Chilpancingo, Guerrero / Josefina Aguilar Pastor (SemMéxico).– La casa, es considerada por las niñas, niños y adolescentes como el lugar más inseguro y violento; durante la pandemia, fueron reportados 139 homicidios y 307 lesiones contra niños, niñas y adolescentes con arma blanca, de fuero y otros objetos en Guerrero; señaló Vincent Mireles Rangel especialista en incidencia en política pública y territorio de World Visión México.
Durante la presentación del informe sobre la violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes y organizado por la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el representante de World Visión México, dijo que durante la pandemia, fueron reportados 139 homicidios y 307 lesiones contra niños, niñas y adolescentes con arma blanca, de fuero y otros objetos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Publica.
Entre enero y marzo de este año, Guerrero ha reportado 862 llamadas al 911, por violencia al interior de los hogares.
Vicent Mireles Rangel precisó que para elaborar este informe, escucharon la voz de las y los protagonistas; donde participaron ocho municipios de las zonas norte, centro, costa grande, costa chica y montaña de los contextos, urbano, rural e indígena (amuzga).
La metodología aplicada para la realización de este diagnóstico, fue la conversación comunitaria, probada en contextos frágiles a nivel internacional, la cual busca generar tres líneas de trabajo; la primera, una encuesta en línea dirigida a niños, niñas y adolescentes y adultos.
Fue en línea porque inicialmente el instrumento se planteó como un ejercicio presencial que cambio con la llegada del Covid-19.
Y de manera paralela, desarrollaron grupos focales con personal de primera línea en prevención, canalización y atención a la violencia, con niñas, niños, adolescentes y personas cuidadoras.
Todas estas conversaciones logradas, fueron contrastadas con ocho indicadores sobre las leyes y políticas públicas, entre ellas, la situación de la implementación de los servicios, el estado actual de las leyes en el Entidad, y como todo ello se identifica con ciertas brechas, o espacios y área de oportunidad en el Estado.
La investigación derivó en diez principales hallazgos: la casa, es el espacio con mayor violencia más del42.8 de las personas encuestadas, perciben a la casa como el principal espacio donde se manifiesta violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Segundo, las niñas, niños y adolescentes, no se sienten seguros, más del 68.9 por ciento, no se consideran seguros ni seguras todo el tiempo en ningún lugar. Tercero, la violencia se incrementó en el último año, el 42.4 por ciento, menciona que hubo un incremento en la violencia en este periodo de tiempo.
El cuarto hallazgo, fue que el encierro, el aislamiento y la violación sexual, son las más preocupantes entre niñas, niños y adolescentes; el 95.5 por ciento, consideró encerrar y aislar en condiciones humillantes mayormente, como forma de violencia contra la niñez y adolescentes., mientras que la violencia sexual ocupa un porcentaje del 94.9 por ciento.
El quinto hallazgo menciona que persisten casos de matrimonio infantil en Guerrero, pese a su prohibición, el 63 por ciento, corresponde a niñas, y mujeres adolescentes. Sexto, menciona que gritar y golpear es una forma de violencia.
Otro hallazgo señala las deficiencias del gobierno para eliminar la violencia; 72.9 por ciento, considera que se ha hecho algo pero no mucho para eliminar la violencia en cualquiera de sus formas.
El noveno revela que la comunicación es poco eficiente, el 45 por ciento, no recuerda haber visto o escuchado algún mensaje destinado a crear conciencia sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el último año.
Por último, el décimo punto señala que el marco normativo y la política estatal, señalan que no sido suficientes para proteger a la niñez y adolescencia; el porcentaje más bajo, lo ocupa el presupuesto, la sensibilización y capacitación ocupan un 30 por ciento de avance.
En este mismo informe, se dieron a conocer tres niveles de avance, el rojo –presupuesto, sensibilización, rendición de cuentas, gestión de datos, denuncia-, relacionado con actividades o acciones que tienen que ver con un porcentaje bastante bajo de implementación o aprobación; en color amarillo – prevención, prohibición y respuesta-, en un porcentaje menor, y en color verde, las que se cumplen en su totalidad.
“Esto nos habla de comenzar a trabajar e implementar lo que ya existe e innovar en formar que puedan facilitar el acceso de niñas, niños y adolescentes que están sufriendo algún tipo de violencia”, expuso el representante de World Vision.
Finalmente hizo una serie de llamados dirigidos al academia y sociedad civil, empresas activistas y colectivos, entre ellos, que se una al movimiento “México por la niñez”, que contempla acciones estatales de exigencia pública de transparencia pública a gobiernos para eliminar la violencia.
Las instituciones deben desarrollar líneas de investigación y análisis académicos sobre la situación dela violencia contra la niñez en los municipios; establecer ejercicios de reflexión en las administraciones municipales, para eliminar la violencia al interior de las comunidades, financiamiento, esfuerzos humanos para la implantación de programas y servicios para eliminar la violencia.
Convocaron al gobierno estatal a urgir la prohibición del castigo corporal y humillante y la homologación con la reforma 2020 en el Código Civil, Familiar y la ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; implementar una campaña estatal de sensibilización sobre la violencia al interior de los hogares y prevención del castigo corporal y humillantes así como abuso sexual; implementar un programa que brinde las herramientas necesaria a familias, cuidadores tutores y escuelas sobre un modelo de crianza positiva de alcance, en coordinación con las instancias correspondiente.
Se requiere una agenda legislativa que mejore los marcos legales relacionados con la prohibición prevención, atención restitución y acceso a la justicia de la niñez y adolescencia, capacitación a las y los servidores públicos, incluidos los primeros respondientes -docentes, personal de salud seguridad pública-, campaña estatal que involucre municipios sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes dirigido a servidores, servidoras públicas y ciudadanía, así como los propios menores.
