Mujeres indígenas del estado de Guerrero se manifiestan ante la oficina de la Fiscalía estatal, en el municipio de Tlapa de Comonfort, y enunciar sus luchas y demandas.
Ciudad de México / Anayeli García Martínez (Cimac).– Casi en silencio y en la penumbra, las mujeres indígenas del estado de Guerrero recorren caminos y tocan puertas de instituciones para pedir ayuda y reclamar justicia para sus hijas, madres y hermanas, pero pocas veces son escuchadas y menos atendidas.
Las indígenas no son ajenas a la violencia, por eso no podían dejar pasar este 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, para plantarse ante la oficina de la Fiscalía estatal, en el municipio de Tlapa de Comonfort, y enunciar sus luchas y demandas.
En esta entidad, donde se avecina un cambio de gobierno y un hombre acusado de violación sexual aspira a dirigirla, Félix Salgado Macedonio, las mujeres pidieron “que tiemble el Estado, los cielos, las calles, los jueces, juezas y judiciales”.
Con este fragmento de “Canción sin miedo”, de la cantautora Vivir Quintana, la noche de este lunes una joven guerrerense dio un mensaje en una velada para decir que aunque la violencia creció durante la pandemia por Covid-19, su miedo se ha transformado en alas.
“Somos testigas de cómo los organismos jurisdiccionales y unidades administrativas del estado han brindado atención de forma intermitente —de por si permeada por la lentitud de la burocracia—, dejando en mayor desprotección a mujeres que han sido víctimas de agresiones”, dijo.
Como muestra de la realidad, los datos: En lo que va de este año el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan ha documentado 20 casos de feminicidio, 15 de violencia sexual, cuatro de desapariciones, 75 casos de violencia física y 73 de violencia económica. En ningún caso de feminicidio o de violencia física se ha dictado condena ni se ha brindado medidas de protección a las familias de las víctimas que denuncian.
En aquel acto de memoria que se transmitió en redes sociales, las mujeres guerrerenses recordaron que una de aquellas indígenas que ha tocado las puertas de la Fiscalía estatal fue Aurelia, una indígena Na Savi, del municipio de Cochoapa el Grande, que acudió para pedir ayuda ante las amenazas que vivía.
Una noche Aurelia dormía en el suelo, con sus hijos de 6 meses y 7 y 5 años de edad, cuando alguien entró a su casa y disparó a su esposo, quien la maltrataba constantemente.
Aquella noche ella salió corriendo en busca de ayuda y aunque el agresor la siguió pudo escapar. Llegó a la casa de sus suegros, quienes la acompañaron a ver qué pasó. Al ver que su hijo estaba muerto, los suegros se abalanzaron contra ella, la acusaron de asesinato. Aurelia y su madre fueron amenazadas para declararse culpable y cómplice.
Aunque no había pruebas en contra de la mujer, quien en realidad era víctima de violencia y testigo de un crimen, fue interrogada en la Fiscalía de Tlapa, en un idioma que no entendía, porque es monolingüe. Con temor a ser encarcelada y sin comprender qué pasaba, el día de su declaración salió de la oficina y se quedó a dormir afuera de la Fiscalía hasta que le dijeran que podía retirarse.
Aurelia regresó a su localidad, con la idea de cuidar a sus hijos. Allí, sus suegros ordenaron a la policía municipal atarla y dejarla en el rayo del sol, para que le sirviera de escarmiento. En una comunidad que no quiso intervenir para no ser señalada como cómplice, la mujer también fue lesionada en el cuello con cuchillo, por una prima de su esposo.
Cuando la familia de su pareja la dejó en libertad acudió a Tlachinollan; con ayuda de esta organización fue a la Fiscalía de Tlapa para pedir protección y recuperar a sus hijos, quienes se quedaron a cargo de sus suegros. Las autoridades se negaron a ir a Cochoapa a recuperar a los menores de edad y entregarlos a su madre. Aurelia trataba de reunirse con sus hijos, pero desde mayo de 2020 está desaparecida.
Ella no es la única víctima, así lo dijeron este 8 de marzo las defensoras que trabajan en la Montaña guerrerense. Allí las niñas también son asesinadas y violentadas sexualmente. El ejemplo es Libertad, una menor de edad víctima de violación sexual. Libertad es una de esas mujeres que hoy no piden felicitaciones sino justicia.
Un día Libertad regresaba a su casa, en Coachapa, después de hacer un mandado a su madre. Cerca de un rio fue raptada por dos encapuchados que la subieron a un auto, la apuñalaron y la violaron. En esa agresión la dejaron ir, pero le ordenaron que les diera su número de teléfono. Desde entonces la llamaron para amenazarla.
Por temor a que le hicieran algo a su madre, Amalia dijo que se cortó con un cuchillo y tuvo que acudir con los desconocidos cada vez que la llamaban. Fue violada en reiteradas ocasiones. En una de esas agresiones, la niña de 16 años de edad, presentó un embarazo y en otra tuvo un aborto. Lastimada emocionalmente le contó a su madre. En junio de 2020 llegó al hospital, allí le detectaron desnutrición y VIH.
Rodeadas por veladoras, después de escuchar estos testimonios, otras mujeres, jóvenes y adultas, pidieron a las sobrevivientes de la violencia institucional alzar la voz, reconocerse a sí mismas y mirar a quienes están acompañándolas encarando a las autoridades.
Reunidas en aquella Fiscalía, donde en el suelo aún queda la huella de la frase pintada “Un violador no será gobernador”. En ese recinto de justicia, la soprano Alondra Cecilia González, originaria de Tlapa, acompañó a las mujeres cantando el himno de las mujeres, la “Canción sin miedo”, que entre sus versos dice “No olvide sus nombres, por favor, señor presidente”.
