Kyra Núñez de León, tuxtleca de nacimiento, es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM con maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra. Trabajó de corresponsal en el extranjero para medios nacionales como La Jornada, regresando a Chiapas en 2015 donde hace periodismo en El Sol de Chiapas y en medios informativos feministas. Escritora, tiene varios títulos publicados, como Mujeres en Vietnam, Jerigonza y el más reciente Rostros y Rastros de una Leyenda: Gertrude Duby Blom. Es Medalla Rosario Castellanos 2012. Actualmente es Consejera Consultiva 2018-2022 del Instituto Nacional de las Mujeres.
Cotidianas | Kyra Núñez (Consejera Consultiva – INMUJERES)
No es por razones fortuitas que las mujeres indígenas han estado tan activas en la defensa de sus derechos políticos y electorales pues muchas están hartas de ser discriminadas de su acceso a la conducción de sus pueblos y comunidades, excluidas en la selección de candidaturas a puestos en los cabildos de sus municipios y en el congreso estatal y si bien recientemente han comenzado a visibilizarse, en la mayor parte de los casos es para simular paridad democrática pues las ponen de lado en su función bajo el ojo tolerante de las autoridades de gobierno. Ahora comienzan a apropiarse de los preceptos legislativos sobre paridad en todo y a una vida política libre de violencia política por razones de género.
Este domingo 9 de agosto fue la 26va conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas por lo que traigo a estas líneas tres demandas recientes de mujeres indígenas chiapanecas: la designación de una verdadera indígena como integrante del gobierno estatal, que las munícipes indígenas sean protegidas y que se les garantice que puedan cumplir con sus mandatos en los cabildos, y el que los partidos políticos selecciones a verdaderas indígenas como candidatas a puestos ya sea en los municipios o en el congreso estatal y no solamente sean políticas de voto.
En este Día Internacional de las Poblaciones Indígenas pensemos en que el 5% de la población mundial es indígena, más de 370 millones de personas en 90 países y que de éstos, el 15% vive en pobreza extrema. Habrá que recordar que las mujeres son la mayor parte de dicha población. Son estos pueblos los protectores del 80% de la biodiversidad planetaria aunque no se les reconozca su posesión. En México hay 67 pueblos indígenas con unos 15 millones de personas, casi 52% son mujeres; hablan 62 idiomas que son nacionales, como estipula a sus lenguas la Constitución de México; de cada 100 personas indígenas 14 no habla español.
Chiapas cuenta actualmente con 33 presidentas municipales siendo su mayoría de municipios indígenas. No es la paridad que estipula la legislación estatal y federal pero ya es un avance. Sin embargo, persisten las opresiones étnica y cultural, discriminación de género y de clase, basadas desigualdad sistemática, sistémica y estructurales.
En política, sufren violencia y son despojadas de sus cargos aunque conserven el título, son excluidas de los asuntos de gobierno municipal, se les niega sus emolumentos e, incluso, en los eventos oficiales no son ellas las que están en la foto con el mandatario o funcionario que llega a su pueblo a pesar de que son ellas las que tienen el bastón de mando. Las violencias contra ellas vienen también de sus propias familias, padres, hermanos y maridos “porque cuando una mujer indígena entra en política rompe con esquemas sociales y ahí comienzan nuestros problemas” testimonió la Licda. Patricia Díaz López, de San Juan Chamula, durante el foro de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva -REPARE- sobre “La armonización de las reformas sobre delitos por violencia política contra las mujeres en razón de género” el pasado 4 de agosto. “Nuestro problema son nuestros pueblos” que les cierran las puertas de la política por cultura ancestral y por lo que dan en llamar usos y costumbres -dijo.
En dicho foro, Margarita Díaz García, alcaldesa de Chalchihuitán, narró su exclusión política por decisiones de oponentes que cometen todo tipo de delitos sin que las instituciones de justicia le cumplan “ni siquiera el Congreso estatal” donde, dijo “hay mucha mujer y nada de apoyar a las mujeres”; ella ha sido violentada al extremo que no puede ejercer su gobierno municipal al que fue electa y vive desplazada en otro municipio temiendo por su vida.
Ellas son mujeres en uso de sus derechos políticos que no quieren ser electas por meros requisitos de planilla ni de ser alcaldesas o síndicas de foto, quieren ejercer el mando porque saben cómo deben hacerlo porque son mujeres de sus comunidades, verdaderas indígenas. Otro tipo de violencia contra funcionarias de cabildos indígenas es el de Pantelhó, que finalmente logró radical sentencia, primero con el desafuero del Alcalde por el Congreso estatal y luego con su arresto.
Ya viene otro proceso interno en los partidos políticos para la designación de candidaturas a puestos en cabildos y en el congreso federal y estatal, en los cuales ya no podrán pasar por alto la ley de Paridad en Todo ni escudarse en cualesquiera de las prácticas que usaban antes de las reformas electorales decretadas el pasado fin de junio y que constituyen delitos de violencia política contra mujeres en razón de género. Puede ser que vamos en camino a la democracia paritaria.
Chiapas es el tercer estado luego de Oaxaca y Yucatán, con mayor población indígena: 1´141, 499 personas aproximadamente el 27% de la población estatal. Siete de cada diez viven en pobreza, de esos siete, cuatro en pobreza extrema y desde tiempos ancestrales están rezagados del bienestar, desarrollo, servicios básicos, desigualdad económica, social, cultural, política y de género, sufren discriminación y racismo, son víctimas de explotación cultural, étnica, de trata y desplazamiento, se les arrebatan sus bienes naturales y se les despoja hasta de su dignidad.
Hay otras tareas por cumplir ciertamente. En el ámbito internacional, la mujer indígena es casi invisible en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, adoptada en 2007 donde de los 46 artículos, dos hacen referencia a las mujeres, el 22 y 44, desde la perspectiva de grupo con necesidades especiales, que requiere protección y garantías para vivir sin violencia y discriminación; el Art. 44 hace la aclaración de que “Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer indígenas”. El principio de igualdad se estipula en el Art. 46.
Finalmente, desde hace un año viene cobrando fuerza la demanda de organizaciones sociales de mujeres indígenas ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres -CEDAW- para que adopte una Recomendación General sobre la situación de las mujeres indígenas que incluya la demanda por paridad de género en política, que aborde el racismo y la discriminación que sufren y que asimismo atienda la relación entre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres indígenas.
