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8M: Pronunciamiento de Redes Feministas Nacionales ante la pérdida de derechos


 

 

ALIANZA DE REDES FEMINISTAS NACIONALES PRONUNCIAMIENTO EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

A las mujeres que habitamos en el territorio nacional, a la opinión pública nacional e internacional, a toda la población:

Este 8 de marzo las feministas mexicanas conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y en este momento histórico de retrocesos flagrantes, denunciamos con indignación la pérdida de los derechos que habíamos conquistado después de décadas de lucha, lo que nos coloca en un estado de emergencia. Ante esto manifestamos lo siguiente:

En esta administración federal las políticas públicas de igualdad sustantiva, favorables a los avances de los derechos de las mujeres, han sido socavadas eliminando presupuestos, desmantelando la política de igualdad sustantiva y restringiendo en forma importante el etiquetamiento, entrega y operación de
programas vitales como los refugios para mujeres víctimas de violencias y limitando al extremo otros programas sociales, criminalizando al movimiento feminista y a las organizaciones de la sociedad civil.

Hay programas fundamentales para las mujeres que han sido eliminados, como el de cuidado infantil y el Proigualdad. La no desagregación por sexo de las y los usuarios de los programas públicos impide saber el destino de las acciones y desvían los recursos para las mujeres. Reclamamos el Derecho al Cuidado Digno y al Tiempo Propio de las Mujeres, que fue presentado como iniciativa constitucional aprobado por el Congreso de la Unión y paralizado en el Senado.

Exigimos un Sistema Nacional de Cuidados con perspectiva de género feminista que reconozca la corresponsabilidad de hombres, organizaciones sociales y gobiernos.

La violencia contra las mujeres se incrementa día con día, incluso se han visibilizado nuevas formas de agresiones como la violencia ácida y la violencia vicaria. El Estado ha sido ineficaz en el combate y prevención de la violencia, que también se expresa en la incapacidad institucional del poder judicial para juzgar con perspectiva de género feminista, castigar a feminicidas, hacer justicia a las víctimas y reparar el daño a sus familias.

Ante este sórdido contexto exigimos una Política Nacional Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las mujeres, considerando que en todo el país se registran diariamente 21 feminicidios, es decir, 10 más de los que se registraban el año pasado. La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (DAVGCM) se ha caracterizado por la falta de voluntad política, la insuficiencia presupuestal y la ineficiencia e ineficacia de las acciones. Se ha convertido en un mecanismo de simulación para que la autoridad intente manifestar su cumplimiento. ¿Cuántos feminicidios diarios tienen que registrarse en nuestro país para que los poderes de la Nación reconozcan el estado de emergencia, declaren y hagan efectiva la AVGCM a nivel nacional?

A más de10 años de la aprobación de la Ley General para Prevenir, sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas aún no se han destinado recursos presupuestales suficientes para su aplicación, lo que es otra simulación.

Repudiamos la línea institucional de legalizar la prostitución como trabajo legítimo y elegido, porque atenta contra los derechos humanos y la dignidad de las mujeres exponiéndolas a situaciones de riesgo permanente por los proxenetas, los prostituyentes, los policías y el sistema judicial.

La prostitución lleva a la cosificación, a la violencia, a la sumisión y victimización de mujeres, niñas y niños principalmente.

En México el delito de pornografía infantil ha aumentado un 118% de 2021 a 2022. Se han detectado más de 12 mil 300 cuentas de internet que distribuyen fotos y videos donde se exhiben a niñas y niños explotados sexualmente.

México ocupa el primer lugar en el ámbito mundial como emisor de pornografía infantil, el segundo como productor y distribuidor internacional de este material y el primero en América Latina. A pesar de ello, este delito no es considerado como grave, toda vez que las sentencias que se otorgan a los autores del mismo son escasas y laxas en comparación con los daños que generan a las víctimas.

Los discursos supuestamente “progresistas” están impulsando la idea de que la venta de material de contenido sexual en aplicaciones tecnológicas en redes sociales, es empoderante y liberadora para las mujeres, así como una forma legítima de obtener dinero según afirman. Desestimando que es a costa de la
dignidad y de la cosificación de sus cuerpos.

El Anexo 13, derivado de una lucha feminista para asignar presupuesto para reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, ahora ha sido usado para programas cuyo objetivo no es el de reducir dichas brechas y a su vez, se han incluido otros programas asistenciales simulando un aumento del mencionado Anexo. A la luz de los acontecimientos actuales exigimos que el presupuesto sea transversal, es decir que todo el quehacer gubernamental se realice incorporando políticas públicas que contribuyan a eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en todo el país.

El presupuesto federal para el 2023 ha disminuido, destinando un promedio de sólo $14 pesos por día para cada mujer. Ese presupuesto reducido aparenta incluir igualdad, seguridad, salud, educación, atención a la violencia y programas especiales tales como los de atención y protección a víctimas de
feminicidio.

