lo mismo lo que yo pienso a lo que piensan en Me’phaa”, comentó.
El rezago de las mujeres en materia de salud va en aumento. El Consejo Nacional de Población, indica que para este 2023, una quinta parte de las mujeres en hogares indígenas, el 21.3 por ciento, no cuenta con afiliación a ningún servicio de salud. Mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su informe Medición de la Pobreza 2022, señala que del 2016 al 2022 se triplicó el porcentaje de mujeres sin acceso a servicios de salud.
Para ejemplo, el centro de salud de la comunidad de Caxitepec, el cual atiende a más de 200 personas de 14 comunidades, pero no cuenta con espacios idóneos y dignos para la atención, no hay ambulancia y ni médicos especialistas.
Valentina sentó un precedente en casos de violencia militar
Valentina Rosendo Cantú fue víctima de violación por elementos del ejército mexicano un 16 de febrero de 2002. El camino a la justicia estuvo lleno de obstáculos, primero por contar con autoridades locales indiferentes a su testimonio, luego por ser mujer, luego por ser indígena.
Después de agotar todas las instancias locales y nacionales, el 10 de noviembre de 2003, en compañía de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, presentó una petición a la CIDH, para denunciar su caso. Ocho años después, el 31 de agosto de 2010, el caso Rosendo Cantú y otra vs. México, de la CIDH, sentenció al Estado mexicano por la violación y tortura en perjuicio de Valentina. En dicha resolución el organismo internacional declaró que el Estado tendría que implementar políticas públicas dirigidas a los servicios de salud integral para las mujeres indígenas.
“El Estado de México resultó internacionalmente responsable por la violación de los derechos de la integridad personal, dignidad, vida privada, garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la señora Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena Me´phaa, en el Estado de Guerrero, quien al momento de los hechos tenía 17 años, estaba casada y tenía una hija”.
Los caso de Valentina Rosendo y otros, como el de Ernestina Ascencio Rosario sucedido en 2007, son relevantes para la vida de las mujeres en las comunidades rurales en un contexto de militarización nacional.
El caso de Valentina sentó un precedente para los casos de violencia militar. El sistema judicial mexicano se modificó para que los casos de violación de derechos humanos cometidos por miembros del Ejército Mexicano fueran llevados por tribunales civiles. Además se aprobaron reformas al Código de Justicia Militar para establecer restricciones al fuero militar en casos de abusos contra civiles.
Sin embargo, los casos siguen sumando. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (sedena) de 2020 a 2023 las quejas contra el Ejército mexicano por abusos militares aumentaron en un 43 por ciento, con un promedio mensual en 2020 de 33 quejas y para el periodo de enero a ayo de este año subieron a 33.
En total, en lo que va del sexenio, la Sedena suma 1,633 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a derechos fundamentales de civiles, como cateos ilegales, homicidios, tortura, omisiones o abusos de autoridad, agresiones sexuales, entre otras. Para los integrantes de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, el derecho a la no repetición es lo que menos interesa a las autoridades del estado.
“Existe una violación sistemática al derecho a la salud en la región de la Montaña, en particular hacia las mujeres indígenas que padecen de discriminación, la indiferencia y el desprecio. La falta de personal médico, el cierre o inexistencia de centros de salud son sólo algunos de los problemas que enfrentan las comunidades del estado”.
