El área jurídica del Congreso presentó denuncias por daños al inmueble del recinto legislativo y a vehículos que se encontraban en sus inmediaciones
La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso, Nora Merino Escamilla (Morena), confirmó que el área jurídica del Congreso presentó denuncias ante la la Fiscalía General del Estado (FGE) por los daños provocados a la sede del poder legislativo tras la marcha del 8M, esto pese a que diversas organizaciones como Artículo 19 y colectivas feministas han denunciado que las represalias anunciadas son una criminalización de la protesta y una violación al derecho de libre asociación y libertad de expresión.
Durante la rueda de prensa de la diputada, en la que anunció las acciones emprendidas, no mencionó cuáles son los delitos que se enlistaron en las denuncias presentadas ni el número. Tras la reunión, LADO B pidió más detalles al respecto, pero la legisladora no respondió a la solicitud; al tratar de confirmar el dato con el enlace de comunicación de la FGE, la persona encargada del área refirió que es necesario contar con el número de carpeta de investigación para solicitar información al respecto.
En cuanto a los datos que sí brindó, Merino Escamilla dijo que el inmueble del Congreso es patrimonio histórico del estado y que la puerta data de 1833, y debido a esto el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) solicitó la intervención del área jurídica del Congreso, la cual finalmente presentó denuncias contra quienes resulten responsables.
La presidenta de la Jugocopo reiteró que son válidas las manifestaciones y “cualquier acción que se haga para exigir un derecho como la seguridad y como son muchos otros” pero sentenció que no pueden permitir que «un pequeño grupo deslegitime la causas por las que las mujeres salieron a la calle».
Agregó que se tiene que “hacer toda una reconstrucción [de] este bien inmueble”, aunque no brindó más detalles respecto a las intervenciones que se tendrán que hacer en la sede del Congreso para reparar los daños.
Asimismo, las dos mujeres cuyos vehículos resultaron afectados —y que son trabajadoras del Congreso— también presentaron denuncias, aseguró Merino Escamilla en su rueda de prensa, y agregó que el Congreso está viendo la forma de apoyarlas, porque una no tenía seguro y la que sí contaba con el servicio no le cubre las afectaciones por ser “vandalismo”.
Por otro lado, la colectiva Coatlicue SiempreViva dijo que la criminalización que está haciendo el Poder Legislativo, hacia algunas feministas, es por cuestiones políticas, para seguirle el juego [al gobernador Miguel Barbosa] con el pleito que tiene con Claudia [Rivera]”, siendo esta última señalada por el ejecutivo estatal de estar detrás de la toma pacífica del Congreso y de los incidentes ocurridos durante las manifestaciones del 8M.
Por último, REDefine Puebla dijo que es lamentable que mujeres como la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill一quien antes de concluir el 8 de marzo convocó a una rueda de prensa urgente para anunciar represalias en contra de las manifestantes一; y ahora Merino Escamilla desvíen la atención de las causas que hicieron que las mujeres salieran a manifestarse el 8 de marzo, las cuales son los feminicidios, las desapariciones y el aumento de violencia a raíz confinamiento.
«A nivel nacional el llamado es a que el gobierno no criminalice a las compañeras que pudieron haber sido las que causaron esos daños», sentenció la vocera de REDefine, un llamado a nivel nacional que también va dirigido a medios de comunicación, ya que algunos difundieron los nombres de presuntas responsables de los incidentes violando su derecho a la presunción de inocencia.
Es importante recordar que hace unos días, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director de la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19, decía en entrevista para LADO B que la postura del Estado para desvirtuar las causas de este movimientos recuerda a los viejos gobiernos que responsabilizaban a agentes externos y ajenos a los colectivos y movimientos sociales por las protestas, con el objetivo de deslegitimar las exigencias del movimiento; de esta forma buscan eximirse de la responsabilidad de resolver las problemáticas que originan las manifestaciones.
