El presidente de la república giró la orden de que el secretario de gobernación la atendiera, sin embargo no ha sucedido.
Ciudad de México / Aline Espinosa Gutierrez (CIMAC).– Integrantes de Amnistía Internacional enviaron una carta al secretario de gobernación de México, Adán Augusto López Hernández, a fin de que éste cumpla con su obligación de reunirse con la periodista Reyna Cecilia Solís Martín, quien fue herida con arma de fuego por policías durante la manifestación del 9 de noviembre de 2020 en Cancún, Quintana Roo, y así permitirle acceder a la justicia.
Los policías municipales de Quintana Roo, dispararon contra manifestantes que se encontraban en el ayuntamiento por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, ocurrido dos días antes. Las mujeres que fueron violentadas siguen sin tener claridad respecto a quiénes fueron sus agresores y quién dio la orden de disparar, golpear, y de torturar sexualmente al menos a dos menores de edad. A un año este hecho sigue impune.
En la carta, explicaron que el 17 de noviembre de 2021, Solís Martín expuso su caso, las violaciones a sus Derechos Humanos, los obstáculos para acceder a la justicia, y las amenazas de las que ella y su familia son víctimas al presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador durante la Conferencia de Prensa Matutina. El mandatario giró la orden de que el secretario de gobernación la atendiera, sin embargo no ha sucedido.
Por tales razones, propusieron que la reunión se pueda llevar a cabo el próximo 13 de diciembre de 2021 a las 11 horas, y en ella estén presentes Solís Martín, una representante del Comité de Víctimas del 9 de noviembre, e integrantes de Amnistía Internacional, con el fin de garantizar que la víctima sea atendida de manera respetuosa y segura y se busque resolver las interrogantes que rodean el hecho.
“Consideramos, señor secretario, que la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, así como garantizar el acceso a la justicia por las violaciones a derechos cometidas por personas servidoras públicas son temas urgentes que requieren a un acercamiento entre gobierno y sociedad civil y que posibilite la construcción de estrategias conjuntas”, detallaron.
Es necesario recordar que el 10 de noviembre 2021, una delegación de Amnistía Internacional México y del “9.11 Comité de Víctimas” se reunió con el Fiscal General de Justicia de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, para conocer los avances en la investigación iniciada para identificar a las y los integrantes de las fuerzas policíacas que reprimieron física y sexualmente a las mujeres, pero no hubo avance alguno.
Amnistía Internacional señaló que las agresiones y el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos policiales contra periodistas, manifestantes y defensoras durante las movilizaciones feministas han sido más recurrentes en los últimos años debido a la ausencia de un protocolo de actuación y la estigmatización impulsada por el gobierno. Panorama que retrataron en su informe “La era de las mujeres: estigma y violencia contra mujeres que protestan”.
Cabe recordar que la criminalización de la protesta es una situación que se repite en todo México. El pasado 27 de octubre, diversas de organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado mexicano hace uso indebido de la fuerza, violencia, tortura sexual, acoso, hostigamiento físico y digital contra las mujeres que participan en las protestas feministas.
Tan sólo entre 2020 y 2021, documentaron represión policial en manifestaciones encabezadas por mujeres en al menos 10 estados: Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México, por ello pidieron al Estado mexicano abstenerse de estigmatizar las participantes de las protestas y reconocer la legitimidad de sus manifestaciones.
