En México la violencia política de género se considera un delito en los estados de Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Zacatecas y Ciudad de México.
En Oaxaca la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales abrió ocho carpetas de investigación por denuncias de violencia política de género en los meses de enero y febrero
En entrevista con EL UNIVERSAL, Esther Pinelo López, titular de esta dependencia especializada que responde a la Fiscalía General del Estado (FGE), indica que en estos ocho casos actualmente se indaga si existen elementos que acrediten el delito. Por región, las denuncias se concentran en la Mixteca y los Valles Centrales, con dos casos cada una, mientras que la Cañada, la Sierra Sur, el Istmo de Tehuantepec y la Costa registran un caso respectivamente.
Entre las denuncias que actualmente indaga la fiscalía especializada se incluyen las de una presidenta municipal, la de una síndica y el resto corresponden a regidoras. De acuerdo con la fiscal Pinelo López, la investigación de cada una de estas carpetas podría extenderse hasta seis meses.
“La fiscalía no sólo actúa por denuncias de las víctimas, también se hace a través de denuncias anónimas o notas periodísticas. Entonces, se giran oficios de investigación y los agentes se trasladan a los lugares, como cuando se tuvo conocimiento de renuncias obligatorias de presidentas municipales, para poder tener certeza del delito e iniciar las carpetas”, explica.
Las principales conductas reportadas son obstáculos para que estas mujeres puedan ejercer plenamente sus cargos, entre los que se incluyen la negación de espacios como oficinas, la retención de dietas para las funcionarias y que no se les permita asumir el cargo.
Con la nueva tipificación, en Oaxaca este delito se castiga con penas de entre dos y seis años de prisión y multas de entre 100 y 200 UMA (Unidad de Medida Acualizada).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) define la violencia política de género como todas aquellas acciones u omisiones encaminadas a menoscabar o anular los derechos político-electorales de las mujeres; esto incluye las limitantes para el ejercicio de cualquier cargo público.
Fuente: El Universal
