La mayoría de las y los diputados locales que integran las comisiones unidas de Justicia, Igualdad de Género y Salud, votaron en contra del dictamen que despenalizaba el aborto en Zacatecas.
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Con seis votos en contra, tres a favor y una abstención, fue desechada la modificación del Código Penal del Estado que hubiera eliminado las sanciones para la mujer que interrumpiera su embarazo hasta la décima segunda semana de gestación.
La discusión se realizó a más de siete meses de que integrantes del movimiento feminista presentaron al poder legislativo una iniciativa ciudadana para reconocer el derecho a la interrupción del embarazo y así convertir a Zacatecas en la doceava entidad federativa del país donde no está penalizado el aborto.
Al finalizar la reunión, el presidente de la comisión de Justicia señaló que el dictamen, a pesar de no haber sido aprobado, debió ser llevado al Pleno del Congreso, lo cual fue rechazado por otros integrantes de las comisiones unidas e incluso por personal técnico de la legislatura que explicó que hasta allí llegó todo el proceso de la iniciativa.
El diputado, Ernesto González Romo opinó que debieron someterse a discusión dos dictámenes: uno a favor y uno en contra de la despenalización “para que el ganador subiera al pleno”, pues al rechazarse el único dictamen “se desecha todo el asunto”.
Votaron en contra del dictamen María del Mar de Ávila, Karla Valdez Espinoza y José Guadalupe Correa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), al igual que los priístas, Jehú Salas Dávila, Gabriela Basurto y María del Refugio Ávalos.
A favor de la modificación del código penal votaron sólo Imelda Mauricio Esparza (Morena), Juan Mendoza Maldonado (PRD) y Ana Luisa del Muro (PT), mientras que Ernesto González Romo, de Morena, se abstuvo y presentó un voto particular para implementar una legislación enfocada en reducir los abortos mediante la información e impidiendo que las clínicas privadas lucren, todo ello sin castigar a ninguna mujer.
El principal argumento en contra expresado por los diputados del PRI, fue que el dictamen pasó por alto el aspecto financiero que permita dotar de recursos al sistema de salud, para así contar con personal médico, medicamentos y equipo disponible para las mujeres que soliciten abortos.
Las y los legisladores del PAN coincidieron en que la interrupción del embarazo se traduce en dar muerte a una persona, ya que se le debe considerar como tal desde el momento de la concepción.
El dictamen rechazado contemplaba modificaciones al código penal, definiendo al aborto como “la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.
Incluía además imponer de tres a seis meses de prisión, a la mujer o persona con capacidad de gestar que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, una vez transcurridas las primeras doce semanas de embarazo.
Además de las modificaciones al código penal, se incluyó la objeción de conciencia de las y los trabajadores de la salud cuya religión o convicciones éticas les impidiera realizar abortos.
Juan Mendoza, presidente de la comisión de Justicia, defendió la modificación al código penal, al que calificó de anacrónico, pues además de penalizar el aborto su propia redacción va en contra de la dignidad de las mujeres por mantener “la buena y la mala fama pública”, como atenuantes y agravante en la asignación de penas.
Gabriela Basurto votó en contra de la interrupción del embarazo porque contradice el derecho esencial de la vida que está por encima de cualquier otro derecho pues -dijo- la vida inicia desde la concepción.
Además objetó que en el dictamen se hubiera omitido el impacto presupuestario de la despenalización.
María del Mar de Ávila recalcó que el criterio de la Suprema Corte, que en el año 2021 resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto, “no puede obligar” a los Poderes Legislativos de los estados a “adoptarlo a rajatabla”.
Enrique Laviada, presidente de la Junta de Coordinación Política, hizo un llamado a que se deje de criminalizar a las mujeres “y que se modifique el código penal vigente que es obsoleto”.
