Organizaciones sociales y comunitarias de Guatemala denuncian el estado de sitio, decretado hace una semana, en seis de los 22 departamentos del país por el presidente del país, Jimmy Morales, y ratificado por el Congreso. Con esta medida aumenta el riesgo de acoso y de violencia contra personas que lideran las zonas comunitarias y ambientales, utilizando para ello la justificación de perseguir a los narcotraficantes asentados en dicha zona.
La última víctima de esta escalada de violencia ha sido la maestra Diana Isabel Hernández Juárez, de 35 años, coordinadora de Medio Ambiente de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el departamento de Suchitepéquez. Diana Isabel fue asesinada el sábado 14 de septiembre con arma de fuego cuando participaba en una procesión de Monte Gloria, por unos desconocidos que huyeron del lugar. La profesora lideraba varias iniciativas que promovían la protección del medio ambiente. Había dedicado gran parte de su vida a la sensibilización y recuperación de las especies nativas que permitieran la reforestación comunitaria y, con ello, paliar los diferentes problemas ambientales que se enfrentan en la región, sobre todo el de la falta de agua.
Alianza por la Solidaridad se solidariza, y se suma a la Asociación de Mujeres Madre Tierra de Suchitepéquez para expresar su repulsa ante el «cobarde asesinato». Este nuevo crimen se añade a los muchos casos de ataques a los encargados de liderar el trabajo por el bien común y qué, hasta el momento, son crímenes que no han sido esclarecidos.
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39 personas asesinadas por el activismo ambiental
Sólo entre 2017 y 2018 fueron asesinadas 39 personas relacionadas con el activismo ambiental en el país centroamericano. Desde la Asociación, han exigido a las autoridades que investiguen a fondo para encontrar a los responsables y que la muerte de esta joven no quede, como tantas, impune. Petición a la que se suma Alianza. La situación en gran parte de Guatemala es caótica, sobre todo después de que el pasado 5 de septiembre se decretara el estado de excepción y, con él, la presencia del Ejército en muchos departamentos del país.
Alianza por la Solidaridad, así como numerosas organizaciones sociales guatemaltecas, temen que se produzcan abusos en unas zonas que se caracterizan por una alta conflictividad social generada por grandes mega proyectos empresariales, como grandes hidroeléctricas, minería o agronegocios.
Si bien debe investigarse el asesinato de los militares, por el que se declaró este Estado de Excepción, desde las organizaciones defienden que el combate contra el narcotráfico en Guatemala requiere investigaciones coordinadas de forma integral en las instituciones del Estado, incluyendo también el lavado de dinero y la corrupción que impera en el país centroamericano.
Alianza por la Solidaridad exige a las autoridades españolas y europeas que presionen al Gobierno de Guatemala para que cumpla escrupulosamente la normativa internacional y resuelva el grave problema del tráfico de drogas sin vulnerar los Derechos Humanos.
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