Celeste Murillo.- En los últimos días se conocieron varias denuncias de organismos de derechos humanos y organizaciones feministas de golpes, abusos y amenaza de violaciones contra mujeres que participan de las protestas y los cacerolazos. Las fuerzas represivas chilenas aplican un método que no es desconocido para las mujeres en América latina.
En medio de detenciones y verdaderas cacerías de participantes en las protestas, se conocieron casos de abuso sexual de parte las Fuerzas Especiales chilenas, Carabineros y militares. En el marco del estado de excepción y el toque de queda en varias ciudades, se multiplican las denuncias de violencia con especial saña contra las mujeres.
Muchas de las denuncias durante las detenciones están relacionadas con malos tratos, golpes, torturas y vejaciones sexuales, entre otras violaciones a los derechos individuales. La situación de las mujeres que participan de las protestas es señalada con preocupación por organizaciones como la Red Chilena Contra la Violencia hacia las mujeres. Silvana del Valle, abogada de esa organización, señala la trayectoria que tiene en Chile y América latina la violencia político-sexual.
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Una de las denuncias que se conoció dice que, “las chicas que han sido detenidas fueron todas desnudadas delante de hombres, no de mujeres como dice la ley que debiera ser. Han sido todas tocadas en sus genitales, los pechos; a varias les han metido o la punta del fusil o la culata, en la vagina y les han dicho si quieren que se las violen por el culo, las han tratado a todas de putas; que las van a violar y después las van a matar, muchas de esas chicas aún no regresan a sus casas” (palabras de una psicóloga de Santiago de Chile que no hizo público su nombre). La incertidumbre y el desconocimiento del destino de muchas personas detenidas, que según varios medios ascienden a 2 mil, también juega como un arma de disciplinamiento.
Una mujer detenida denunció haber sido puesta boca abajo sobre la basura y que un miembro del Ejército la amenazó con dispararle si se movía, la tocó con el fusil y dijo que iba a “penetrarla con el arma”. La denuncia fue recogida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que presentó múltiples medidas legales con respecto a las condiciones y lugares de detención.
Otra denuncia que se conoció fue la de Pamela Maldonado detenida junto a su padre en Santiago. Denunció que rumbo a la comisaría un carabinero amenazó con agredirla sexualmente. “¡A ver si te gusta por el culo!”, le dijo cuando la trasladaban.
Esta no es la primera vez que las fuerzas represivas chilenas son señaladas por abusos y violencia sexual. Durante las protestas estudiantiles de los últimos años, hubo muchas denuncias contra las fuerzas especiales de Carabineros por levantarles la pollera a las estudiantes secundarias. Estudiantes que fueron detenidas durante las protestas confirmaron también que les tocaban los genitales, las desnudaban y los insultos más comunes eran aquellos relacionados con su sexualidad (“Putas de mierda”, “Lesbianas”, entre otros).
La violencia sexual como arma del terrorismo de Estado
En nuestro continente, son conocidas las torturas perpetradas por las Fuerzas Armadas contra las mujeres: abusos y violaciones fueron moneda corriente en las dictaduras militares latinoamericanas. El “disciplinamiento de género” fue una parte importante de la violencia estatal contra las mujeres. Durante el juicio contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz en Argentina, la abogada Myriam Bregman (querellante de esas y otras causas contra crímenes de lesa humanidad y diputada del Frente de Izquierda) señaló que “la violencia sexual implementada como parte del terrorismo de Estado” debía ser reconocida como parte del accionar de las Fuerzas Armadas.
También durante los gobiernos “democráticos”, las violaciones y abusos fueron un arma utilizada por las fuerzas represivas. Uno de los casos más conocidos de las últimas décadas fue la represión de San Salvador Atenco (México) en 2006, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Entonces, las autoridades emprendieron una represión salvaje contra el pueblo de San Salvador Atenco, que defendía sus tierras. Como parte de esa represión hubo denuncias de mujeres vejadas, humilladas y violadas por efectivos policiales.
Las violaciones perpetradas por las miembros de las fuerzas represivas hizo que el mensaje de castigo y disciplinamiento fuera explícito física y políticamente. La violencia no cesó con las violaciones sino que continuó en el silenciamiento de sus denuncias.
Si hay un caso paradigmático es el de las tropas de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), blanco de denuncias de violaciones, abusos y redes de prostitución de mujeres y niñas. Muchos de los efectivos de las fuerzas represivas de Chile, así como de Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, fueron formados en esa fuerza especial. En Haití, efectivos de las tropas de paz fueron señalados por 225 mujeres en denuncias por abuso y explotación sexual; un tercio de ellas son menores de 18 años.
Según un informe de Naciones Unidas, entre 2008 y 2013 se realizaron 480 denuncias de explotación y abuso sexuales, de las cuales una tercera parte involucra a niñas y niños. Las misiones en la República Democrática del Congo, Liberia, Haití y Sudán del Sur concentran la mayor cantidad de denuncias. En 2014 se sumaron 51 denuncias de explotación y abusos sexuales contra las fuerzas de paz de la ONU.
Casi la mitad de las denuncias contra soldados estaban vinculadas con relaciones sexuales con menores de edad y 15%, con violaciones y agresiones sexuales.
Los abusos actuales de las fuerzas represivas confirman que la violencia sexual sigue siendo una arma utilizada contra las mujeres en marcos represivos. La movilización feminista y contra la violencia machista dejó al desnudo la complicidad necesaria del Estado en la reproducción de una larga cadena de violencias patriarcales. A la negativa de derechos y el sostenimiento de prejuicios se suma la violencia sexual perpetrada por las fuerzas represivas que confirma, una vez más, que el Estado es responsable.
Fuente: La Izquierda Diario
