México.- La procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que buscarán se incorporen la extorsión, el feminicidio y robo de casa habitación con violencia al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa.
“Vamos a cabildear” para que se incorporen en la modificación del artículo 19 constitucional, pues es “increíble no hayan considerado –en el Senado de la República- el delito de feminicidio, cuando traemos un gran número de expedientes”, afirmó.
Las mujeres, dijo, “no queremos que maten a otras mujeres y a nuestras hijas, por lo cual siguen las investigaciones de los casos que tenemos, deteniéndose a un hombre por estar involucrado en la muerte de una mujer en diciembre pasado, en calles Cuauhtémoc.
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En conferencia de prensa, donde anunció un programa piloto de atención para reducir de 6 horas a 20 minutos la atención en los ministerios públicos, aclaró que la modificación a dicho artículo se rechazó discutir en el periodo extraordinario.
Dicha situación “nos preocupa, porque propusimos se incluyeran esos delitos en el catálogo de graves y que requieren prisión preventiva oficiosa”, y se consideraran otros relacionados con cuestiones electorales y robo de combustible.
Así que se buscará se incorporen, porque lastiman mucho a la sociedad, en su integridad física y sus bienes patrimoniales, dijo; mientras frente a las instalaciones de la dependencia familiares y amigos de víctimas de feminicidio, desaparición y homicidios se manifestaron.
En la protesta, donde desplegaron cartulinas, donde exigían justicia, y cruces de madera, calificaron de grave el poco o nulo avance en los casos de feminicidio o desaparición de Mariela Díaz, Viviana Garrido, Sarahi López, Pamela Gallardo, Itzel Herrera y Leslye Hernández y María Jaimes.
Así como de Carlos Sinhué Cuevas y Luis Malagón, víctimas de ejecución extrajudicial y homicidio, respectivamente; pues “se han visto coptados políticamente por la propia procuradora, por lo cual no hay avances reales en las investigaciones”, aseguraron.
El retirarnos de las mesas de trabajo, donde participan funcionarios de la dependencia, es una de las alternativas que consideramos, así como el acudir a instancias judiciales federales y locales, según el caso; y organismos internacionales, para que se haga justicia.
Por otra parte, la procuradora señaló que se trabaja en las pruebas técnicas de los dispositivos que permiten a mujeres en situación de riesgo enviar una alerta al Centro de Comando C5, cuyo contrato fue firmado por la Secretaría de Gobierno.
El sistema denominado Código Violeta “no se entregará hasta que no responda a todas las pruebas a aplicarse”, lo cual todavía llevará un tiempo, en el cual se diseña también una plataforma para mejorar la atención en los ministerios público.
Actualmente, un ciudadano para iniciar una averiguación tarda un promedio de 6 horas y la meta es reducirlo a 20 minutos; y mejorar la política criminal, porque no se cuentan con los suficientes policías de investigación para tenerlos en las calles.
Se trata de reducir la incidencia delictiva, “no por cuotas exigibles”, sino por investigación y trabajo de campo, argumentó al aclarar que se revisa el caso de 147 trabajadores que no han cumplido con el examen de control de confianza y curso para ocupar una plaza.
Mencionó que dichos trámites les fueron dispensados, por la anterior administración, pero son indispensables y tenían que cubrirlos en un tiempo establecido, lo cual no hicieron y se revisará caso por caso, lo cual no significa que estemos despidiendo a la gente.
La procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que buscarán se incorporen la extorsión, el feminicidio y robo de casa habitación con violencia al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa.
“Vamos a cabildear” para que se incorporen en la modificación del artículo 19 constitucional, pues es “increíble no hayan considerado –en el Senado de la República- el delito de feminicidio, cuando traemos un gran número de expedientes”, afirmó.
Las mujeres, dijo, “no queremos que maten a otras mujeres y a nuestras hijas, por lo cual siguen las investigaciones de los casos que tenemos, deteniéndose a un hombre por estar involucrado en la muerte de una mujer en diciembre pasado, en calles Cuauhtémoc.
En conferencia de prensa, donde anunció un programa piloto de atención para reducir de 6 horas a 20 minutos la atención en los ministerios públicos, aclaró que la modificación a dicho artículo se rechazó discutir en el periodo extraordinario.
Dicha situación “nos preocupa, porque propusimos se incluyeran esos delitos en el catálogo de graves y que requieren prisión preventiva oficiosa”, y se consideraran otros relacionados con cuestiones electorales y robo de combustible.
Así que se buscará se incorporen, porque lastiman mucho a la sociedad, en su integridad física y sus bienes patrimoniales, dijo; mientras frente a las instalaciones de la dependencia familiares y amigos de víctimas de feminicidio, desaparición y homicidios se manifestaron.
En la protesta, donde desplegaron cartulinas, donde exigían justicia, y cruces de madera, calificaron de grave el poco o nulo avance en los casos de feminicidio o desaparición de Mariela Díaz, Viviana Garrido, Sarahi López, Pamela Gallardo, Itzel Herrera y Leslye Hernández y María Jaimes.
Así como de Carlos Sinhué Cuevas y Luis Malagón, víctimas de ejecución extrajudicial y homicidio, respectivamente; pues “se han visto coptados políticamente por la propia procuradora, por lo cual no hay avances reales en las investigaciones”, aseguraron.
El retirarnos de las mesas de trabajo, donde participan funcionarios de la dependencia, es una de las alternativas que consideramos, así como el acudir a instancias judiciales federales y locales, según el caso; y organismos internacionales, para que se haga justicia.
Por otra parte, la procuradora señaló que se trabaja en las pruebas técnicas de los dispositivos que permiten a mujeres en situación de riesgo enviar una alerta al Centro de Comando C5, cuyo contrato fue firmado por la Secretaría de Gobierno.
El sistema denominado Código Violeta “no se entregará hasta que no responda a todas las pruebas a aplicarse”, lo cual todavía llevará un tiempo, en el cual se diseña también una plataforma para mejorar la atención en los ministerios público.
Actualmente, un ciudadano para iniciar una averiguación tarda un promedio de 6 horas y la meta es reducirlo a 20 minutos; y mejorar la política criminal, porque no se cuentan con los suficientes policías de investigación para tenerlos en las calles.
Se trata de reducir la incidencia delictiva, “no por cuotas exigibles”, sino por investigación y trabajo de campo, argumentó al aclarar que se revisa el caso de 147 trabajadores que no han cumplido con el examen de control de confianza y curso para ocupar una plaza.
Mencionó que dichos trámites les fueron dispensados, por la anterior administración, pero son indispensables y tenían que cubrirlos en un tiempo establecido, lo cual no hicieron y se revisará caso por caso, lo cual no significa que estemos despidiendo a la gente.
Fuente: La Jornada