Actualmente la paridad transversal es un derecho constitucional, sin embargo, en el siguiente proceso electoral, se pretende que ya no se garantice, debido a la aprobación de la reforma electoral del Plan B. Decimos No al Plan B y exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, defienda nuestros derechos declarando la inconstitucionalidad de esta reforma. Denunciamos la complicidad de las y los diputados y senadores que votaron a favor de una
reforma que traiciona a las mujeres y violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las feministas queremos dotar de ética al quehacer político para que no se siga protegiendo a deudores, agresores y acosadores ni se les permita ser candidatos ni acceder a un cargo público o de elección popular. Exigimos que en cada Congreso del país se apruebe la 3 de 3 Contra la Violencia hacia las Mujeres y se ratifique como constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea Ley en todo el territorio nacional. La 3 de 3 no debe hacerse a modo para seguir perpetuando las prácticas patriarcales en el poder, sino que debe ser una vía legal para proteger los derechos humanos de las
mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Demandamos que se legisle en todo el país para que el aborto legal, seguro y gratuito, sea un hecho y se deje de criminalizar a las mujeres que intentan decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Es imperativo cumplir y acatar sin dilaciones la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se deroguen todas las figuras que atenten contra el derecho a decidir de las mujeres y que se destinen los recursos suficientes para brindar los servicios de calidad que requieren para ejercer con libertad sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos.

Las feministas hemos definido al género, como el constructo social sobre el que se basa la opresión de las mujeres. A diferencia de la ideología queer que
sustituye al sexo, realidad biológica, por el género, despojando con ello todo el cuestionamiento político, filosófico, feminista que se hace a los estereotipos y los roles sexistas. La categoría de sexo, que nos nombra como mujeres y hombres, ha sido excluida de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior se conoce como el borrado jurídico de las mujeres, al eliminar la palabra mujer y sustituirla por persona, persona cis, persona gestante, vulvoportante, menstruante o lactante.

Esta sustitución de sexo por identidad de género impide conocer la realidad específica de las violencias contra las mujeres y por ende imposibilita la
intervención especializada en la prevención de estas violencias. Los anteriores cambios legislativos colocan al cuerpo de las mujeres como objetos, partes y funciones consumibles y contratables. Esta deshumanización de las mujeres permite su explotación reproductiva y sexual a través de las prácticas de los vientres de alquiler, nombradas como Gestación Subrogada, y la prostitución que están siendo promovidas para su legalización, a lo que nos oponemos categóricamente como feministas abolicionistas.

Observamos con preocupación la intervención generista al interior del movimiento feminista por parte de quienes promueven la ideología queer institucional contra las feministas abolicionistas que defendemos los derechos de las mujeres basados en el sexo. Esta ideología queer sostiene que para ser mujer basta con autopercibirse como tal y afirma que la biología, es decir el sexo no es el fundamento científico que define a mujeres y hombres. La ideología queer es peligrosa porque ha permitido el avance de leyes que tergiversan las categorías de sexo, género e identidad de género. El borrado jurídico de las mujeres es el feminicidio simbólico y su más grande consigna.

Las feministas abolicionistas acusadas de “Terfas” somos las herederas de las “brujas” de la Edad Media y de las “histéricas” del siglo XIX. Hemos estado
viviendo: agresiones, amenazas de muerte, despidos laborales, pérdidas de apoyos, violencias, censura, exclusión, marginación, represión, persecución,
silenciamiento, entre otras. En este escenario de horror las feministas y las mujeres en general vemos amenazados los logros que como movimiento hemos obtenido tras fuertes luchas.

A través de la difusión de una campaña en medios encargada de una recurrente denostación y denigración, en esta administración, ha sido constante la criminalización de las defensoras de derechos de las mujeres, comunicadoras, organizaciones de la sociedad civil y del movimiento feminista en general. Asimismo, los desplazamientos forzados y feminicidios contra madres buscadoras, han ido en aumento. Esto también forma parte de las acciones que frenan el avance de las mujeres. Un Estado necesita de una sociedad civil organizada y segura para avanzar en la garantía de los derechos humanos. Es fundamental reconocer que las mujeres y sus organizaciones aportamos: trabajo, recursos, saberes y tiempo para construir un mejor mundo posible.

¡POR UNA CULTURA FEMINISTA ABOLICIONISTA EN MÉXICO! ¡BASTA DE SIMULACIONES Y PROGRAMAS INEFICACES PARA LAS
MUJERES! ¡BASTA DE RETROCESOS EN NUESTROS DERECHOS HUMANOS! ¡NO MÁS VIOLENCIAS INSTITUCIONALES CONTRA LAS MUJERES!

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