Ciudad de México / Anayeli García Martínez (CIMAC Noticias).- En México 21 por ciento del total de la población es indígena, es decir, alrededor de 25 millones de personas; si este fuera un criterio para integrar la Cámara de Diputados, por lo menos 100 de las 500 diputaciones deberían ser de personas pertenecientes a estas comunidades.
Sin embargo, actualmente sólo hay 13 curules ocupadas por indígenas y tres de ellas por mujeres, lo que muestra la necesidad de una reforma que garantice su participación política, así concluye una investigación realizada por las consultoras Teresa Hevia Rocha, Carmen Alanís Figueroa y Blanca Olivia Peña Molina, publicada recientemente por el Instituto Nacional Electoral (INE).
La investigación “El impacto de las medidas afirmativas de género y de personas indígenas en el registro de candidaturas. Proceso electoral federal 2017-2018”, destaca que de estas 13 diputaciones, que concluyen funciones en 2021, tres son de mujeres provenientes de pueblos originarios.
En las elecciones de 2018, por primera vez en la historia, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidieron a los partidos políticos postular, con paridad, a personas adscritas como indígenas en por lo menos 13 distritos con más 60 por ciento de población indígena. Si bien el resultado fueron 13 hombres y tres mujeres electas, el estudio indica que México quedó lejos de lograr una representación justa.
Al hacer una revisión histórica de la participación política de las mujeres indígenas en la Cámara baja, la investigación asegura que ellas tienen mucho menos acceso a las curules en comparación con los hombres. En 2006 apenas dos fueron legisladoras federales; tres en 2009; dos en 2012 y ninguna en 2015. Hoy en día son tres: Manuela del Carmen Obrador Narváez, Clementina Marta Dekker Gómez e Irma Juan Carlos.
Las expertas recordaron que, generalmente, cuando se permite que los partidos políticos elijan las posiciones para postular grupos subrepresentados, han optado por proponer estas candidaturas en los espacios con menores probabilidades de ganar. Tal es el caso de las postulaciones de mujeres y de personas indígenas.
Otras reflexiones en la investigación son que en el Senado no existe ninguna obligación de que las personas de los pueblos originarios ocupen una senaduría; tampoco hay acciones afirmativas con perspectiva étnica para las candidaturas de representación proporcional en ambas cámaras ni en las diputaciones locales.
Esto sucede a pesar de que la inclusión política de los pueblos y comunidades indígenas es una cuestión de Derechos Humanos necesaria para enriquecer la toma de decisiones en un país multicultural. Por ello el estudio llama la atención sobre la necesidad de considerar opciones más rigurosas, como la reserva de escaños o la la delimitación de circunscripciones plurinominales especiales para población indígena.
