Las órdenes de protección, por ley, son un mecanismo de protección que tienen como fin principal salvaguardar la seguridad de las víctimas
Ciudad de México / (Cimac Noticias).- El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, informó que durante la emergencia sanitaria por COVID-19 de han otorgado 400 medidas de protección a mujeres víctimas de violencia de género.
Las órdenes de protección, por ley, son un mecanismo de protección que tienen como fin principal salvaguardar la seguridad de las víctimas, prevenir la violencia en su contra, restituirlas en sus derechos y protegerlas de cualquier tipo de violencia y pueden ser de emergencia, preventivas y civiles.
En una reunión virtual de trabajo con la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, del Congreso local, el presidente del Tribunal expuso que en tres ocasiones se suspendieron las actividades debido a las medidas de distanciamiento social y confinamiento en casa para evitar contagios de la enfermedad, sin embargo aseguró que hubo guardias para atender los asuntos jurisdiccionales.
En su informe ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el magistrado Guerra Álvarez mencionó que también se creó un sistema de videoconferencias para garantizar la convivencia de padres con sus hijas e hijos. Hasta ahora, dijo, se han otorgado 125 convivencias virtuales, con lo vigilancia de profesionales en materia de derechos de la niñez.
En la reunión también se informó que el Congreso de la Ciudad de México junto con la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia, de la capital, elaborarán una agenda para fortalecer el marco jurídico para combatir la violencia familiar y la violencia hacia mujeres, niñas y niños.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, del Congreso local, el diputado Eduardo Santillán Pérez, informó que próximamente se conformará un grupo de trabajo para realizar un diagnóstico institucional sobre el marco jurídico en materia de violencia hacia las mujeres y promover un ajuste en las políticas públicas.
La semana pasada las y los diputados de la Comisión se reunieron con la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, quien informó que a través de la Agencia de Denuncia Digital, instalada en diciembre, se amplió el catálogo de delitos que se pueden denunciar a través de internet, entre ellos la violencia familiar y sustracción de menores.
La fiscal aseguró que en los casos de violencia contra las mujeres se estaba promoviendo la asesoría a distancia en materia psicológica y legal; se implementaban medidas de protección, e informó que se abrió una Sala de Situación, para analizar la información referente a riesgos feminicidas.
En esa reunión con la titular de la Fiscalía, el diputado Santillán explicó que se organizaría una mesa de trabajo en materia de violencia de género, en la que participarán la Comisión de Derechos Humanos, la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, el Instituto local de las Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México.
